El CIE de Barranco Seco interna ya a una veintena de personas migrantes tras su reapertura parcial
La delegación del Gobierno en Canarias ha informado de que el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), de Barranco Seco, ubicado en Las Palmas de Gran Canaria, ha reabierto este miércoles y ya hay en su interior “una veintena” de personas migrantes que han llegado a las Islas durante estos días vía marítima.
La institución explica que el centro no ha abierto en su totalidad porque “quedan unas obras menores” que se irán acometiendo “gradualmente”, sin especificar la fecha concreta en la que estará totalmente en funcionamiento.
Con un presupuesto de 973.191 euros, Acciona Construcciones S.A. fue la adjudicataria para llevar a cabo las obras desde el verano pasado con la finalidad de renovar un inmueble que cuenta con más de 80 años de historia y que fue la antigua prisión provincial de Las Palmas durante el franquismo.
A pesar de que el plazo de ejecución estaba previsto finalizar en junio de este año, la obra ha sido prorrogada en varias ocasiones, debido a complicaciones en las reformas, según alegaron desde el Gobierno regional. El propio delegado del Gobierno, Juan Salvador León, dijo que los trabajos finalizarían en octubre.
León defendió que las personas que sean encerradas por estar en una situación irregular administrativa en el CIE, en el que pueden permanecer como máximo dos meses en lo que se tramita su expulsión, tendrán unas “condiciones dignas”, a pesar de que se les priva de libertad. Aunque reconoció que no le gusta estos centros, al mismo tiempo afirmó que “son necesarios” porque los considera la única vía para evitar que estas personas estén en situación de calle.
Sin embargo, además del dispositivo de acogida humanitaria del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, que ejecutan en Canarias CEAR (con 38 plazas) y Cruz Roja (16 plazas), el cierre durante más de un año del CIE de Barranco Seco y la alta ocupación en el de Hoya Fría (Tenerife) ha puesto en funcionamiento espacios de acogida alternativos de urgencia.
Después de que 40 personas se vieran obligadas a dormir en la calle, pasar una noche en una parroquia y, luego, alojarse en un pabellón deportivo habilitado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, fueron alojadas en la Casa del Marino, cedido por el instituto social de la Marina al Gobierno regional, donde se habilitaron camas, son atendidos por Cruz Roja y pueden salir libremente del edificio. Según fuentes de ONG, hasta el pasado fin de semana habían unas 70 personas en la Casa del Marino.
Además, el portavoz del Ejecutivo regional, Julio Pérez, afirmó que, aunque la comunidad autónoma no tiene competencias para el control fronterizo, reclamó crear lugares de acogida para los migrantes que no pueden ser repatriados, pues España ejecuta esta medida con un número determinado de países con los que mantiene acuerdos en este sentido.
Reconvertir el CIE en un centro de memoria histórica, en el olvido
Tras las obras de reforma y la reapertura, la iniciativa de la Plataforma Canarias Libre de CIE ha quedado en el olvido. Este colectivo ha denunciado en reiteradas ocasiones la vulneración de derechos del edificio ubicado en Barranco Seco y ha pedido su cierre. Además, impulsó una iniciativa para instar al Ministerio del Interior a reconvertir el edificio en un espacio museístico sobre la memoria histórica y los derechos humanos.
Esta idea fue apoyada tanto por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria como por el Cabildo en 2017. Coalición Canaria no se sumó a esta propuesta cuando estaba en el Gobierno, pero desde la oposición reclamó el cierre de los CIE.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha defendido estos espacios y se ha limitado a anunciar que mejorará su gestión. Sin embargo, este año han puesto en funcionamiento el Centro de Atención Temporal a Extranjeros (CATE) en Málaga, instalaciones policiales del puerto de la ciudad andaluza que retienen durante 72 horas a las personas recién llegadas en patera y que cuenta con un espacio de 2,3 metros cuadrados de media para las 300 personas que pretende albergar. Además, según el defensor del Pueblo, Interior ha encerrado a menores en estas instalaciones.
