Excálibur: crónica de un crimen anunciado

Estábamos pendientes de la evolución de Teresa, la auxiliar de enfermería que se contagió de ébola al atender voluntariamente al misionero Manuel García Viejo, y de otras personas en observación por posible contagio. Y entonces llegó, primero en un comunicado enviado a la protectora Villa Pepa y después en un vídeo, la petición desesperada de Javier, el marido de Teresa, también ingresado y aislado, para evitar que sacrificaran a su perro, Excálibur, “así, por las buenas, sin seguir ningún procedimiento”.

Así, por las buenas, el Gobierno decidió acceder a los deseos de dos misioneros (lógicos, comprensibles, legítimos) de viajar a España para recibir tratamiento tras contagiarse de ébola o, en su caso, al menos morir en su país. En contra tenía buena parte de la comunidad científica y médica, que alertaba del riesgo que suponía desplegar el dispositivo de traslado y atención, y cuestionaba que el hospital antes de referencia, el Carlos III, estuviera, tras los recortes sufridos, debidamente acondicionado para acoger enfermos de ébola.

Y así, por las buenas, o más bien por las malas, el Gobierno, en este caso el de la Comunidad de Madrid, se ha negado al único deseo del marido de Teresa. Javier tiene a su mujer enferma de ébola, él mismo está ingresado y aislado, su casa está siendo desmantelada para limpiar la presencia del virus, las personas con las que han tenido contacto en los últimos días están en observación, y su único deseo para poder estar tranquilo y aguardar con esperanza la recuperación de su mujer ha sido desatendido.

Y eso a pesar de que el riesgo era escaso, según corrobora la mayoría de los veterinarios y de expertos en ébola, y de que existía alternativa: la posibilidad de aislar al perro y someterlo a cuarentena para determinar si estaba o no infectado.

El presidente del Consejo General de Veterinaria, Juan José Badiola, subrayaba en un primer momento que ningún estudio ha demostrado la posibilidad de que el virus se transmita de humano (Teresa) a perro (Excálibur). De hecho, se sabe que los cánidos presentan reacciones inmunitarias pero no desarrollan la enfermedad ni fallecen por ella.

Por eso, de forma más contundente, Eric Leroy, considerado el mayor experto en el papel de los perros en los brotes de ébola en África, pedía no sacrificar al perro. Los estudios demuestran que los perros pueden infectarse al estar en contacto con otros animales que sí desarrollan la enfermedad (antílopes, murciélagos de la fruta, entre otros), y que pueden excretar el virus, lo cual supone una vía de contacto para humanos.

Pero Excálibur no había entrado en contacto con ningún otro animal infectado. Su única vía de infección podría haber sido Teresa, y esa posibilidad no está acreditada por los estudios.

Leroy pedía aislar al animal, hacerle un seguimiento, comprobar si estaba infectado y, en su caso, si excretaba el virus. Y lo que es más revelador: “si no está infectado basta con liberarlo, y si lo está se va a recuperar y cuando esté curado habrá eliminado completamente el virus”, decía, porque los cánidos no desarrollan la enfermedad y no mueren por ella.

Horas después Badiola matizaba sus declaraciones y respaldaba el sacrificio por no existir instalaciones con la protección suficiente (P4) para aislar y examinar al perro. Como no existen para aislar y tratar a humanos (el Carlos III se quedó en P3 tras los recortes).

El Partido Animalista (Pacma), Igualdad Animal, y otras asociaciones, todo el movimiento animalista, respondieron a la petición de Javier y se movilizaron para pedir un protocolo antes de sacrificar a Excálibur. Incluso un veterinario, Carlos Rodríguez, se ofreció a asumir su tutela para someterlo a cuarentena y a todos los estudios necesarios.

En pocas horas las peticiones en Change.org alcanzaban las 375.000 firmas, la encuesta en eldiario.es arrojaba una aplastante mayoría favorable a mantener al perro con vida, #SalvemosaExcalibur era tendencia en las redes sociales y la página creada en Facebook sumaba más de 120.000 adhesiones.

Todo en vano. La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ordenó la muerte de Excálibur y, ante la falta de consentimiento de Javier, una resolución del Juzgado Contencioso-Administrativo nº2 de Madrid daba instrucciones para proceder “a la eutanasia del perro mediante las medidas adecuadas para evitar su sufrimiento, utilizando las medidas de bioseguridad y biocontención adecuadas a este riesgo, y al traslado y posterior incineración del cadáver del animal”.

Para dictar esa orden, la Consejería se amparó en la opinión de “las autoridades de sanidad animal del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente” y del director del laboratorio de referencia de la Organización Mundial de Sanidad Animal.

Esa opinión, favorable a matar a Excálibur, se basa en que “no existe garantía de que los animales infectados no eliminen el virus a través de sus fluidos orgánicos, con el riesgo potencial de contagio”. O sea, lo que decía Leroy, que los perros infectados no desarrollan la enfermedad pero excretan el virus, y eso es, precisamente, lo que se podría estudiar, con seguridad de que el perro se recuperaría.

Decenas de personas agurdaban desde la tarde del día anterior en la puerta de la urbanización donde residen Teresa y Javier para velar por la vida de Excálibur. Ellos fueron los únicos en dar información de primera mano de lo que iba sucediendo, en medio de la confusión, de las contradicciones, de la falta absoluta de datos por parte de quienes habían decidido de antemano el destino del perro. Entre ellos Leticia, de Axla. Ellos escucharon a policías nacionales, municipales, bomberos, quejarse de que no tenían trajes especiales, de que ni siquiera estaba claro quién tenía que abrir la puerta de acceso a la vivienda. Ellos eran testigos de que no había protocolo alguno. Ellos vieron salir a los operarios, solo con mascarilla y los brazos descubiertos, portando una caja que era introducida en una furgoneta con las ventanillas cubiertas por bolsas de basura. Dentro, el cuerpo sin vida de Excálibur y muchas preguntas sin respuesta. ¿Tenía el virus? En caso afirmativo, ¿podría haberse curado? ¿Cuánto hubiera costado intentarlo? ¿Qué pasará ahora con los animales que pudieron tener contacto con él? ¿Dónde está el límite de los crímenes preventivos? ¿Alguien comunicará a Teresa y a Javier que su perro ya no está en casa? ¿Alguien responderá ante ellos?

David Pardo es uno de esos activistas que había permanecido de guardia y trató de impedir la salida de la furgoneta. Recibió un golpe en la cabeza por parte, presuntamente, de uno de los agentes encargados de reprimir la protesta y se golpeó con el bordillo al caer, recibiendo a continuación más golpes, según aseguran los testigos. David fue atendido en el hospital después de una lucha que no caerá en saco roto.

De las opiniones de quienes más saben de la relación entre cánidos y ébola se desprende que hubiera bastado un protocolo, mucho más sencillo, mucho menos costoso que el desplegado hasta ahora (con el resultado que estamos comprobando) para salvar la vida de Excálibur, para obtener datos útiles para la prevención y el tratamiento del ébola, para acceder al único deseo de quien puso en riesgo su vida para atender a otros. Con un riesgo mucho menor que el asumido al traer a enfermos a España sabiendo que no había instalaciones adecuadas para ello.

Hubiera bastado tener criterio no solo científico, sino ético, y no solo político. Ahora aguardamos a que Teresa y Javier se recuperen, pero nada en su vida será igual. Porque alguien decidió que la vida de Excálibur no valía siquiera una cuarentena. Porque las instalaciones son políticamente suficientes para mantener en observación a más de cincuenta personas pero no a un perro. Era solo un perro.

Estábamos pendientes de la evolución de Teresa, la auxiliar de enfermería que se contagió de ébola al atender voluntariamente al misionero Manuel García Viejo, y de otras personas en observación por posible contagio. Y entonces llegó, primero en un comunicado enviado a la protectora Villa Pepa y después en un vídeo, la petición desesperada de Javier, el marido de Teresa, también ingresado y aislado, para evitar que sacrificaran a su perro, Excálibur, “así, por las buenas, sin seguir ningún procedimiento”.

Así, por las buenas, el Gobierno decidió acceder a los deseos de dos misioneros (lógicos, comprensibles, legítimos) de viajar a España para recibir tratamiento tras contagiarse de ébola o, en su caso, al menos morir en su país. En contra tenía buena parte de la comunidad científica y médica, que alertaba del riesgo que suponía desplegar el dispositivo de traslado y atención, y cuestionaba que el hospital antes de referencia, el Carlos III, estuviera, tras los recortes sufridos, debidamente acondicionado para acoger enfermos de ébola.