La batalla blanca: confrontando al lobby lácteo

El sector lechero dispone de dos espacios fundamentales para ejercer cabildeo: por una parte, la Inlac (Organización Interprofesional Láctea); por otra, Fenil (Federación Nacional de Industrias Lácteas). Su poder de influencia intenta revertir la caída acusada del consumo de lácteos, principalmente el de leche líquida, el “producto” que acusa más los cambios de hábitos de las personas consumidoras.

En esa línea de incidencia política se entiende la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en junio del pasado año determinó que solo los productos de origen animal podrían obtener la comercialización bajo el nombre de “leche”, un criterio jurídico que choca con una de las definiciones que hace, por ejemplo, la Real Academia Española.

Sin embargo, esta acción judicial tenía un trasfondo todavía más importante que la 'nomenclatura' o el embalaje: buscaba que cualquier persona consumidora no se viera influenciada por las bebidas vegetales, cuyo porcentaje de venta crece y que las cadenas comerciales acostumbran a colocar en los mismos lineales que la leche de vaca, oveja o cabra, otra cuestión que ha motivado quejas del lobby lácteo.

¿Y qué hizo el sector? A través de fundaciones supuestamente independientes en materia de nutrición, poco después de la sentencia del TJUE planteó una demanda por 'mala praxis' contra los supermercados, por colocar la leche de almendra al lado de la leche de vaca. Las organizaciones Finut (Fundación Iberoamericana de Nutrición) y FEN (Federación Española de la Nutrición) cuestionan el propio valor nutricional de las leches vegetales, a pesar de que, como se constata de forma científica, sus ventajas sobre los lácteos son innegables. Poco parece importar que la propia FEN tenga entre sus colaboradores a Fenil, o entre sus promotores a empresas como Puleva, Nestlé o Reny Picot.

A pesar de estos movimientos más recientes, dada la caída del consumo 'per cápita' de leche de vaca, que llega al 24% en España en el periodo 2000-2016, la industria ha sabido posicionarse ante alguno de los cambios comerciales, y precisamente su entrada en la distribución o producción de bebidas vegetales, fomentando una mercadotecnia bajo criterios de “salud”, ha sido prácticamente generalizada.

En 2014 Leche Pascual cambia su nombre a Calidad Pascual para desvincularse de su línea de productos de origen animal, y en esa línea rediseña el 'packaging' de sus artículos vegetales o lanza, como de forma muy reciente, su campaña sobre “bienestar animal” en granjas. Táctica similar a Unicla, la leche del grupo Feiraco, que también pregona el mismo sello de calidad en las explotaciones gallegas y que en 2016 se hizo con la distribución en España de Almond Breeze, la leche de almendras de la compañía californiana Blue Diamond.

Mucho antes, Capsa, la corporación que agrupa a Central Lechera Asturiana o Larsa, ya vendía Alpro y su gama vegetal en el Estado español, bajo la marca conjunta Alpro-CLA, y en 2016 Danone confirmaba la compra de la propia distribuidora, lanzando nuevos productos como yogures vegetales, un nuevo espacio a competir con sus homólogos animales.

Eso significa, por un lado, que si el lobby lácteo quiere diferenciar sus productos que originan sufrimiento animal de las propuestas vegetales, más saludables y éticas, es para evitar que el consumo siga descendiendo. Contribuye así a mantener un ingente sistema financiado con numerosas subvenciones, como las de la Política Agraria Común de la Unión Europea. También forma a los ganaderos a través de publicaciones especializadas: la revista del sector Afriga señalaba en su número 135 que “en el contexto actual, la base para defender con criterio nuestro medio de vida pasa obligatoriamente por extremar los métodos para el bienestar animal”. Lo decía un viejo conocido del movimiento animalista, el taurino y filósofo Francis Wolff. Irónico, ¿verdad? Nos quieren vender el “bienestar”, una táctica que mitigaría la caída de ventas y que confunde a la ciudadanía.

La influencia institucional es notable, suscribiendo convenios con la Xunta de Galicia para multiplicar el consumo de lácteos o presionando a los gobiernos de Baleares y Comunitat Valenciana para “reforzar” la presencia de sus productos en centros escolares, obviando la necesidad de dietas equilibradas realizadas por expertos u organismos independientes.

Así que la batalla está abierta y el poder de cada persona para escoger su alimentación es enorme, pero solo con una verdadera demanda social sobre el consumo podremos revertir este sistema opresor, que mantiene a cientos de miles de mamíferos explotados por su leche y su carne. ¿Empezamos?

El sector lechero dispone de dos espacios fundamentales para ejercer cabildeo: por una parte, la Inlac (Organización Interprofesional Láctea); por otra, Fenil (Federación Nacional de Industrias Lácteas). Su poder de influencia intenta revertir la caída acusada del consumo de lácteos, principalmente el de leche líquida, el “producto” que acusa más los cambios de hábitos de las personas consumidoras.

En esa línea de incidencia política se entiende la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en junio del pasado año determinó que solo los productos de origen animal podrían obtener la comercialización bajo el nombre de “leche”, un criterio jurídico que choca con una de las definiciones que hace, por ejemplo, la Real Academia Española.