Petición unánime al Gobierno para prohibir el comercio de primates

Marco y Toni fueron obligados a actuar en circos y en anuncios de publicidad y acabaron pasando diez años en una jaula en la que no podían ni ponerse de pie. A Romie la paseaban cada verano por la playa en busca de turistas dispuestos a pagar por una foto sosteniendo en sus brazos a un mono bebiendo cerveza o fumando. Además, la obligaron a criar una y otra vez para robarle a sus crías al poco tiempo de nacer. Maxi vivía junto a su hermano en circo, donde malvivían hacinados en un carromato al que no entraba la luz y con una falta total de cuidados que le provocó raquitismo severo.

Marco, Toni, Romie o Maxi son como Cecilia, la chimpancé cautiva en el zoo de Mendoza (Argentina) cuya historia conmovió a la jueza que ordenó su traslado a un santuario. Todos ellos han tenido una segunda oportunidad, pero la mayoría de sus congéneres termina sus días como comenzaron, siendo explotados de mil maneras diferentes, y eso a pesar de que sabemos que son los animales más parecidos a nosotros. Tanto, que cada vez más filósofos y juristas piden para ellos la consideración de “personas no humanas”. 

En España los primates son víctimas de una paradójica laguna legal que los convierte al mismo tiempo en especie protegida y en codiciado objeto de comercio. Por ello, hace meses todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados presentaton una iniciativa conjunta que ha sido aprobada por unanimidad este jueves. Se trata de una proposición no de ley que pide al Gobierno medidas para prohibir el comercio, la cesión o cualquier transacción, donación o intercambio de primates entre particulares y a particulares,  así como su tenencia salvo a instituciones, centros de rescate, refugios y otras entidades expresamente autorizadas y legalmente reconocidas.

Han sido meses de trabajo para lograr el consenso, conseguido en gran parte gracias a la labor de la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Derechos de los Animales (APDDA), contando en todo momento con el aseoramiento de la Fundación Darwin y de la Fundación Franz Weber. El PP amagó con intentar sustituir la prohibición por “restricción”, pero finalmente la iniciativa se mantuvo en los términos previstos. Sí consiguió introducir una referencia expresa a la expecionalidad para investigación y programas de conservación, algo que los demás grupos consideran redundante porque la iniciativa no entraba en ese ámbito, regulado en la legislación vigente. Ese ámbito queda pendiente.

En la exposición de motivos, los firmantes explican que los primates están protegidos por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites). Las diferentes especies de primates están incluidas en el Apéndice I (cuyo comercio está prohibido) o en el II (cuyo comercio está regulado). Además, en virtud del real decreto de 1994, que establece las condiciones de policía sanitaria aplicables a los intercambios intracomunitarios y las importaciones procedentes de países terceros de animales, esperma, óvulos y embriones, los intercambios de primates están limitados por razones sanitarias y quedan restringidos a los organismos, institutos o centros oficialmente autorizados.

Sin embargo, los grupos precisan que, aunque se podría entender que no es posible la tenencia, adquisición o transacción de primates por particulares, existe “una regulación confusa y contradictoria” que hace que no se cumpla con la previsión anterior. Así, de acuerdo con Cites, respecto a los primates incluidos en el Apéndice I, si bien el comercio de individuos de esas especies capturados en la naturaleza es ilegal, los animales criados en cautividad se consideran pertenecientes al Apéndice II, por lo que en la práctica, siempre que se disponga de la documentación pertinente, que actualmente está legalizando el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, se puede comerciar con ellos. De hecho, denuncian, “miles de primates se comercializan cada año en España para su tenencia particular”.

Esta situación legislativa contradictoria implica que durante años se hayan legalizado crías de primates a particulares, comerciantes y titulares de núcleos zoológicos, y que las autoridades no actúen ante el comercio y la tenencia de primates. Desgraciadamente, apunta la proposición no de ley, el comercio de primates ha aumentado en los últimos años, sobre todo a partir de su venta por Internet, que ha permitido esparcir dichos animales por todo el territorio y, con ello, el incremento del número de animales abandonados, maltratados y decomisados, sin que apenas existan centros de rescate adecuados que puedan albergarlos.  

Los animales más afectados son los titís y tamarinos, que son los primates más pequeños del mundo. Esta característica los convierte en fáciles de manejar y hace que sean muy apreciados como mascotas y una fuente de dinero negro para aquellos que, habiendo obtenido una pareja, los hacen criar para luego venderlos a 1.500 o 2.500 euros la especie más común (‘Callithrix jacchus’) y hasta los 4.000 o 5.000 las crías de especies Cites I (‘Saguinus oedipus’ o ‘Cebuella pygrnaea’). Cada pareja se reproduce dos veces al año, un mínimo de dos crías por parto, que, a su vez, al año y medio ya pueden reproducirse. Cada día se encuentran cientos de anuncios en Internet que ofrecen crías “legalizadas” para su venta, lo que puede evitarse dictando una regulación específica que ponga fin a esta problemática. Los firmantes de la proposición entienden que “por razones de conservación, bienestar animal y salud pública, no se deben comercializar o poseer primates para su uso particular” y que su venta o cesión entre particulares debe estar prohibida y los intercambios limitados a organismos, institutos o centros oficialmente autorizados.

“La situación actual de Cecilia nos conmueve. Si atendemos a su bienestar, no será Cecilia la que esté en deuda con nosotros, sino nosotros quienes deberemos agradecerle la oportunidad de crecer como colectividad y de sentirnos un poco más humanos”. Esa reflexión forma parte de la sentencia dictada por María Alejandra Mauricio, titular del Tercer Juzgado de Garantías del Poder Judicial en Mendoza, ordenando trasladar a esta chimpancé al santuario que Proyecto Gran Simio tiene en Brasil, donde vive en compañía de otros congéneres desde el pasado mes de abril. El fallo reconoció a Cecilia “sujeto de derecho no humano” y le otorgó el Habeas Corpus. Antes, en 2014, otra jueza, también en Argentina, fallaba en similares términos a favor de la orangután Sandra.

“Ya no es locura de unos cuantos activistas que quieren conceder derechos a una especie no humana, sino que la propia justicia razonada nos da la razón”, decía entonces Pedro Pozas, director ejecutivo de Proyecto Gran Simio. “Los grandes simios deben ser declarados Patrimonio de la Humanidad para conservar sus poblaciones libres y que todos los que se encuentran cautivos sean llevados a santuarios específicos, fuera del negocio de los zoológicos, que los siguen tratando como simpes objetos o cosas”.

Esa sigue siendo la realidad de los primates en el mundo, y también en España. Están desapareciendo de su medio natural a un ritmo alarmante mientras propietarios privados pagan por tener una mascota exótica y zoos, parques de entretemiento y circos los adquieren para entretener a una audiencia ignorante de la realidad de esos animales. Según la ONU, 22.000 grandes simios fueron vendidos ilegalmente en los siete años previos a su estudio de 2011, y tenemos motivos para pensar que desde entonces las cifrasn han empeorado.

Tal y como recuerda el texto de la proposición aprobada por el Congreso, hay muy pocos centros en los que puedan rehacer sus vidas cuando tienen la fortuna de ser rescatados. Rainfer, Fundación Mona o AAP Primadomus se mantienen sin apenas ayudas públicas y gracias a la colaboración de voluntarios, socios y donantes. Y eso a pesar de que acogen a numerosos animales incautados por las autoridades cuando sus condiciones de explotación superan incluso lo que la ley permite hacer con ellos y están, por tanto, bajo tutela de los poderes públicos.

Merece la pena acercarse a cualquiera de ellos para aproximarnos a su realidad, que es la nuestra. Podemos aprender de ellos, comprobar cómo se sienten después de una vida de explotación cuando tienen una nueva oportunidad de disfrutar de la luz natural, de la ausencia de dolor y de la compañía de sus semejantes. De esa forma quizá entendamos que sus vidas no nos pertenecen y seamos capaces de dejarnos conmover, como la juez argentina, para seguir dando pasos en el camino que aún tenemos pendiente recorrer.

Marco y Toni fueron obligados a actuar en circos y en anuncios de publicidad y acabaron pasando diez años en una jaula en la que no podían ni ponerse de pie. A Romie la paseaban cada verano por la playa en busca de turistas dispuestos a pagar por una foto sosteniendo en sus brazos a un mono bebiendo cerveza o fumando. Además, la obligaron a criar una y otra vez para robarle a sus crías al poco tiempo de nacer. Maxi vivía junto a su hermano en circo, donde malvivían hacinados en un carromato al que no entraba la luz y con una falta total de cuidados que le provocó raquitismo severo.

Marco, Toni, Romie o Maxi son como Cecilia, la chimpancé cautiva en el zoo de Mendoza (Argentina) cuya historia conmovió a la jueza que ordenó su traslado a un santuario. Todos ellos han tenido una segunda oportunidad, pero la mayoría de sus congéneres termina sus días como comenzaron, siendo explotados de mil maneras diferentes, y eso a pesar de que sabemos que son los animales más parecidos a nosotros. Tanto, que cada vez más filósofos y juristas piden para ellos la consideración de “personas no humanas”.