¿Qué requisitos debería tener una organización para considerarse como tal? Estaríamos hablando de una jerarquía clara, procedimientos asentados, una estructura estable e incluso una jerga propia. Por lo que sabemos, la trama que la policía investigó y desmanteló en una gran operación en el año 2017 los cumplía todos.
Muchos de sus miembros no tenían trabajo ni ingresos legales, pero llevaban cientos de euros en la cartera en el momento de la detención. A los cabecillas no se les conocía actividad laboral, pero poseían varias propiedades y uno de ellos, Rafa, viajaba regularmente con perros a países de Sudamérica, China o Tailandia.
Se trata de al menos 23 personas que desde Madrid, Alicante, Murcia, Almería, Málaga y Canarias llevaban más de una década atormentando, de muchas y muy perversas maneras, a centenares de perros. Entre ellos, dos veterinarios (uno en Madrid y uno en Canarias) y un Policía Local del municipio tinerfeño de Adeje.
Cinco años después de la exitosa operación de investigación, con escuchas telefónicas incluidas, llevada a cabo por agentes de la Policía Judicial, la Jefatura Superior de Policía de Canarias y de las comisarías de Tenerife, Alicante y Murcia, acaba de comenzar el juicio.
Una vida de tormentos
Desde el momento en que nacieron hasta que murieron en el ring o a causa de las heridas sufridas, la vida de los animales en manos de esta gente habría sido de continuo sufrimiento, físico y psíquico. Cautiverio, pésimas condiciones higiénicas y de salud, entrenamientos extremos, alimentación inadecuada, suministro de sustancias como dopantes o anabolizantes (incluso de uso humano), son algunos de los tormentos a los que habrían sido sometidos.
Tras las detenciones en plena pelea en Güímar, Tenerife, la policía registró las fincas de los acusados. Lo que se encontraron hiela la sangre: decenas de perros en un estado deplorable, rodeados de suciedad y excrementos, muchos sin agua ni comida, sin espacio para moverse o resguardarse de las inclemencias del tiempo. La mayoría de ellos con graves infecciones. Heridas cosidas de mala manera con grapas colocadas por personas sin formación ni experiencia veterinaria alguna. En varias de las fincas aparecieron además multitud de cadáveres de animales y muchos de los perros rescatados por la Asociación Salvando Ángeles sin Alas (SASA) tuvieron que ser eutanasiados.
El destino de los perros usados para sparring era especialmente doloroso. Indefensos, solos, entregados para ser destrozados durante las “topas”, al no tener ni la corpulencia, ni la edad, ni la experiencia necesarias para poder enfrentarse a unos adversarios tan víctimas como ellos mismos. En uno de los registros en Alicante se encontró un gran número de chihuahuas.
Cuando el veterinario es tu maltratador y el policía no es tu amigo
Entre los componentes de la trama, dos veterinarios y un Policía Municipal. ¿Qué futuro tienen los animales si precisamente aquellas personas que deben velar por su bienestar son las mismas que se ganan la vida martirizándolos? ¿Qué esperanzas podemos tener en la justicia si los propios operadores jurídicos siguen contemplando estos escenarios sobrecogedores como un delito menor?
El presunto papel de los veterinarios, uno en Madrid y otro en Canarias, era abastecer durante décadas a la organización de todo lo necesario para poder llevar a cabo sus crímenes de forma impune y sin despertar ningún tipo de sospechas. Cartillas y pasaportes en blanco para poder viajar con cualquier perro, recetas también en blanco, suero para recuperar a los perros malheridos tras las peleas y otros tipos de sustancias, incluso eutanásicas. Únicamente los cabecillas de la organización tenían contacto directo con estos veterinarios a los que denominaban “orito en paño”. Al parecer eran perfectamente conscientes de que, sin su colaboración, no podrían continuar con su actividad.
Especialmente valiosa era también la ayuda del Policía Local de Adeje que, según el escrito de acusación, no solo facilitaba anabolizantes de uso humano que se inyectaban a los animales, sino que participaba activamente en las peleas y tenía más de 40 perros en un estado especialmente terrorífico. Su finca daba a un acantilado en el que se hallaron cadáveres en descomposición.
Posible pacto
Tras intentarse un acuerdo de conformidad que no habría sido aceptado por algunos de los acusados -entre ellos los dos veterinarios- se podría llegar a un pacto con la Fiscalía que, como explica la abogada Francisca Gutiérrez “se sustenta en la aplicación de circunstancias atenuantes que puedan rebajar la condena, a cambio del reconocimiento de los hechos”.
Resulta preocupante, ya que la Fiscalía “se podría separar de las acusaciones populares en lo que puede ser la calificación del delito de organización a grupo criminal”, señala Gutiérrez, que está a cargo de la acusación popular de Podemos Canarias en el caso. “Con la aplicación de las atenuantes, conllevaría menor pena que las pedidas por las acusaciones”.
También desde la acusación popular ejercida por la asociación SASA contemplan este escenario con gran inquietud: “Si a los miembros de una organización criminal que se dedicaban a hacer morir a los perros en peleas, con más de 200 animales incautados, se les solicitan las penas que se están solicitando por parte del Ministerio Fiscal, no existe ninguna esperanza para la protección animal en este país”, señala la abogada Nuria Ochoa. “Si una Fiscalía de Medio Ambiente no solicita una pena ejemplar en este caso, ¿cuándo lo va a hacer?”
El juicio está en marcha y todavía no hay nada decidido. Francisca Gutiérrez, que es asimismo miembro de la asociación INTERcids, Operadores Jurídicos por los Animales, señala que “las acusaciones populares trabajaremos para que la actividad desarrollada por los investigados sea calificada como delito de organización criminal ante el Tribunal y para que las penas sean superiores a las de la Fiscalía. Nuestra finalidad es aumentar la condena lo más posible, para que se haga justicia con esos animales, dentro de los límites del principio de legalidad. También vamos a exigir la responsabilidad civil a los acusados”.
Los casos de maltrato animal, especialmente a perros, despiertan cada vez mayor rechazo en la sociedad. Este, con tantísimas víctimas animales y tanta crueldad y violencia sistemáticas, produce un especial asco. Así lo demuestra la petición iniciada por una de las casas de acogida en la plataforma Change, que ha superado las 20.000 firmas en pocos días.
Si bien algunas instituciones ya se están empezando a dar cuenta de esta realidad, queda todavía muchísimo camino por recorrer y nos encontraremos con grandes resistencias. Así lo reconoce la abogada Ochoa: “El delito de maltrato animal parece ser un delito de segunda, introducido en el Código Penal solamente para acallar a una gran parte de la sociedad”.
En presencia de menores
Por si fuera poco, las peleas se realizaban en presencia de menores, familiares de los propios acusados. Esta circunstancia no es solo un agravante a nivel penal, sino que debería despertar todas las alarmas desde el punto de vista de una sociedad que protege a la infancia y a los colectivos en situación de vulnerabilidad.
La asociación CoPPA, Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos, trabaja desde hace años en este ámbito. “Los estudios muestran que el maltrato animal puede impactar el desarrollo de la empatía en niños, niñas y adolescentes y perpetuar el ciclo de violencia. Algunos menores pueden padecer angustia, miedo, depresión e incluso síntomas de trauma, incluyendo, por ejemplo, pesadillas y trastornos del sueño”, señalan desde la entidad.
Esto es especialmente sangrante cuando las personas adultas que acompañan al menor en estos espectáculos -sus familiares y referentes como en este caso- jalean y celebran la violencia. “La presencia de un adulto cercano que manifiesta entusiasmo podría incluso exacerbar el impacto nocivo sobre el niño”, alertan desde CoPPA.
“La normalización y el aprendizaje de actitudes y conductas agresivas está asociado a conductas antisociales en la adolescencia como el bullying y la delincuencia, y a la violencia interpersonal en la edad adulta”, añaden.
¿Cómo serían estos perros si se les tratase con respeto?
La mayoría de personas que tachan a estas razas de “asesinos”, no los conoce. Beatriz de la Torre es presidenta de la asociación SOS Pitbull & Horses. Adoptó su mal llamado PPP a los 20 años y a raíz de ahí empezó a formarse como educadora. La asociación se creó en 2013 y desde entonces más de 100 perros han pasado por allí. “Valoramos cuáles son sus necesidades, trabajamos con ellos y les buscamos una familia compatible”.
“Sensibles” es la palabra que Beatriz más repite durante nuestra conversación para referirse a sus perros. “Una de las cosas que la gente cree es que son muy fuertes, que aguantan todo y que hay que educarlos a base de fuerza, correcciones e imposición”, explica. “De hecho, una de sus necesidades primordiales es el contacto con el ser humano. Les gusta mucho la presencia en contacto, la necesitan, tanto con el ser humano como, si tienen un compañero, con su compañero”.
“Incomprendidos”, es la palabra que resuena en mi cabeza mientras la escucho hablar. “Son perros que viven encerrados, encadenados y la gente que los cría no los tiene en buenas condiciones. Pueden llegar a ser reactivos, pero no por su tipología, sino por la forma en que se los maltrata”, señala la educadora. “Si a ti te tratan a palos serás más reactivo que si te tratan de una forma amable. Son perros muy muy sensibles y es cierto que tienen un potencial fuerte, pero si no los manejas con castigos y con miedo, ese potencial se puede usar para cosas muy buenas”.
Como consecuencia de una legislación que los estigmatiza y de “propietarios” como los acusados en este proceso, estas razas son víctimas de una mala socialización que puede llevar a que desarrollen problemas de relación con otros perros. “Sin embargo, si se les ayuda a gestionar, aquí la mayoría de perros se llevan bien con los otros y no tienen ningún problema. Algunos han podido venir con muchísimo estrés, miedo o malas experiencias y la gran mayoría ha evolucionado y sale con otros perros de paseo”.
Los animales decomisados de las horrendas peleas han tenido que esperar cinco años para tener una segunda oportunidad. Ahora, podrán por fin darse en adopción a través de SASA. Una buena noticia, importante pero insuficiente. Que sus agresores pisen la cárcel y que no tengan la oportunidad de volver a torturar a ningún animal es la noticia que verdad quisiéramos dar.
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