¡Buenos días!
¿Cómo estás? Nosotros un tanto sorprendidos por la sarta de mentiras que se han lanzado aprovechando el inicio de la campaña de la declaración de la renta de 2023. A decir verdad, la han protagonizado los sospechosos habituales del neoliberalismo patrio. Desde la vuelta al “¡España es un infierno fiscal!”, que reitera Manuel Llamas, director del instituto Juan de Mariana, al asegurar que un trabajador paga un 50% de impuestos de su nómina, a los exabruptos de Daniel Lacalle o los informes carentes de rigor del Instituto de Estudios Económicos.
¿Cuál es la realidad? Nueve de cada diez contribuyentes en nuestro país pagan menos del 22% de sus ingresos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Del salario bruto de cada trabajador, se destina un 6,35% para las cotizaciones sociales. Cuidado, que no se trata de un dinero que vaya a engordar los salarios de los políticos, como asegura Lacalle, sino que es el dinero que va a financiar desde las pensiones, al subsidio de paro o las prestaciones de maternidad o paternidad.
Tipo de retención media a los salarios de los españoles en el IRPF de cada tramo de importe cobrado en 2022. La altura de cada barra indica el número de contribuyentes
Fuente: Agencia Tributaria
Para encontrar un tipo de retención en el IRPF por encima del 40% tenemos que ir a las 32.000 personas con salarios por encima de los 200.000 euros. Representan un 0,2% de todos los contribuyentes.
Lo que si es una vergüenza es que en España haya tanta diferencia entre lo que pagan las rentas del trabajo y las rentas del capital. Casualmente de las rentas del capital no se suelen preocupar toda la banda neoliberal. Mientras que el tramo más alto del IRPF llega a un tipo impositivo del 47%, las rentas del capital (dividendos, ganancias por compraventas, productos financieros) tributan como máximo un 28%. Aquí tienes mucha más información que tira por tierra la falacia de que los trabajadores pagan un 50% de su salario en impuestos.
Lo que habría que hacer es que las empresas pudiéramos pagar a cada uno de los trabajadores el coste real y que cada trabajador fuera el que realizara su declaración ante la Seguridad Social
Aquí seguimos con los mensajes confusos. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha recuperado la vieja idea de que las empresas dejen de abonar lo que les corresponde a la Seguridad Social, se pague el sueldo completo al trabajador y que sea el empleado quien abone las cotizaciones sociales. La excusa es que el trabajador así sepa cuál es su salario total con transparencia... Pero si en las nóminas ya se recoge cuánto se paga de IRPF y de cotizaciones sociales. Viejas ideas que persiguen lo de siempre: evitar que las compañías hagan su contribución para mantener el Estado del Bienestar que ya llegará el momento de rebajar el sueldo lo que se pueda al trabajador. Insostenible. Aquí tienes más información sobre la propuesta de la CEOE para que sean los trabajadores quienes paguen sus cotizaciones sociales.
Frente a los discursos neoliberales que pretenden impulsar los recortes apoyándose en la recuperación de las reglas fiscales en la UE, hay propuestas alternativas. En este caso, los economistas Jorge Uxó, Eladio Febrero, Iván Ayala y Paloma Villanueva han realizado una investigación que prueba mantener como objetivo principal la reducción de la tasa de desempleo es mejor para la sostenibilidad de la deuda pública y para el crecimiento económico que una política fiscal volcada en rebajar el déficit estructural. Aquí puedes leer otra forma de política económica que busca el equilibrio presupuestario mediante la reducción del paro.
6.272 'Golden Visa'
Se han concedido en España desde su aprobación por el Gobierno de Mariano Rajoy. El polémico mecanismo lleva en vigor más de una década y permite a inversores extranjeros lograr un permiso de residencia gracias a la compra de inmuebles por encima de los 500.000 euros. Desde 2018, millonarios extranjeros han realizado inversiones inmobiliarias por un valor de al menos 4.800 millones de euros. Esta fórmula de inversión ha tenido un claro papel en el encarecimiento del mercado inmobiliario de determinadas zonas. El Ministerio de Vivienda reconoce que la concesión de estos permisos se disparó en 2022 y 2023. El 90% de las 'Golden Visa' se han dado por comprar viviendas en Barcelona, Madrid, Málaga, Alicante, Illes Balears y València.
Esta semana recomendamos el libro del doctor y divulgador Eduardo Vara: Maldito trabajo. Sobrevivir a la cultura del sacrificio y repensar la vocación (Editorial Ariel). Vara ha escrito un ensayo en el que aborda el papel del trabajo en nuestras vidas y desmitifica aspectos como la vocación, que define como “una excusa para que los trabajadores se comprometan más allá de lo razonable”. También avisa sobre los problemas de salud mental que implica una dedicación absoluta al empleo: “Sacrificar el presente por un futuro hipotético de progreso, puede no ser una idea muy inteligente”. Aquí tienes una interesante entrevista a Eduardo Vara sobre su libro.
Les presento un nuevo oxímoron: “socimi social”. La familia Álvarez Otero, dueña de un 33% de la aseguradora Santalucía, con un multimillonario patrimonio inmobiliario, se ha convertido en primer accionista de Primero H, una pequeña inmobiliaria cotizada acogida el régimen de las socimi (con amplias ventajas fiscales) en la que han invertido decenas de grandes patrimonios y que se define como “la primera socimi social en España”. A ver, es imposible definirse como social y luego utilizar un instrumento inversor para pagar los menos impuestos posibles, pero con los 'entrepreneurs' todo es posible. El patriarca es Modesto Álvarez, de 81 años, con una fortuna estimada de 1.175 millones, fruto de su participación en la aseguradora y de un impresionante patrimonio inmobiliario. Mucho más sobre la inmobiliaria de ricos que desgravan con vivienda “social” en este enlace.
En este periódico hemos publicado muchas informaciones sobre el bloqueo de la derecha a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y las consecuencias que tiene sobre el Tribunal Supremo: casi una de cada tres plazas está sin cubrir en el Alto Tribunal. Este no es un juzgado normal, es el órgano jurisdiccional encargado de fijar los criterios sobre cómo deben interpretarse y aplicarse las normas que rigen para todos los ciudadanos. Pues bien, el Tribunal Supremo ha anulado varios aspectos clave de la normativa que el Gobierno puso en marcha en 2020 para limitar la publicidad de las casas de apuestas: limitación de la aparición de famosos en esos anuncios, la publicidad en plataformas de vídeo y redes sociales, la captación de nuevos clientes y la prohibición de anunciar estas apuestas en medios de comunicación. Estamos ante otra situación rocambolesca de la justicia en nuestro país: no se pueden renovar a los miembros del CGPJ que deben designar a jueces y magistrado del Tribunal Supremo pero luego un vocal conservador del Consejo General del Poder Judicial José María Macías Castaño es el abogado que representa a la Asociación Española de Juego Digital que gana en el Supremo que tumben parte de una Ley que era claramente beneficiosa para la sociedad. Ya me dirán ustedes. Aquí puedes leer la información de Alberto Pozas sobre la decisión del Supremo que anula puntos clave de la norma del Gobierno que limita la publicidad de las casas de apuestas.
Para terminar os dejamos una serie de artículos que nos han parecido interesantes y han publicado otros medios de comunicación.
Aquí acabamos. Nos vemos el jueves que viene. Si tienes cualquier propuesta o ideas nos puedes escribir a contraoferta@eldiario.es.
¡Buena semana!
Sobre este blog
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