Castilla-La Mancha condena a los perros utilizados para cazar

El Gobierno de Castilla-La Mancha pretende condenar a los perros utilizados para cazar a una doble pena: una vida de explotación, en la mayoría de los casos en condiciones miserables, y una ausencia total de protección legal. La Ley de Bienestar, Protección y Defensa de los Animales que pretende aprobar protege más a los cazadores que a esos perros, a los que quiere dejar completamente desamparados ante situaciones que son cotidianas en esa región, y en otras muchas en España.

Los peores temores sobre las intenciones del Gobierno regional se han confirmado y varias asociaciones han lanzado una campaña internacional para dar a conocer la situación de esos animales y presionar con ello a la Consejería para que rectifique. Aún hay tiempo, antes de que el texto sea definitivamente aprobado. La Federación de Asociaciones Protectoras y de Defensa Animal de la Comunidad de Madrid (FAPAM), Justicia Animal, la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Madrid (SPAP) y la Plataforma No A la Caza con galgos y otras razas (NAC) están alzando su voz para defender a esos perros.

La Ley, gracias al respaldo a una enmienda impulsada por los propios cazadores, excluye de su ámbito de aplicación a los animales usados en actividades cinegéticas durante su participación en las mismas. Estas asociaciones entienden que esa exclusión permitiría maltratar, golpear, disparar, abandonar, agredir de cualquier forma e incluso matar a esos perros (o a cualquier otro animal al que se utilice para cazar) con total impunidad, dado que ninguna de las obligaciones y prohibiciones contenidas en la ley sería de aplicación a los autores de esas agresiones.

Con ello, dicen desde estas asociaciones, el Gobierno regional pretende aprobar una Ley llamada “de protección animal” pero que da vía libre no a esa protección sino “al maltrato, a la masacre y al exterminio” de los mismos, lo cual es “del todo incongruente, precario, indignante, ofensivo y bochornoso”. La Ley, denuncian, es un retroceso en la protección animal.

Las asociaciones protectoras que operan en Castilla-La Mancha y en provincias y regiones limítrofes, como Madrid, saben que la realidad de esos perros dista mucho de lo que defienden los cazadores. Cada día llegan decenas de casos de perros famélicos, enfermos, llenos de parásitos, con huesos rotos, abandonados, vagando por campos y cunetas. Se suceden las denuncias de instalaciones con perros encerrados, hacinados, sin agua ni alimento en condiciones, ni atención veterinaria. Y a veces el horror llega a su máxima expresión, como ocurrió en febrero con el hallazgo en Tarancón de una fosa común con decenas de perros.

Actualmente apenas se actúa ni se imponen sanciones frente a este tipo de hechos. Apenas hay recursos para investigar esos casos y muchas veces la única opción de las protectoras es salvar a los animales aunque nunca puedan llegar a saber quién los llevó a esa situación. Y eso cuando se puede salvar a los animales, porque los que llegan a tener una segunda oportunidad son la mínima parte.

Esa impunidad se acentúa con esta nueva Ley al excluir a esos perros de toda protección. Si son usados para cazar, se les puede entrenar atados a vehículos, se les puede suministrar sustancias que les causan sufrimiento, se les puede agredir de cualquier forma posible. En definitiva, se puede atentar contra su vida y contra su integridad física y emocional de forma completamente legal.

¿Es que los utilizados para cazar no son perros? ¿Qué los diferencia de los demás animales de familia a los que la Ley sí será aplicable? ¿Cuál es la justificación para que una supuesta Ley de Protección Animal excluya a los animales más vulnerables? ¿Es que no tiene el Gobierno de Castilla-La Mancha muestras suficientes de las condiciones en las que viven y mueren esos animales? ¿Es que no ha sentido vergüenza suficiente al ver cómo la región es conocida en el mundo entero por las barbaridades que se siguen perpetrando contra los galgos y otros perros utilizados para cazar? 

La campaña contra esta ley se materializa en un vídeo difundido en español, inglés, francés y alemán en el que se da a conocer la terrible situación de estos perros, con el objetivo de que la Consejería de Agricultura no sea ajena a la sensibilidad creciente en la sociedad. Muestra de ello, son las más de 90.000 firmas recabadas en Change.org contra los términos de esta ley.

“Esperamos que desde la Consejería no incluyan la exclusión de los perros de caza en la nueva ley, que tomen en cuentan a cada una de las personas que ha firmado esta petición y no a un grupo de cazadores que son los que presentaron la enmienda. No se puede permitir más impunidad al trato que reciben los perros de caza, cada día nos encontramos noticias estremecedoras sobre perros desechados de la caza, perros ahorcados, muertos de un tiro, famélicos y un largo etcétera. En manos del consejero queda el bienestar y protección de miles de animales”, dicen las asociaciones promotoras de la campaña.

El Gobierno de Castilla-La Mancha pretende condenar a los perros utilizados para cazar a una doble pena: una vida de explotación, en la mayoría de los casos en condiciones miserables, y una ausencia total de protección legal. La Ley de Bienestar, Protección y Defensa de los Animales que pretende aprobar protege más a los cazadores que a esos perros, a los que quiere dejar completamente desamparados ante situaciones que son cotidianas en esa región, y en otras muchas en España.

Los peores temores sobre las intenciones del Gobierno regional se han confirmado y varias asociaciones han lanzado una campaña internacional para dar a conocer la situación de esos animales y presionar con ello a la Consejería para que rectifique. Aún hay tiempo, antes de que el texto sea definitivamente aprobado. La Federación de Asociaciones Protectoras y de Defensa Animal de la Comunidad de Madrid (FAPAM), Justicia Animal, la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Madrid (SPAP) y la Plataforma No A la Caza con galgos y otras razas (NAC) están alzando su voz para defender a esos perros.