De la crisis de los cayucos de 2006 al colapso de la acogida: claves del repunte migratorio en Canarias
La ruta atlántica había resurgido. Las cifras del último cuatrimestre de 2019, cuando 2.085 personas llegaron a Canarias en pateras o cayucos desde el continente africano, sirvieron de antesala para la realidad migratoria de este 2020. El Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Hoya Fría, en Tenerife, permanecía abierto. El de Barranco Seco, en Gran Canaria, reabrió en noviembre tras más de un año cerrado por obras para ajustarse a la ley que controla estos establecimientos, donde los migrantes que pueden ser repatriados pasan un máximo de 60 días. Sin embargo, pese a que centenares de personas fueron expulsadas hacia Mauritania, muchas debían acogerse al sistema de acogida humanitaria de España, al tratarse de posibles solicitantes de asilo. Entre ellas, malienses que escapaban de la guerra que sufre su país. Fue entonces cuando las organizaciones y colectivos especializados comenzaron a advertir de la falta de un plan de acción. “Hay que tener capacidad de previsión. Analizar los recursos que puedan ser susceptibles de ser usados para afrontar una situación de atención humanitaria frágil”, advirtió en enero de 2020 el presidente de CEAR en Canarias, Juan Carlos Lorenzo. Diez meses más tarde, la pandemia de la COVID-19 ha adelantado el colapso, la política canaria comienza a movilizarse exigiendo espacios al Ministerio de Defensa y “la desinformación y el miedo” han desencadenado reacciones racistas entre la población isleña.
El Archipiélago ha recibido más de 4.500 supervivientes en lo que va de año de distintos puntos del continente africano, como Marruecos, Malí, Gambia, Sierra Leona o el Sáhara Occidental. La intensidad del flujo migratorio de esta ruta ha provocado que incluso La Palma, la segunda isla canaria más alejada de África, haya recibido una embarcación con 24 personas a bordo. Algo que no ocurría desde 2014 y que solo ha tenido lugar en cinco ocasiones en la historia reciente. La jornada del 8 de septiembre también ha pasado a la historia de la frontera sur. Más de 200 inmigrantes llegaron a las Islas en cinco pateras y tres cayucos rescatados por Salvamento Marítimo al sur de Gran Canaria y Tenerife, donde llegó uno de ellos muerto. La obligación de que todos los inmigrantes pasen una cuarentena obligatoria en espacios donde se garantice la separación interpersonal y donde estén distribuidos en función de si tienen síntomas de COVID-19 o si han dado positivo en la enfermedad, para cumplir así con el protocolo fijado por el Ministerio de Migraciones, ha sumado dificultades al sistema de acogida.
El campamento de Arguineguín
El hacinamiento de más de 300 inmigrantes en el muelle de Arguineguín, al sur de Gran Canaria, a la espera de ser derivados a espacios de acogida, es la estampa que ha despertado a miembros de todos los estamentos políticos e incluso a profesionales de la Administración de Justicia, como el juez de control del CIE de Barranco Seco, Arcadio Díaz Tejera. En el escenario político nacional, la secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul, participó en un foro con el presidente del Gobierno regional para buscar soluciones a la crisis en la gestión migratoria que atraviesan las Islas y el Estado. Por su parte, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, se comprometió a desplazarse a la región. La visita había sido anunciada para el pasado miércoles 9 de septiembre, pero fue aplazada. Un cambio de planes que sembró “malestar” en la Presidencia del Ejecutivo autonómico. Escrivá alegó que nunca se fijó una fecha concreta. “No puedo aceptar que se me diga que he dado plantón. Iré cuando tenga agenda suficientemente holgada y con suficientes días para ver los planteamientos en soluciones habitacionales que estamos buscando”. El ministro también recordó en declaraciones a la Cadena Ser que estaba inmerso en las negociaciones del Pacto de Toledo y los ERTE. Desde el punto de vista del magistrado Díaz Tejera, los debates sobre la presencia de Escrivá en Canarias son “una pérdida de tiempo”. “Aquí no hay nada que ver, se trata de dar órdenes”, concluyó en una visita a Arguineguín.
El concepto “efecto llamada”, acuñado por el Partido Popular para culpar del repunte de llegada de pateras en 2005 a España a la gestión del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), ha vuelto a aparecer. En este caso, ha sido utilizado por el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana. Según declaraciones ofrecidas a la cadena COPE, en la actualidad este “efecto llamada” se ha producido por la no devolución de los inmigrantes, que no pueden ser expulsados a los países emisores porque las fronteras con ellos permanecen cerradas para frenar la expansión de la COVID-19. Previamente, había señalado que las derivaciones a la Península para aliviar el sistema de acogida en Canarias, como proponían las ONG y algunos partidos políticos, haría que “en lugar de llegar 3.000, llegarán 30.000”.
En este contexto de crisis, el gobierno autonómico también ha pedido ayuda a Europa. Ángel Víctor Torres, tras la celebración del Foro Canario de Inmigración, insistió en que el fenómeno de la inmigración no puede “empezar y terminar en Canarias”, porque si no, habría “fracasado la idea de Unión Europea”. En especial, porque la mayoría de los migrantes que pisan las Islas no quieren quedarse en ellas, sino avanzar hacia el territorio continental. Sin embargo, Arcadio Díaz Tejera propuso que la situación se solventara principalmente con las acciones nacionales y locales, más allá de las políticas europeas. “Los proyectos de la UE para que haya cada vez más agentes de Frontex y la idea de encerrar a las personas, salvo a aquellas que puedan ser solicitantes de asilo, me resultan preocupantes”, valoró el juez de control de Barranco Seco.
Una “pandemia de racismo”
La preocupación ante una posible “pandemia de racismo” que siga a la provocada por la COVID-19 ha forzado a los agentes especializados a lanzar mensajes de sensibilización apelando a la solidaridad del pueblo canario, que también fue emigrante. Algunos acontecimientos han puesto en alerta al Archipiélago. El primero, las barricadas organizadas en Tunte, la capital administrativa de la ciudad turística de Maspalomas, para evitar el desplazamiento de inmigrantes a un centro de acogida. Los vecinos aseguraban que solo tenían miedo a que “llevaran el virus al pueblo”, aunque todas las personas derivadas habían dado negativo en la enfermedad. El siguiente tuvo lugar también en Gran Canaria, donde un centro de emergencia para niños y niñas extranjeros no acompañados sufrió un ataque con piedras.
La falta de recursos de acogida disponibles ha forzado a la Delegación del Gobierno a reubicar inmigrantes que llevaban más de cinco noches en el muelle de Arguineguín en complejos extrahoteleros vacíos. Una decisión criticada por políticos y empresarios. “No es el lugar idóneo”, opinó la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Concepción Narváez (PSOE). Por su parte, la patronal hotelera de Fuerteventura calificó esto como una “aberración”.
Similitudes con la crisis de los cayucos de 2006
El principal precedente de esta crisis data de 2006, con la denominada crisis de los cayucos, cuando más de 36.000 personas llegaron a las Islas en un año. Para asistirlas, se activaron naves, comisarías, polideportivos, campamentos o aeropuertos como espacios de acogida. Esta etapa también dejó episodios como el del entonces alcalde de Las Palmas de Gran Canaria José Manuel Soria dando órdenes para expulsar a manguerazos a doscientos migrantes que pasaron noches durmiendo en el parque de Santa Catalina. Soria pretendía enviarlos a Madrid en un vuelo nocturno de Iberia sin coordinarse con las autoridades de la capital española. Trece años después, este mismo parque de la capital grancanaria volvió a acoger a 40 migrantes, que después de 72 horas en comisaría para que la Policía Nacional procediera a su filiación, fueron abandonados a su suerte por un fallo de coordinación entre autoridades competentes.
En el marco político también se han reproducido afirmaciones pronunciadas durante la crisis de los cayucos. El entonces consejero de Presidencia y Justicia José Miguel Ruano (Coalición Canaria) llegó a asegurar que existían buques nodriza que lanzaban cayucos cuando estaban a diez millas del litoral canario. “Barbaridades que nunca ocurrieron”,aseguró José Segura, director de Casa África y exdelegado del Gobierno, en una entrevista ofrecida a Canarias Ahora. El pasado mes de marzo, la diputada de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, Ana Oramas, hizo suyas estas afirmaciones. Sin aportar ninguna prueba, la que fue alcaldesa de La Laguna en 2006, preguntó: “¿Dónde están las patrulleras evitando que los barcos nodriza desplieguen decenas de cayucos que llegan a Canarias en perfectas condiciones?”. “No existe constancia de la utilización de estos buques”, desmintió el Ministerio del Interior. “Se trata de una ruta en la que no solo se monitorizan las llegadas, sino que la actividad de prevención también se produce en salida”, especificó el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.
La ruta atlántica había resurgido. Las cifras del último cuatrimestre de 2019, cuando 2.085 personas llegaron a Canarias en pateras o cayucos desde el continente africano, sirvieron de antesala para la realidad migratoria de este 2020. El Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Hoya Fría, en Tenerife, permanecía abierto. El de Barranco Seco, en Gran Canaria, reabrió en noviembre tras más de un año cerrado por obras para ajustarse a la ley que controla estos establecimientos, donde los migrantes que pueden ser repatriados pasan un máximo de 60 días. Sin embargo, pese a que centenares de personas fueron expulsadas hacia Mauritania, muchas debían acogerse al sistema de acogida humanitaria de España, al tratarse de posibles solicitantes de asilo. Entre ellas, malienses que escapaban de la guerra que sufre su país. Fue entonces cuando las organizaciones y colectivos especializados comenzaron a advertir de la falta de un plan de acción. “Hay que tener capacidad de previsión. Analizar los recursos que puedan ser susceptibles de ser usados para afrontar una situación de atención humanitaria frágil”, advirtió en enero de 2020 el presidente de CEAR en Canarias, Juan Carlos Lorenzo. Diez meses más tarde, la pandemia de la COVID-19 ha adelantado el colapso, la política canaria comienza a movilizarse exigiendo espacios al Ministerio de Defensa y “la desinformación y el miedo” han desencadenado reacciones racistas entre la población isleña.