El extraño caso del defraudador fiscal al que la inspección le salió a devolver

 ¿A ti Hacienda no te va a devolver más de medio millón de euros después de abrirte una inspección? ¿Conoces algún caso lejanamente similar?

Es el enésimo intento de la mano derecha de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, en su campaña para proteger a ese “ciudadano particular” que paga la casa de lujo –y el Maserati– del que disfruta la presidenta de Madrid. El miércoles, la Comunidad de Madrid difundió que Hacienda le iba a devolver 552.000 euros a la pareja de Ayuso, Alberto González Amador. “Yo no mentí, tenía razón”, dijo ufana la presidenta de Madrid.  

“El resultado final de la cacería política que ha sufrido es que González Amador, a final de cuentas, tiene un saldo positivo de más de 200.000 euros”, añadieron fuentes de la Comunidad: “La resta de los 552.261 euros que la Agencia Tributaría había ordenado devolverle menos los 350.000 que en su acuerdo había reconocido que no había abonado a Hacienda”

Poco después, el mismo miércoles, Miguel Ángel Rodríguez puso este tuit.

Sé que debería estar curado de espanto. Siempre actúan así. Esta campaña de propaganda no es muy distinta a cuando MAR se inventó que dos periodistas de elDiario.es encapuchados habían intentado asaltar la casa de la presidenta de Madrid. O cuando acusa al Gobierno de hackear el correo de los abogados de la pareja de Ayuso. O lo que han hecho con la Fiscalía, a la que acusan de revelación de secretos por responder a los bulos de MAR. Pero te confieso que aún me sorprende que mientan de este modo, con tanto desparpajo, con tanta impunidad. 

Los datos, los de verdad. 

Alberto González Amador defraudó a Hacienda 350.951 euros por medio de 15 facturas falsas, según la inspección fiscal. Se desgravó unos gastos ficticios de 1,7 millones de euros por servicios que no existieron y que, en su inmensa mayoría, ni siquiera se pagaron. Y la mayor parte de esa cifra sale de dos enormes facturas falsas: 900.000 euros de una empresa de Costa de Marfil y 600.000 euros de otra empresa de México. Ambas gestionadas por una misma persona: un mexicano amigo suyo, que vive en Madrid y que también está imputado por falsedad documental.

La pareja de Ayuso, a través de sus empresas, se desgravó estas facturas falsas en el Impuesto de Sociedades de los años 2020 y 2021. Hacienda le pilló. La inspección empezó hace casi dos años, el 12 de mayo de 2022. Y fue después, solo después, cuando González Amador intentó arreglar la situación. Una solución tan chapucera como el fraude anterior. 

Alberto González Amador primero mintió a los inspectores. Defendió que las facturas estaban bien, y que no había en ellas nada irregular. Pero más tarde, cuando esa mentira se hizo insostenible, trató de anular las dos más grandes, la factura de México y la de Costa de Marfil.

Así lo explica la propia inspección, en uno de los informes de Hacienda que hoy forma parte de la acusación penal: “No es sino hasta que avanza la labor comprobadora, en vista de los indicios recabados por la Inspección, que el contribuyente manifiesta que ambas facturas se han anulado porque los trabajos no se culminaron”.

Al año de arrancar la inspección, Alberto González Amador intenta una jugada más. Para demostrar que esa “anulación” de las facturas era real, las declara como si fueran un ingreso en el Impuesto de Sociedades de 2022, que presenta el 24 de julio de 2023. Es decir, anula 1.500.000 euros, de un gasto que nunca tuvo y que tampoco pagó, como si fuera un ingreso contable. De ese modo, ese año acaba pagando 629.000 euros por ese impuesto, cuando solo le correspondían 77.156.

Obviamente, un fraude fiscal no se arregla así. Para empezar, porque no puedes esquivar los delitos ni la sanción una vez que está en marcha una inspección. Pero también porque la forma para regularizar es otra: tendría que haber presentado una declaración complementaria de los ejercicios donde lo hizo mal, no compensarlo en otro año fiscal. 

Esta manera de actuar dejó atónitos a los propios inspectores de Hacienda y lo pusieron por escrito. Así figura el informe de la Agencia Tributaria que está ya en el juzgado: “No deja de sorprender a esta inspección la forma en que el contribuyente ha pretendido regularizar la situación a través del Impuesto Sobre Sociedades del ejercicio 2022, cuando se trata de un gasto deducido en la declaración de 2020 y en la de 2021”.

Ese dinero, que la pareja de Ayuso pagó sin que nadie se lo pidiera, es lo que explica esa supuesta “deuda” de Hacienda de la que presume la presidenta de Madrid. Cuando González Amador vio que ese truco no colaba, solicitó la devolución. De ahí salen esos famosos 522.000 de los que hablamos hoy, que no demuestran la inocencia de la pareja de Ayuso, sino otra irregularidad: un chanchullo con el que intentó tapar los presuntos delitos fiscales de los que ahora está acusado.

También es falso que la inspección fiscal a la pareja de Ayuso sea una jugada “desesperada” de Pedro Sánchez para tapar el caso Koldo o las acusaciones de la derecha contra su mujer. La inspección empezó en mayo de 2022: hace ya dos años. Así que parece difícil que una cosa tenga que ver con la otra, salvo que en La Moncloa tengan una máquina del tiempo o una bola de cristal.

El 2 de febrero –un mes y medio antes de que elDiario.es publicara la primera información sobre este tema– el abogado de Alberto González Amador ya había reconocido los hechos: “Ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda pública”, aseguró.

Hay otra mentira más: esa cuenta de la vieja por la que a Alberto González le queda “un saldo positivo de 200.000 euros” de toda esta situación, al restar lo que pagó sin que lo pidieran de lo que no pagó cuando tocaba. Lo explica muy clarito la inspección, en ese mismo informe que forma parte de la causa judicial:

“Cabe añadir, además, que las cantidades pagadas en el Impuesto de Sociedades de 2022 no solamente no sirven para regularizar la situación sino que, en rigor, tampoco son imputables para entender por satisfecha la responsabilidad civil derivada de estos delitos”. 

Alberto González Amador no debe 350.951 euros a Hacienda. Eso es lo que debería haber pagado hace años, y no pagó. Ahora tendrá que asumir un pago extra: una sanción de entre el 50% y el 150% de lo defraudado. En su caso, entre 175.000 y 700.000 euros de multa, por el fraude fiscal, además de los 350.951 euros que no pagó cuando tocaban.

La pareja de Ayuso sí podría acogerse –tal vez lo haya hecho ya– a dos deducciones: el 30% de la sanción por conformidad, por reconocer el fraude, y otro 40% sobre el resto de la sanción por pronto pago. Pero todos estos números corresponden solo a la mitad de esta historia: al fraude fiscal. Hay una segunda parte, donde probablemente le toque pagar más.

La inspección fiscal, que demostró el fraude, ya se cerró hace cuatro meses, en enero de este año. Ahora estamos en otra fase, el proceso penal. Porque Alberto González Amador tiene pendiente una causa judicial donde le acusan de dos delitos fiscales y otro más por falsedad documental.

Su abogado está buscando un acuerdo de conformidad: reconocer los delitos a cambio de una condena menor, que no suponga su entrada en prisión. Pero eso implica también otra multa, además de la de Hacienda. 

Así que la lección es clara. Por mucho que insistan Isabel Díaz Ayuso y MAR, Alberto González Amador no terminará su fraude con un “saldo positivo”. El defraudador fiscal al que la inspección le salió a devolver es otro animal mitológico, como el unicornio, la hidra, el centauro o los “ciudadanos particulares” a los que defiende MAR.

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