Por un debate democrático y no apocalíptico sobre la amnistía

Hola, 

¿Cómo ves las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez? Yo me reafirmo en lo que te conté en mi carta de la semana pasada: a pesar de las turbulencias de última hora sigo pensando que habrá acuerdo, que habrá investidura y que no habrá repetición electoral. El pacto va a retrasarse, pero no pierdas de vista que el plazo no expira hasta dentro de tres semanas. Queda tiempo aún. 

Ya está acordado “el 95%”, como recalca Jaume Asens, negociador de Sumar. Y el último fleco que falta para el pacto entre PSOE y Junts –un párrafo en discusión desde hace varios días, dentro del articulado de la ley de amnistía– tiene que ver con lo que llaman el perímetro de la amnistía: a quién beneficiará. En la ley no aparecerán nombres, pero sí definiciones de qué tipo de delitos y en qué circunstancias quedan amnistiados (y en cuáles no). No es un tema secundario, porque detrás de los supuestos que queden amparados por la amnistía hay decenas de personas del mundo independentista que se juegan su futuro. 

El contenido exacto de la amnistía aún no se conoce. Tampoco su argumentación. Pero lo que es seguro es que la “ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña” –es así como finalmente se llamará– va a ser el texto legal del que más se discuta en los próximos meses. Lo está siendo ya, incluso cuando aún no se sabe a ciencia cierta su contenido, la oposición desplegada contra ella está siendo brutal. Por tierra, mar y aire. 

Han dicho tantas cosas, tan tremendas, que cabe preguntarse qué dirán cuando lean la ley y puedan opinar con propiedad.

“Es la humillación más grande en España en buena parte de sus siglos de historia”, dice Alberto Núñez Feijóo. “Sánchez es un peligro para la democracia y va a liquidar la Constitución”, asegura José María Aznar. “Es el principio del fin de la democracia”, afirma la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Supone “la abolición del Estado de derecho”, aseguran varios vocales conservadores del Poder Judicial.

Porque si esta es “la humillación más grande” de la historia de España, su “episodio más negro”, ¿cómo calificará Feijóo las cuatro guerras civiles que ha sufrido España en los últimos doscientos años? ¿Y la dictadura?

Dicen tantas cosas, tan brutales, que conviene analizarlas con precisión.

Porque si esta es “la humillación más grande” de la historia de España, su “episodio más negro”, ¿cómo calificará Feijóo las cuatro guerras civiles que ha sufrido España en los últimos doscientos años? ¿Y la dictadura?

Y si realmente Sánchez es “un peligro para la democracia que va a liquidar la Constitución”, como dice Aznar, ¿qué medios estaría justificado ejercer contra él? “El que pueda actuar, que actúe”, responde Aznar, que manda señales claras pero sin concretar nada más. Es el mismo Aznar, por otra parte, que indultó a terroristas de Terra Lliure, pero que ahora se opone a cualquier medida de gracia contra independentistas que nunca utilizaron las armas.

Y quien dice que esto es “el principio del fin de la democracia” es la asociación mayoritaria dentro de la judicatura, a la que están afiliados 1.300 jueces, un 25% del total. Que coincide en sus críticas con la Asociación de Fiscales –también conservadora y mayoritaria en la Fiscalía–, que llegó a pedir a Europa que sancione a España si aprueba la amnistía, porque sería una ley “que vulnera los principios del Estado de derecho”.

¿Es mínimamente normal que jueces y fiscales se pronuncien en estos términos sobre una ley que aún desconocen pero que, si finalmente es aprobada, tendrán que aplicar y cumplir? ¿Una ley orgánica que, como todas, solo entrará en vigor si cuenta con el respaldo de la mayoría absoluta del Parlamento español y el visto bueno del Tribunal Constitucional?

En cuanto a “la abolición del Estado de derecho” que profetizan varios vocales nombrados por el PP en el CGPJ: hablamos de unos señores que llevan diez años cobrando por un puesto cuyo mandato constitucional es de solo cinco años, y del que no quieren dimitir. ¿Puede un órgano cuya legitimidad democrática caducó hace un lustro dar lecciones de democracia a un Congreso de los Diputados que salió elegido de las urnas hace apenas tres meses? 

Estos vocales del CGPJ en funciones no solo se extralimitan porque su mandato esté más que caducado. Es que aunque estuviera en pleno vigor: entre las funciones del CGPJ nunca ha estado valorar los proyectos de leyes de forma preventiva, antes de pasar siquiera por el Parlamento. 

No sé cuál es tu opinión sobre la ley de amnistía. Sé que este asunto es muy polémico y también difícil de explicar para el PSOE y Pedro Sánchez, que hasta hace muy poco negaban de forma rotunda esta opción. Es evidente que, si hoy han cambiado de posición, no es tanto por convicciones políticas sino por simple y llana necesidad. También creo que esta es la forma en la que funciona cualquier democracia parlamentaria: cuando no hay mayorías, las distintas minorías deben pactar y eso siempre significa ceder. 

En todas las encuestas –también las que pagamos en elDiario.es y de las que por tanto me fío– aparece un rechazo bastante amplio a esta ley. Incluso entre los votantes de la izquierda, no es una medida popular.

En la redacción de elDiario.es –donde nos gusta mucho debatir sobre política, como te imaginarás– también hay división de opiniones con esta cuestión. Algunos de nuestros periodistas no están de acuerdo con la amnistía, y entre ellos los hay también que consideran que es preferible a una repetición electoral. 

Yo, personalmente, estoy a favor. Por varios motivos. 

Porque ayudará a mejorar la convivencia en Catalunya, de igual modo que los indultos de hace dos años remaron en esa misma dirección. 

Porque creo que las penas del procés –equivalentes a un homicidio– fueron desproporcionadas y que el juicio tuvo defectos de forma bastante graves, que ya he explicado en algunos artículos, como este análisis de la sentencia que publiqué en 2019. 

Porque también creo que la razón por la que Carles Puigdemont sigue libre en Europa, a pesar de los esfuerzos del Tribunal Supremo por capturarlo, es que cualquier juez que no vea esto con el prisma español –que sin duda condiciona este debate– no acaba de entender cuál es el delito por el que se le debe extraditar. Y no son solo los de Bélgica: Puigdemont ha estado a disposición de jueces de Alemania, de Italia y de la Justicia europea. 

Porque lo ocurrido en Catalunya con el procés fue un problema político: los líderes independentistas contaban con la mayoría absoluta del Parlament catalán y con el 48% de los votos. Y es preferible que problemas políticos de esta magnitud –en el caso catalán, una sociedad partida en dos– se solucionen desde la política, no desde los tribunales. 

Porque creo que es muy anómalo que, tantos años después, aún haya alrededor de medio millar de personas en Catalunya imputadas en distintos procesos penales relacionados con el procés. Buena parte de ellos ni siquiera son políticos: son bomberos que se resistieron frente a la policía, o policías que intentaron parar el referéndum, o manifestantes que cortaron carreteras o intentaron bloquear el aeropuerto del Prat... Porque no tiene ningún sentido indultar a los líderes independentistas y dejar a toda esta gente en los juzgados. 

Porque de su constitucionalidad o falta de ella se ocupará el Tribunal Constitucional, que es su función y tiene la misma legitimidad hoy que cuando mutiló el Estatut catalán –o cuando declaró que la amnistía fiscal de Rajoy era inconstitucional–. Porque es este órgano democrático quien decide qué cabe en la Constitución: no las asociaciones de jueces o fiscales, José María Aznar, la prensa conservadora o los vocales okupas del Poder Judicial. 

Porque me niego a aceptar que una ley aprobada por la mayoría del Parlamento español por mayoría absoluta y que después pase por el Tribunal Constitucional pueda suponer el fin de la democracia. El fin de la democracia llegará cuando una minoría de jueces, sin competencia alguna sobre el tema en cuestión, sea quien decida lo que puede legislar la mayoría absoluta del Parlamento español. 

Porque es falso que una amnistía suponga anular para siempre el delito. Porque es falso que no haya amnistías en otros países europeos. Porque es falso que solo se concedan amnistías cuando se pasa de una dictadura a la democracia. 

Porque también es falso que aprobar una amnistía suponga dar la razón a los independentistas. Es al contrario: para ellos supone reconocer la legitimidad del Parlamento que lo aprobará, que es el español. 

Y porque la experiencia reciente nos demuestra que el independentismo crece con la confrontación, y se reduce con la mano tendida. Y soy de los que preferirían que Catalunya siguiera formando parte de mi país, que es España. 

Sé que hay también argumentos poderosos para oponerse a la amnistía: el fundamental, que la ley debería ser igual para todos. También soy de los que creen, lo he dicho siempre, que los líderes del procés catalán cometieron delitos por los que deberían haber sido inhabilitados: sin duda desobediencia y malversación. Y pusieron en marcha, de forma irresponsable, un pulso independentista sin contar siquiera con un apoyo social del 50% de los votantes catalanes. Lo que me niego a aceptar es este falso debate, envenenado por la derecha, que iguala la amnistía con el fin de la democracia, de la Justicia o del Estado de derecho.

Esta semana, charlé con un amigo extranjero, que pasa media vida en Londres y otra media en Madrid. Y que no acaba de entender el escándalo de una parte de la política española por la amnistía. De hecho, a este amigo le parece un precio muy barato por la investidura, más aún cuando hablamos de un perdón para delitos no violentos. 

Es normal su estupefacción. En Reino Unido, todos recuerdan esta foto del año 2012. El símbolo de la concordia tras un conflicto muchísimo más duro, violento y enconado que el catalán.

A la izquierda, Martín McGuinnes, antiguo militante del IRA y entonces vice primer ministro de Irlanda del Norte por el Sinn Féin. A la derecha, la entonces reina de Inglaterra, Isabel II. Que da la mano y sonríe a McGuinnes, a pesar de que su propia familia fue víctima del terrorismo, con el asesinato del tío de su marido y mentor de su hijo, lord Mountbatten. Allí también ha habido amnistías, claro está. Y nadie ha puesto en cuestión por ello que Reino Unido siga siendo una democracia. Una que, por cierto, no le da miedo preguntar a los escoceses si quieren seguir formando parte del mismo Estado. 

No quiero equiparar el conflicto catalán con el de Irlanda del Norte. Son muy distintos, con orígenes aún más diferentes. Pero ambos son conflictos políticos. Y afortunadamente en este último episodio convulso del histórico conflicto catalán no hemos tenido ningún asesinato que lamentar. Debería ser más sencillo de solucionar. 

Si en España se ha montado la que se ha montado por las fotos de Yolanda Díaz y Santos Cerdán con Carles Puigdemont, ¿te imaginas qué dirían algunos si el rey le diera algún día la mano al líder de Junts?

Lo dejo aquí por hoy. Ojalá tengas una buena semana. Y ojalá tuviéramos un debate más constructivo y menos apocalíptico sobre la amnistía, cuando conozcamos el detalle de esa ley. Sin duda sería un buen síntoma: el de una democracia mejor. 

Un abrazo, 

Ignacio Escolar