Qué pasa con Muface

¡Buenos días!

¿Cómo llevas la semana? Nosotros estamos volcados en las terribles noticias que nos llegan de Oriente Medio y cómo Israel está tratando de extender un conflicto por toda la zona. Si la guerra se extiende, la situación económica del mundo se puede complicar. Todavía no ha afectado de forma clara al precio del petróleo pero ya se están notando tensiones especulativas alrededor de los combustibles.

Mientras, en nuestro país, una negociación tiene preocupados a miles de funcionarios y sus familias. Las aseguradoras Adeslas, Asisa y DKV han amenazado al Gobierno con no presentarse a la licitación para renovar el contrato de asistencia sanitaria a los funcionarios que dependen de Muface, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado. Ya hace unos días se levantaron de la mesa de negociación con el Ministerio de Función Pública.

Por lo visto, un incremento del 14% no es suficiente para la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), presidida por Carlos Rus, que ha asegurado que está “muy por debajo de lo aceptable”. En el concierto anterior, las entidades privadas se embolsaron 3.571 millones de euros, un 10% más que en el concurso previo.

Lo sorprendente es que la patronal de la sanidad privada asegura que la propuesta del Gobierno “busca de forma deliberada que la responsabilidad del fin de Muface recaiga en el sector sanitario privado”. Pero, vamos a ver, si han sido las aseguradoras las que se han levantado de la mesa de negociación.

En todo caso, este conflicto lo que trasluce es el verdadero carácter de la sanidad privada: el lucro. Las aseguradoras privadas, que en 2022 facturaron 10.908 millones de euros, amenazan con abandonar a los funcionarios y a sus familias. Según los datos del Ministerio para la Función Pública, en 2023 más de 457.000 funcionarios habían optado por la Seguridad Social, frente a los 508.703 de Adeslas; los 363.946 de Asisa; y los 199.619 de DKV. Aquí tienes una información con las claves de la situación.

La patronal de la sanidad privada no solo amenaza a esas familias también asegura que si esos ciudadanos tienen que volver a la Seguridad Social “se produciría una crisis institucional tremenda con las comunidades autónomas, que son quienes gestionan la Sanidad y quienes tendrían que asumir a cientos de miles de nuevos pacientes”, es decir, o me pagas lo que te pido o colapsa todo el sistema de salud, un chantaje en toda regla.

Estamos hablando de que se ofrece un contrato de 4.000 millones de euros. Si es verdad lo que dicen las empresas aseguradoras de que esa cuantía les hace perder dinero se estaría verificando que un modelo de sanidad privada es imposible.

El Estado no se puede dejar chantajear por las compañías de la sanidad privada.

El Gráfico

Los precios de los alimentos se empiezan a normalizar. Cuando utilizamos un término como 'normalizar' nos referimos a que siguen subiendo pero a niveles razonables. La inflación se moderó al 1,5% en septiembre y la inflación subyacente, que excluye de su cálculo precisamente los precios de la energía y de los alimentos para dar una visión más estable de la evolución de los precios, también ha seguido bajando hasta el 2,4%. Como se puede apreciar en el gráfico, la subida de los precios de los alimentos se redujo al 2,5% en agosto, un mínimo desde octubre de 2021.

Con estos datos se empiezan a revertir algunas de las medidas que puso en marcha el Gobierno para limitar el impacto de los precios sobre la población. El Ejecutivo de coalición consiguió la convalidación en el Congreso de su último decreto anticrisis a finales de julio con el único voto en contra de Vox.

El IVA de los alimentos básicos sube a partir del 1 de octubre de forma progresiva. Así quedó fijado en el último decreto anticrisis, aprobado en el Consejo de Ministros de 25 de junio. En la decisión también pesa el cumplimiento de los límites al gasto público de las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea (UE). Aquí te contamos cómo cambiará el impuesto de los alimentos.

El Dato

146 euros por noche

fue el precio medio de una habitación de hotel en agosto, según los últimos datos de Coyuntura Turística Hotelera publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Estamos hablando que desde 2019 las tarifas que cobran los hoteles por cada habitación se han disparado un 34,4% en España. Hay que recordar que el salario más frecuente en España fue de 14.586 euros brutos en 2022, es decir, 1.042 euros al mes en 14 pagas. Este salario daría para pagar siete noches de hotel sin gastar nada más. El propio sector admite que la saturación turística puede provocar el rechazo entre los consumidores y ciudadanos, pero los altos precios pueden hacer que la caída sea más pronunciada. En este enlace te contamos cómo viajar ya no está al alcance de todos los bolsillos.

Entrepreneur

Esta es una historia sobre cómo entienden la política algunos personajes: un conjunto de chanchullos, manipulaciones y maniobras oscuras para beneficiar a determinadas empresas cuando se llegue al poder, eso sí, previo pago anticipado por los servicios futuros. Lo interesante en este caso es que hay unas grabaciones en el que el elemento en cuestión, el líder de la formación de ultraderecha Se acabó la Fiesta, Alvise Pérez, lo cuenta todo. Alvise Pérez se compromete con un empresario para hacer lobby en Bruselas por el sector de las criptomonedas e impulsar leyes en España a favor del negocio de Madeira Invest Club cuando sea “llave de Gobierno con Feijóo y Abascal”. El empresario es Álvaro Romillo, fundador de Madeira Club Invest, un club financiero que patrocinó Alvise Pérez y que cerró tras no poder hacer frente a las altas rentabilidades que prometió a sus inversores. Para cerrar el círculo Romillo admite que pagó 100.000 euros en metálico al líder de Se acabó la Fiesta durante la campaña de las europeas. Todos los documentos y los audios han sido remitidos a la Fiscalía por parte del empresario. Esta fiesta va a acabar con una fuerte resaca para Alvise Pérez. Aquí puedes escuchar los audios en los que Alvise promete leyes a favor del empresario que le pagó 100.000 euros.

Siguiendo con los negocios de la ultraderecha. El banco húngaro señalado por financiar a Vox tiene como mayor accionista a Corvinus International Investment, un fondo estatal del Gobierno de Viktor Orbán. Corvinus es dueño del 30% de Magyar Bank Holding, vinculado a un préstamo de 9 millones de euros a Vox. La Ley de Financiación de Partidos prohíbe cualquier financiación “por parte de Gobiernos y organismos, entidades o empresas públicas extranjeras o de empresas relacionadas directa o indirectamente con los mismos”. La patria de algunos es donde está el dinero. Aquí puedes leer que el banco húngaro señalado por financiar a Vox tiene como mayor accionista al Gobierno de Orbán.

Cada vez que habla sube el pan

Hay que tener en cuenta que estamos ante una regulación nueva, una regulación que ninguna otra administración pública ha llevado a cabo por distintos motivos

Con estas palabras se intentaba justificar desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones el incomprensible retraso del fondo público con compensaciones para los afectados por el amianto. Las víctimas de este material tóxico y cancerígeno lucharon más de una década junto a los sindicatos para que se aprobara un fondo público con compensaciones para los trabajadores expuestos a este veneno, al igual que ha ocurrido en Francia o Bélgica. La ley se aprobó en 2022, pero dos años después el Gobierno todavía no ha aprobado el reglamento para poner en marcha el fondo. “Decepción”, “cabreo” e “indignación” son algunos de los comprensibles improperios que lanzan desde las asociaciones de víctimas. Tienen razón. Aquí te contamos el indignante retraso en el fondo de víctimas del amianto.

Bien Público

Rosa, en una Asamblea del Sindicato de Inquilinas por el derecho a la vivienda Fernando Sánchez

Rosa trabaja en una multinacional con un salario digno. Sin embargo, el estrés que le ha generado el precio del alquiler le ha llevado a una espiral de ansiolíticos, ansiedad, mareos y dolores de espalda. La vivienda ya no es solo un problema económico, también lo es para la salud. “La crisis se concentra, sobre todo, en un problema de precios elevados respecto a los salarios que, aunque quizá ahora se está recrudeciendo, es estructural en España”, explica la portavoz de la ONG Provivienda, Andrea Jarabo. En la ciudad de Madrid, el salario medio creció un 3,3% en la última década, frente al 61,8% del alquiler. No es una excepción, porque los precios han subido en torno al 30% de media en las grandes y medianas. En esta entrevista con elDiario.es, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, reconoce que “la vivienda ahora mismo es el principal problema de los ciudadanos”, aunque también admite que al ser un sector donde intervienen diferentes administraciones no es fácil dar con soluciones.

La Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud 2022-2026 reconoce la importancia de sensibilizar a los profesionales sobre la aparición de nuevas fragilidades vinculadas a cuestiones sociales, como la dificultad de acceso a la vivienda. Oxfam Intermón junto al Consejo de la Juventud ha elaborado el informe 'Equilibristas: las acrobacias de la juventud para sostener su salud mental en una sociedad desigual' que indica que el 40% de las personas menores de 30 años creen que vivirán peor que sus padres y que sufrirán episodios de ansiedad y bajo estado anímico. Tener una vivienda digna es un derecho constitucional, no se puede convertir en el origen de problemas para la salud. En este reportaje de David Noriega, lleno de testimonios, te contamos cómo impacta la crisis de la vivienda en la salud mental.

Nos gusta la competencia

Ahora os ofrecemos una selección de artículos de otros medios que nos han parecido interesantes:

Repsol y Cepsa queman en Argelia tanto gas como consume Bizkaia en un año. La investigación de EIF y la red EIC, a la que pertenece InfoLibre, revela que las antorchas de ambas empresas emiten más gases de efecto invernadero de los que declaran. (Infolibre)
El bufete Cremades cobró 17 millones para indemnizar a 12.138 pasajeros, pero al menos 3.000 no eran válidos. El sindicato de controladores aéreos USCA pagó esta cantidad al despacho y 2,8 millones a la OCU mediante acuerdos secretos para evitar las sanciones a sus afiliados en los juicios por el caos aéreo de 2010. (El País)
Algunas ventajas de trabajar menos horas. La reducción de jornada, que vuelve a la agenda, no puede desligarse del tipo de mercado laboral. (Alternativas Económicas)
La última decisión de Vestager allana el camino para la entrada de los fondos soberanos árabes en las telecomunicaciones europeas. La Comisión permite a la emiratí e& comprar al grupo checo PPF sus operaciones en cuatro países, pese a recibir ayudas de estado y abre la puerta a mayor presencia de empresas como STC. (El Mundo)
Otra oveja negra entre los CEO: alerta en el club de millonarios más discreto de todo Madrid. Si algo no gusta en YPO es la falta de discreción. El reciente arresto en EEUU del húngaro Bence Horvath, miembro activo de este club, es el último caso conocido... pero no el único. (El Confidencial)
Mercedes vs. Stellantis: cisma en el motor por la senda verde con 15.000 millones en multas a la vista. Stellantis, a contracorriente del resto del sector, aboga por mantener el rumbo fijado y “no cambiar ahora las reglas de juego”. La alemana dice que los objetivos de emisiones fijados para 2025 son “difícilmente alcanzables”. (Cinco Días)

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