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Editamos Ruth Toledano, Concha López y Lucía Arana (RRSS).
El activista por la protección de los océanos Paul Watson, icono medioambiental de 73 años, podría enfrentarse hasta 15 años en una prisión japonesa si Dinamarca aprueba su extradición. La decisión, que se espera para este miércoles, 4 de septiembre, ha desatado un debate internacional y movilizado a seguidores que argumentan que la posible acusación contra Watson está motivada políticamente, con el objetivo de silenciar una de las voces más destacadas contra la caza de ballenas.
Watson, fundador de la Sea Shepherd Conservation Society, cofundador de Greenpeace y protagonista del programa de telerrealidad Whale Wars, fue arrestado en Nuuk, Groenlandia, el 21 de julio de 2024. Fue detenido en base a una orden de arresto internacional emitida en 2012 por Japón, que le acusa de causar daños a un barco ballenero japonés durante una de sus campañas contra la caza de ballenas en la Antártida en 2010. Japón también alega que Watson y su equipo hirieron a un miembro de la tripulación con una “bomba fétida” destinada a interrumpir la operación de caza. Sin embargo, Watson negó estas acusaciones y su equipo presentó un video como prueba para demostrar que no había nadie en cubierta en el momento del incidente.
Los cargos contra Watson incluyen complicidad en agresión y allanamiento de buque, con penas en Japón que varían desde multas (máximo de 3.000 euros) hasta un máximo de 15 años de prisión. El arresto de Watson ocurrió mientras se dirigía a interceptar el nuevo barco factoría de caza de ballenas de Japón, el Kangei Maru, en el Pacífico Norte, un buque que los activistas temen que señale la intención de Japón de reanudar las operaciones de caza de ballenas a gran escala lejos de sus costas.
El equipo legal de Watson afirma que los cargos son parte de una venganza más amplia por parte de Japón, que tiene por objetivo castigar al activista por sus décadas de esfuerzos para detener la caza de ballenas. Argumentan que la extradición está políticamente motivada y destinada a hacer de Watson un ejemplo para desalentar futuros actos de activismo. La preocupación internacional por su posible extradición es palpable, con el respaldo de diversos gobiernos y personalidades, así como con una campaña que ha logrado recoger más de 100.000 firmas en apoyo a su liberación.
Este caso también ha reavivado los debates éticos en torno a la caza de ballenas. Las ballenas son seres altamente inteligentes y sociales, con comportamientos complejos. Viven en grupos familiares con relaciones estrechas entre sus miembros, muestran signos de profundidad emocional y así como métodos de comunicación sofisticados. Muchas especies están en peligro, y su supervivencia es crítica para mantener ecosistemas saludables, y no solo los marinos. En una carta de apoyo a Watson, la zoóloga Jane Goodall enfatizó: “Las ballenas (y otros cetáceos) son seres longevos y sensibles. Tienen lazos sociales complejos y son extremadamente inteligentes. La caza de ballenas, ya sea con fines comerciales o supuestamente científicos, es cruel e inmoral. Cada ballena importa como individuo y debe ser respetada en consecuencia”. Los seguidores de Watson argumentan que procesar a alguien por defender a estos seres sensibles subraya el profundo dilema moral como centro del debate sobre la caza de ballenas.
El tema de la caza de ballenas sigue siendo uno de los más controvertidos en los debates internacionales sobre protección, con un mosaico de leyes y prácticas en el panorama actual. La Comisión Ballenera Internacional (IWC, por las siglas en inglés de International Whaling Commission), establecida bajo la Convención Internacional para la Regulación de la Caza de Ballenas, impuso una moratoria global sobre la caza comercial de ballenas en 1986 para intentar abordar la rápida disminución de las poblaciones de ballenas y promover su recuperación.
Una de las principales excepciones a esta prohibición es la caza de subsistencia entre comunidades indígenas en lugares como Alaska y Groenlandia, que tienen permitido cazar ballenas con fines tradicionales y nutricionales, siempre que cumplan con ciertas cuotas y regulaciones diseñadas para intentar garantizar la sostenibilidad y un impacto mínimo en las poblaciones de ballenas.
En los últimos años, sin embargo, el tema de la caza de ballenas ha estado marcado por la controversia. Japón, que fue uno de los principales defensores de la caza de ballenas con fines “científicos”, se retiró formalmente de la IWC en 2019. Posteriormente, el país reanudó la caza comercial de ballenas, argumentando que sus actividades se realizan con fines científicos y dentro de su zona económica exclusiva (EEZ, por las siglas en inglés de exclusive economic zone). Islandia, a pesar de la presión global, continúa con la caza de ballenas bajo sus propias regulaciones. Del mismo modo, Noruega se ha desvinculado completamente de la moratoria de la IWC, estableciendo sus propias cuotas y continuando con la caza de ballenas en sus aguas.
A pesar de estas prácticas en curso, numerosos países y organizaciones están trabajando activamente para proteger las poblaciones de ballenas y sus hábitats a través de diversos tratados y programas de conservación.
Dinamarca se encuentra ahora en el centro de un acalorado conflicto internacional. La decisión sobre la extradición de Watson tiene implicaciones no solo para el destino del propio activista, sino también para las relaciones de Dinamarca con Japón y su posición dentro de la comunidad internacional. El caso ya ha causado tensión dentro de Dinamarca, particularmente con las Islas Feroe, donde la caza de ballenas sigue practicándose.
El Ministerio de Justicia de Dinamarca está bajo intensa presión de ambos lados. Por un lado, extraditar a Watson podría dañar la imagen de Dinamarca entre sus aliados europeos, activistas medioambientales y defensoras de los animales. Por otro lado, negarse a extraditarlo podría tensar las relaciones con Japón, un socio internacional significativo.
Este martes, 3 de septiembre, se convocó una concentración de activistas frente al Ministerio de Justicia en Copenhague, para después iniciar una marcha hacia la Embajada de Japón, exigiendo la liberación de Watson. Se espera que personas de todo el mundo se congreguen frente a embajadas danesas y japonesas en los próximos días.
Mientras la comunidad internacional espera una decisión sobre la extradición de Paul Watson, él permanece resuelto. Desde su celda en una prisión con vistas al mar, afirma que puede ver pasar ballenas e icebergs: “Es casi como si estuviera en la cubierta de mi barco”, comentó, bromeando al asegurar que es “la mejor cárcel en la que he estado”. En una entrevista con la agencia de noticias AFP, Watson sentenció: “Si creen que esto impedirá nuestra oposición, solo he cambiado de barco. Mi barco ahora es la Prisión Nuuk”.
El destino de Paul Watson es ahora mismo incierto, pero hay algo claro: la decisión que tome el tribunal danés tendrá consecuencias de gran alcance, no solo para el activista, sino también para la lucha contra la caza de ballenas y la protección de los océanos en general.
El activista por la protección de los océanos Paul Watson, icono medioambiental de 73 años, podría enfrentarse hasta 15 años en una prisión japonesa si Dinamarca aprueba su extradición. La decisión, que se espera para este miércoles, 4 de septiembre, ha desatado un debate internacional y movilizado a seguidores que argumentan que la posible acusación contra Watson está motivada políticamente, con el objetivo de silenciar una de las voces más destacadas contra la caza de ballenas.