El ‘macguffin’ del terrorismo

¿Y qué es un ‘macguffin’?, tal vez te preguntarás. La palabra se la inventó Alfred Hitchcock, el célebre director. Es una técnica cinematográfica con la que se define a un objeto o evento cuya única función es que la trama pueda avanzar. En la peli de espías, el macguffin son los documentos secretos. En la de ladrones, el collar de diamantes. Es una excusa argumental, que podría ser otra, y que no es tan relevante en realidad. Sirve para un propósito distinto al que aparenta: que el guionista pueda desarrollar su historia, que capte el interés del espectador, que explique las decisiones de los personajes y transmitan una imagen de coherencia a esa ficción.

En el mundo judicial, los ‘macguffin’ en ocasiones también se dan. Lamentablemente, porque se supone que los jueces trabajan sobre la realidad; que lo suyo va solo de hechos, no tanto de relatos. ¿Su función? La misma que en el cine: que la trama avance en la dirección deseada por quienes escriben ese guion.

Dos ejemplos, muy concretos, para entenderlo mejor. 

En el juicio del procés, la Fiscalía acusó desde el primer momento a los independentistas de rebelión. Un delito que nunca ocurrió: no hubo un “alzamiento público y violento”, como exige el Código Penal. Así lo recogió después la sentencia, que descartó la rebelión. Pero esa acusación fue clave para llevar ese caso a Madrid: hasta el Tribunal Supremo, en vez del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Como quería desde el primer momento el entonces fiscal general del Estado, José Manuel Maza, que en la propia querella argumentaba que había que sacar el juicio de esta comunidad para evitar que los partidos independentistas “condicionaran” a los jueces del tribunal. Al parecer, los jueces del Tribunal Supremo son imparciales, pero los de Barcelona no. 

Otro ejemplo, el caso Alsasua: las agresiones a varios guardias civiles y sus parejas en un pub de esta localidad navarra. La Fiscalía acusó por terrorismo, un delito que casa mal con una pelea de madrugada en un bar. Pero esa acusación sirvió para que el juicio se celebrara en la Audiencia Nacional, en vez de en la Audiencia Provincial de Navarra.  

Finalmente, la Audiencia Nacional absolvió a los procesados del delito de terrorismo –nunca existió– pero sí aplicó otro delito: agresión a la autoridad, a pesar de que en el momento de la pelea ninguno de los guardias civiles estaba de servicio. La condena, para algunos de los acusados, llegó a los nueve años y medio de prisión.

¿Habría sido igual de dura la sentencia de haberse juzgado este caso en Navarra, en vez de en la Audiencia Nacional? No lo sabemos. Hace un año la justicia europea confirmó la validez del juicio, rechazando la demanda de las familias de los condenados. Lo que sí es seguro es que el ‘macguffin’ del terrorismo en Alsasua tuvo su influencia en el proceso penal. Igual que también pasó con la querella por rebelión del procés, fue determinante para decidir el tribunal.

Pero si hubiera que rodar una película trepidante, con giros alucinantes de guion, nada podría superar hoy los ‘macguffin’ del juez Manuel García Castellón, titular del juzgado central 6 de la Audiencia Nacional, que ha convertido la instrucción del caso Tsunami Democràtic en una trama que solo cobra sentido si se analiza desde el punto de vista político. No el judicial. 

Al juez no le gusta la ley de amnistía. Lo sabemos porque lo ha dicho él: en un acto público, acompañado de un conocido militante de Vox. Lo coherente, después de una declaración así que afecta claramente a su imagen de imparcialidad, sería apartarse de cualquier caso que afecte a personas beneficiadas por esta amnistía. No intentar reventarla desde el juzgado, como está haciendo él.

Todos y cada uno de los pasos recientes que ha dado García Castellón en esta investigación apuntan a una misma dirección: intentar descarrilar la ley de amnistía que impulsa el Poder Legislativo, la mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados.

Las fechas hablan con bastante precisión.

El caso Tsunami lleva cuatro años en la Audiencia Nacional. Allí se investigan parte de las protestas de septiembre de 2019 en Catalunya contra la sentencia del procés: los cortes de la AP-7 y la manifestación en el aeropuerto de El Prat. Unas movilizaciones que fueron convocadas a través de una plataforma en Internet.

Durante tres años, García Castellón mantuvo en secreto la investigación, hasta que la propia Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le llamó al orden, pidiendo que justificara esta decisión. Todo entonces iba muy despacio. Hasta que entró en juego el resultado electoral del 23 de julio, la negociación entre el PSOE y Junts y la ley de amnistía, que hoy discute el Parlamento español.

De repente, la lentísima instrucción del caso Tsunami cogió una increíble velocidad. 

El pasado 6 de noviembre, en plena negociación de la investidura de Pedro Sánchez, Manuel García Castellón decidió abrir una investigación por terrorismo contra Marta Rovira y Carles Puigdemont: la secretaria general de ERC y el principal líder de Junts. 

Era una acusación “sin fundamento alguno”. “Sin nuevos hechos acreditados”. “Sin que se haya practicado ninguna diligencia que haya recogido nuevos indicios de responsabilidad criminal”. Y todo esto no lo digo yo: es lo que le contestó en su recurso la Fiscalía de la Audiencia Nacional. 

Ese mismo día, “sin fundamento alguno”, García Castellón no solo descubrió que Puigdemont era un presunto terrorista. También encontró a una supuesta víctima de terrorismo a la que, en cuatro años, no había prestado la menor atención: un ciudadano francés que murió de un infarto durante la protesta en El Prat. 

Un infarto que ya fue investigado por la justicia: que determinó que la muerte fue por causa natural.

Esta semana, el martes, el PSOE y los partidos independentistas pactaron las enmiendas a la ley de amnistía. Y allí llegó una importante novedad. Se cambió la redacción de uno de los artículos de la ley. Solo quedan fuera de la amnistía aquellos casos de terorrismo que supongan “violaciones graves de los derechos humanos”.

Y apenas dos días después, García Castellón sacó un nuevo conejo de su chistera para sortear esta nueva redacción de la ley. Al margen del turista infartado, que parece que ya no le sirve, el juez ahora pone el foco en otras dos supuestas víctimas del terrorismo por un delito grave que no cabría en la nueva redacción de la amnistía: un policía que sufrió lesiones en una manifestación independentista en 2019, por una pedrada en la cabeza, y otro agente que fue prejubilado después de una lesión en el brazo, en esa misma manifestación.

Hay solo un problema. Una tontería de nada: que Tsunami no convocó la manifestación en la que estos policías fueron heridos.

¿Puede ser esta organización responsable de una pedrada a un policía en una manifestación que ni siquiera convocó? Si eso es terrorismo, ¿a qué esperan en la Audiencia Nacional para imputar por este mismo delito a la organización juvenil de Vox, que convocó las manifestaciones ultras de Ferraz donde medio centenar de agentes resultaron heridos?

En el mismo auto, esta semana, García Castellón ha encontrado una prueba para señalar la responsabilidad de Puigdemont. Una muy peculiar.

Es una conversación donde el expresident de la Generalitat transmite su preocupación porque puede haber algún muerto en las protestas. Esta es la frase literal: 

Carles Puigdemont: “El problema puede venir si hay algún muerto, da igual de qué lado. Eso sería muy duro, y confirmará lo que yo siempre he dicho (y que me llevó a decidir ir al exilio): perderemos.” 

“El problema”, dice Puigdemont. La frase es bastante clara: el líder de Junts teme que haya muertos, no los desea. ¿Qué clase de terrorismo es este en el que el supuesto líder de la banda se muestra preocupado porque pueda haber alguna víctima? ¿Conoces algún terrorismo así?

Que una frase exculpatoria se convierta en una prueba incriminatoria dice mucho de cómo son las investigaciones judiciales de Manuel García Castellón. Con indicios tan endebles, tiene clarísimo que Puigdemont es el líder de una organización terrorista: el señor X de Tsunami. El doble rasero es evidente. Hablamos del mismo juez que, en la operación kitchen, ni siquiera quiso llamar a declarar como testigo a M. Rajoy: el principal beneficiado de esa operación y máximo responsable del Gobierno que la ejecutó.

Y el viernes, otro ‘macguffin’ más: un supuesto plan para “actuar” contra el rey Felipe de Borbón. Según explica el propio juez, lo ha encontrado ahora –cuatro años más tarde– revisando la causa otra vez. 

Dato importante. Esta gravísima causa de terrorismo, que está ya cerca de mutar en un intento de magnicidio, es un poco peculiar. No solo porque se haya convertido en una caja de sorpresas donde pronto aparecerá también el asesinato de Kennedy. Hay 26 acusados y ni uno solo de ellos tiene siquiera una medida cautelar. Todos los supuestos terroristas están en libertad. 

Pero los sucesos sorprendentes en el juzgado de Manuel García Castellón no terminan aquí. 

El lunes, elDiario.es publicó que su juzgado llevaba dos años sin contestar un recurso del hijo de Jordi Pujol, que le pedía investigar la operación Catalunya. Unas horas más tarde de publicarse nuestra noticia, Manuel García Castellón al fin se dio por aludido y respondió a ese recurso. Como era de esperar, dijo que no: como ha hecho siempre que se le ha planteado investigar esta operación parapolicial.  Aunque lo relevante aquí es otra cuestión.

Dos años de retraso para un recurso en una causa penal es un plazo inaceptable en cualquier tribunal. Hay varios precedentes de jueces en España que han sido sancionados por retrasos así. ¿Ocurrirá algo parecido en esta ocasión? ¿O es que García Castellón tiene alguna bula especial?

Cuando a Alfred Hitchcock le preguntaban por los ‘macguffin’ solía contar esta historia, tan genial como siempre lo era él.

«Van dos hombres en un tren y uno de ellos le dice al otro: “¿Qué es ese paquete que hay en el maletero que tiene sobre su cabeza?”. El otro contesta: “Ah, eso es un macguffin’”. El primero insiste: “¿Qué es un macguffin?”, y su compañero de viaje le responde: “Un macguffin es un aparato para cazar leones en Escocia”. “Pero si en Escocia no hay leones”, le espeta el primer hombre. “Entonces eso de ahí no es un macguffin”, le responde el otro».

En Escocia no hay leones y en el procés no hubo terrorismo. Pero esta película siempre fue de otra cosa: de cómo descarrilar la amnistía, a ver si de paso cae el gobierno de coalición.

No descarto que esta estrategia vaya a más. En el independentismo temen que la semana que viene, después de que se cierre del todo el texto de la ley de amnistía, reviva una causa más. El famoso caso Voloh, que investigaba en un juzgado de Barcelona los contactos entre los independentistas y el gobierno ruso. 

Hay un delito que no está incluido en la amnistía: el de traición. Y por eso algunos temen que el juez Joaquín Aguirre –que en su momento archivó la mayor parte del caso Voloh– lo ordene reabrir con esta nueva acusación.

Hoy terrorismo. Mañana tal vez traición. Y si encuentran algún caso de piratería en alta mar, o de robo de ganado, o de maltrato animal, o de cualquier otro delito que no está incluido expresamente en la ley de amnistía y del que puedan culpar a algún líder independentista, esta película se alargará un poco más.

Lo dejo aquí por hoy. Gracias por leerme y por tu apoyo a elDiario.es.

Un abrazo,

Ignacio Escolar

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