El caballo de Nietzsche es el espacio en eldiario.es para los derechos animales, permanentemente vulnerados por razón de su especie. Somos la voz de quienes no la tienen y nos comprometemos con su defensa. Porque los animales no humanos no son objetos sino individuos que sienten, como el caballo al que Nietzsche se abrazó llorando.
Editamos Ruth Toledano, Concha López y Lucía Arana (RRSS).
La Organización de Naciones Unidas (ONU), a través del Comité de los Derechos del Niño, se ha pronunciado de forma expresa en contra de que los niños participen y asistan a eventos taurinos, y ha instado a Colombia a apartar a los menores de “la violencia” que suponen las corridas y las corralejas.
En el marco de su campaña ‘Infancia sin viOLEncia’, la Fundación Franz Weber presentó en 2014 un informe en el que llamaba la atención del Comité sobre la existencia en Colombia de eventos taurinos en los que niños, niñas y adolescentes presencian violencia, y escuelas de tauromaquia en las que participan de esa violencia, algo que viola la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, un tratado de obligado cumplimiento y que es, en la actualidad, la Convención de Derechos Humanos más ratificada por los poderes legislativos del mundo.
Esa Convención establece el derecho de todas las personas menores de edad a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, moral y social, así como la obligación de los estados de adoptar las medidas que aseguren esa protección, algo que no se cumple en Colombia en el caso de la tauromaquia, según denunciaron varios miembros del Comité.
En la sesión celebrada en Ginebra los días 21 y 22 de enero, la delegación enviada por el Gobierno de Colombia no ofreció explicaciones al Comité sobre las medidas que piensa tomar para evitar que se sigan vulnerando los derechos de los niños en esas actividades.
Natalia Parra, delegada de la Fundación Franz Weber en Colombia, participó en la sesión en Ginebra, y considera demostrado que “la violencia de la tauromaquia no solo tiene como víctimas a toros y caballos, sino también a los niños, niñas y adolescentes”. “En el futuro comprenderemos que todos somos víctimas, de un modo u otro, de cualquier modelo de violencia tolerada, y mucho más aun la que es aplaudida”, aseguró.
Parra subrayó que Colombia está inmersa en un proceso de paz, por lo que la resolución no podía llegar en mejor momento: “la paz y el respeto por la vida en general es una cultura que debemos promover desde la infancia”. Dado que el Senado de Colombia ratificó la Convención de los Derechos del Niño, el Gobierno está obligado a aplicarla. “No tiene opciones, es el garante del cumplimiento de los derechos recogidos en la Convención y el Comité es el encargado de interpretarla. Las medidas tendrán que ser aplicadas sin excepción ni excusa”.
En opinión de Anna Mulà, abogada de la Fundación Franz Weber, “el principio del interés superior del niño, que es la esencia de la Convención, prevalece sobre el de diversidad cultural y sobre cualquier interés legítimo que pudiera entrar en conflicto”.
Esta resolución llega poco después de la conmoción que supuso dentro y fuera de Colombia el asesinato de un toro a cuchilladas y golpes durante una corraleja, un festejo popular en el que son los vecinos quienes “torean” al toro en la plaza. Pocos días después, en otra corraleja, un caballo herido era descuartizado vivo.
La Organización de Naciones Unidas (ONU), a través del Comité de los Derechos del Niño, se ha pronunciado de forma expresa en contra de que los niños participen y asistan a eventos taurinos, y ha instado a Colombia a apartar a los menores de “la violencia” que suponen las corridas y las corralejas.
En el marco de su campaña ‘Infancia sin viOLEncia’, la Fundación Franz Weber presentó en 2014 un informe en el que llamaba la atención del Comité sobre la existencia en Colombia de eventos taurinos en los que niños, niñas y adolescentes presencian violencia, y escuelas de tauromaquia en las que participan de esa violencia, algo que viola la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, un tratado de obligado cumplimiento y que es, en la actualidad, la Convención de Derechos Humanos más ratificada por los poderes legislativos del mundo.