El tiro definitivo de Castilla-La Mancha para dar prioridad a los escopeteros

Aunque parezca increíble, y si nada lo impide, en pocos meses quienes quieran hacer una ruta o simplemente darse un paseo por alguno de los caminos públicos y de las rutas senderistas que recorren Castilla-La Mancha se pueden encontrar con la desagradable sorpresa de que deben abortar la excursión porque se habrá cortado el paso para que se dé una cacería. Eso, en el mejor de los casos. En el peor, quizá no vuelvan del paseo.

El pasado 21 de marzo el Diario Oficial de Castilla-La Mancha publicaba, enmascarada en una densa ley de medidas administrativas, una modificación de la ley de caza regional que da pie a otorgar derechos de caza a los titulares de cotos colindantes con vías y caminos públicos, vías pecuarias y senderos señalizados. Y como resultado consecuente de ello, permite que se corten tales zonas de paso y dominio público para que unos pocos se diviertan matando animales. Como si a estas alturas divertirse matando animales no fuera en sí mismo un comportamiento censurable. Lo del control de poblaciones y otros patéticos intentos de justificar la aberración que supone salir al campo a pegar tiros ya no cuelan.

Este cambio supone muchas cosas, la primera, y más evidente, es que se le da la vuelta a la prioridad frente a las escopetas de la que gozaban hasta ahora quienes usan estas vías bien sea para transitar de un pueblo a otro, visitar un espacio natural o para simplemente hacer algo de ejercicio andando, en bicicleta o paseando. Cuando determinadas personas decidan que les interesa cazar, podrán cortar el paso. Y punto.  

La segunda consecuencia es que se otorgan derechos privados de caza sobre espacios de dominio y titularidad pública, en clara contradicción además con la finalidad de los mismos. Si estas infraestructuras rurales existen es precisamente para facilitar el tránsito entre pueblos, el acceso del paisanaje a sus terrenos y el de visitantes y turistas hacia la naturaleza. Cazar en ellas significa eliminar ese derecho y esa funcionalidad, y por lo tanto la medida no puede resultar más injusta, desacertada y, como defienden quienes la critican, inconstitucional.

Por otra parte, se generará más inseguridad a los viandantes en el campo, pues, aunque se ha anunciado lo contrario amparándose en que se regularán las condiciones bajo las cuales se cortarán los caminos, lo cierto es que a partir de ahora quienes cazan se creerán con el derecho de disparar en ellos, y los usuarios pacíficos no dispondrán de una normativa clara que les respalde frente a los abusos en las zonas de seguridad, figura bajo la cual se ampara la no caza en las áreas que son del conjunto de la ciudadanía. El mundo al revés: quien porta el arma podrá usar y abusar de unos derechos que nos corresponden al conjunto y poca defensa cabrá esperar de representantes políticos que no han sabido o no han querido valorar las consecuencias de su iniciativa. Si ya estamos hartas de ver “accidentes” de caza provocados por quienes disparan a todo lo que se mueve o hace ruido, ahora encima tendrán más amparo legal.

Para remate, en una comunidad autónoma donde el desarrollo rural y combatir la despoblación es una prioridad, se va a generar un grave impacto social y económico. La incertidumbre, cuando no directamente el desaliento, se adueñará de quien quiera emprender una ruta o hacer un paseo, con consecuencias en algo tan importante como el turismo rural, deportivo o de naturaleza. Como es sabido, porque lo ha publicado el Consejo Superior de Deportes, un tercio de la población española practica senderismo de manera informal o federada, y un número importante de personas practica el ciclismo. ¿Puede Castilla-La Mancha poner en riesgo este capital humano y económico por dar gusto a un colectivo que en dicha región apenas supone el 4% de su población contando los que van de fuera a cazar?

Como en toda batalla desigual, afortunadamente surgen voces que se rebelan ante semejantes desatinos. Al conocerse el intento de cambiar la ley de caza surgió un movimiento que quiere defender el derecho de transitar sin riesgo por los caminos públicos y que está haciendo todo lo posible por revertir esta normativa antisocial.

Liderada por entidades como Ecologistas en Acción, la Federación de Deportes de Montaña y la Plataforma ibérica de Caminos Públicos está en marcha una campaña de recogida de apoyos que ya ha suscrito un centenar de organizaciones y miles de firmantes individuales. A la par, y lo que a la postre puede resultar fundamental en el devenir de los acontecimientos, estas organizaciones han iniciado acciones legales mediante denuncias ante los ministerios con competencias en las materias afectadas y mediante una queja ante el Defensor del Pueblo.

Apelan a derechos constitucionales, tales como el libre tránsito por el territorio, el acceso al medio ambiente o a la salud, así como la transgresión de normativa básica estatal, como la que regula las vías pecuarias o los caminos públicos. De los resultados de estas acciones dependerá en un primer término que se aplique o no esta normativa o, lo que se sería peor, que se extienda a otras comunidades autónomas.

Seguramente habría que preguntarse por qué ha pasado esto. Y detrás de ello destaca la figura del presidente de Castilla-La Mancha. Emiliano García Page se ha trasmutado desde que al comienzo de su ya larga etapa como presidente de Castilla-La Mancha se opuso con vehemencia a la Ley de Caza que aprobó el gobierno del PP de María Dolores de Cospedal. Aunque la reformó en parte tras tomar posesión en su primer mandato, poco a poco ha ido abrazando los postulados de aquella ley que decía aborrecer y que reunió más de 100.000 firmas en contra, todo un hito en una comunidad con la población de Castilla-La Mancha.

Ahora que gobierna con mayoría absoluta, Page ha ido aún más allá que Cospedal y ha decidido atender las demandas más extremas del sector de la caza que se ven reflejadas en el Pacto por la Caza, un documento que PSOE, PP y Vox han suscrito nada menos que en las Cortes regionales, pero que ya venía firmado de antes por sus líderes en la última campaña electoral autonómica. Ahora, igual que ha cambiado de defensor de los derechos frente a los abusos de la caza a valedor del lobby cinegético, Page parece haber pasado de defensor de la Constitución a transgresor de la misma. De querer arañar votos a Vox ha pasado a asumir sus más extremos postulados en lo referido a algo tan rancio como la caza. Con gobernantes “socialistas” así no es necesario que el PP y Vox tomen las riendas para impulsar las atrocidades que estamos empezando a ver, por ejemplo, en Extremadura.

Nos queda confiar en que quienes tienen capacidad para darle la vuelta a esta aberración se pongan manos a la obra, y cuanto antes, y que no seamos solo las asociaciones y las activistas quienes tengamos que hacer frente a los excesos de quienes portan escopetas y de quienes toman decisiones defendiendo esos intereses. Y nos queda, por supuesto, seguir peleando para que las escopetas no se impongan sobre los derechos de quienes no las portamos.