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Lo que no se ha contado en esta campaña electoral
Hola,
¿Qué tal tu semana? Espero que mejor que esta campaña electoral, que probablemente recordaremos igual que nos pasa con los récords de calor de cada verano. Ha sido una de las más sucias de la historia pero seguro que la siguiente es aún peor.
La primera semana de campaña todo fue ETA. La segunda ha estado monopolizada por las denuncias de compra del voto por correo. Son pequeños fraudes que han existido siempre, que se deberían solucionar con una regulación tan sencilla como hacer obligatorio enseñar el DNI en Correos al depositar el voto –como recomendaron hace años el Tribunal Supremo y la Fiscalía tras otro escándalo similar en Melilla–. Pero que en esta recta final de la campaña han servido a la derecha para enfangarla del todo y sembrar dudas generalizadas e injustificadas sobre el sistema electoral. Que no descartes que sirvan después para poner en duda el resultado de las generales si no ganan. Igual que Bolsonaro. Igual que Trump.
Isabel Díaz Ayuso ni siquiera ha esperado a las generales. Ha empezado ya: “Sánchez se va a ir como llegó, con un intento de pucherazo”, dijo ayer en el cierre de campaña, delante de un Feijóo que no rechistó.
Los datos. En las últimas dos décadas, se abrieron 72 procesos judiciales relacionados con fraudes electorales, la inmensa mayoría en pequeños municipios donde muy pocos votos pueden ser determinantes. Por partidos, PP (45%) y PSOE (22%) acapararon tres de cada cuatro casos que llegaron a la justicia. Casi siempre con dos trampas: el voto por correo y también empadronar a foráneos en el pueblo para manipular el censo –como estos indicios en 134 municipios que encontró nuestro equipo de datos en estas elecciones–.
La estadística histórica dice que el PP es el partido que más condenas acumula entre sus candidatos por estos fraudes en pequeños municipios entre 2000 y 2020. Pero en estas elecciones, está siendo el PSOE quien más pena de telediario está pagando por esta cuestión. En las denuncias que afectan a concejales socialistas, han detenido a los acusados para tomarles declaración: así ha sido en Mojácar o Albudeite. Pero en las muchas denuncias de esta campaña que afectan a concejales del PP –en Las Hurdes, Carboneras, Valverde del Camino, Paterna del Campo, Mazarrón…– no ha habido por ahora ninguna detención.
Enfangar la campaña tiene otra utilidad para la derecha: llevar a muchos potenciales votantes de la izquierda a la abstención en unas elecciones donde buena parte de los gobiernos locales y autonómicos se van a decidir por muy pocos votos. Y también sirve para que no se hable de los problemas verdaderamente importantes. Que no son ETA: son la sanidad, la educación, la vivienda y la crisis climática.
Esta semana, me he empeñado en priorizar estos temas en elDiario.es, que son además los asuntos que realmente gestionarán los gobiernos que ahora se van a votar. Poner el foco en lo que realmente importa. Más que en los anuncios electoralistas de los últimos días, ni tampoco en polémicas ridículas que, en dos meses, creo que nadie recordará.
Desde Europa ya nos han dado un toque de atención por el alto precio de los alquileres en España. El coste de la vivienda en las grandes ciudades es hoy el principal problema cotidiano de millones de personas en España, los más vulnerables. Según los datos del Banco de España, la mitad de los inquilinos está en riesgo de pobreza.
Dato importante: las políticas de vivienda están transferidas a las autonomías. Y aunque la nueva ley de vivienda algo ayude –a que ningún municipio vuelva a vender la vivienda social a un fondo buitre, o a que no puedan cobrarte las agencias, por ejemplo–, servirá de muy poco si en tu comunidad o en tu ayuntamiento gobiernan quienes dicen que jamás la aplicarán.
Robin Hood pero al revés
Hay políticas de vivienda que parecen diseñadas por el Sheriff de Nottingham. Porque son lo opuesto a Robin Hood. Consiste en robar el dinero de los pobres para dárselo a los ricos.
En un privilegiado municipio de Madrid –Las Rozas, el cuarto de mayor renta de toda España– han salido a la venta 29 chalets de 150 metros cuadrados, más el jardín. Se supone que es vivienda protegida. O más bien, lo que entiende por vivienda protegida el PP de Madrid. El suelo era público y el ayuntamiento lo vendió a un promotor bajo el modelo de Vivienda Pública de Precio Limitado, que creó Esperanza Aguirre. En teoría, es un tipo de vivienda protegida pensada para lo que el PP llama “clases medias”. Pero en realidad no lo son.
La ley dice que este tipo de viviendas tienen un precio máximo por metro cuadrado. En este caso, los chalets tendrían que costar 363.000 euros. Pero la promotora obliga a pagar un sobrecoste de 200.000 euros más. Y a esto hay que sumar la entrada de la hipoteca que pide el banco, porque la vivienda se escritura por el precio legal, no por el que se paga realmente. Y la hipoteca solo cubre el 80% del precio de escritura, no del total.
El resultado de esta política de vivienda es que solo las personas que puedan pagar más de la mitad del precio de la casa a tocateja pueden comprar estos chalets “protegidos”. Normalmente son aquellas personas con padres a los que les sobren 270.000 euros para ayudarles con la entrada.
En la práctica, este modelo de vivienda protegida consiste en subvencionar un chalet a hijos de familias pudientes, que no tienen ningún problema real de acceso a la vivienda. ¿Acaso alguien que puede pagar 270.000 euros de entrada para una casa necesita una ayuda pública? Y no es un error: es el resultado deseado. Igual que cuando Ayuso pone en marcha subvenciones para la educación privada de familias que ganen entre 100.000 y 140.000 euros anuales (y a las que llama “clase media”). Todo un éxito del Sheriff de Nottingham.
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Seguro que lo adivinas. ¿A que no sabes qué comunidad autónoma es la que menos invierte por cada alumno de la escuela pública? En efecto, es la que estás pensando: la autonomía más rica de España.
¿Y la Sanidad?
Aunque nadie lo diría, después de seguir los debates que han protagonizado esta campaña electoral, la mayor partida del presupuesto público que gestionan las autonomías se invierte en la sanidad. Es alrededor de un tercio del total; y es obvio que tenemos un problema con este servicio público, tan esencial. Desde las últimas elecciones, hace cuatro años, el tiempo medio de espera para la atención primaria se ha duplicado.
Con estos datos tan clamorosos, muchos se preguntarán cómo es posible que la derecha lleve tres décadas gobernando ininterrumpidamente la Comunidad de Madrid. La profesora de Historia de la Universidad Complutense Ana Martínez Rus da algunas razones en este artículo. Añadiré dos pistas más.
Este fue el resultado electoral en las últimas autonómicas en el barrio más caro de Madrid, en La Moraleja (Alcobendas). Una lujosa urbanización donde la renta media de las familias supera el cuarto de millón de euros anuales. Allí el dominio de la derecha es abrumador (casi el 97% de los votos) y todos los partidos de izquierda juntos apenas llegan al 3%.
Y este es el resultado en el barrio más pobre de Madrid, en la Cañada Real. Allí la izquierda gana, pero por un margen no tan avasallador: la derecha se lleva un voto de cada cuatro.
Pero el contraste mayor entre ambos barrios es otro dato: la participación. En La Moraleja votaron el 85% de los vecinos. ¿En la Cañada Real? Apenas el 12%.
¿La conclusión más evidente? Para mí son dos. La primera, que embarrar las campañas para desincentivar el voto potencial de la izquierda claro que funciona.
La segunda, que está claro que la situación económica influye en el voto. Pero es la clase alta quien tiene más conciencia de clase. Muchísima más.
Y esto no es algo que pase solo en Madrid. Como explica esta excelente pieza de nuestro equipo de datos. En Asturias, o en Valencia, o en Castilla-La Mancha ocurre exactamente igual.
- En nuestro podcast, Un tema al Día, Juanlu Sánchez dedicó uno de sus últimos programas a este fenómeno: voto rico, voto pobre.
- Y hoy no te pierdas la edición especial que le dedicamos a las elecciones de este domingo.
Lo dejo aquí por hoy. Este sábado me tomo el día libre y lo pienso dedicar a hacer la compra y a cocinar una fideuá para mi familia. Pero mañana tendremos una jornada de trabajo muy intensa en la redacción de elDiario.es.
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Un abrazo,
Ignacio Escolar
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