Los dos Centros de Internamiento de Extranjeros de Canarias ya están vacíos

Los dos Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Canarias ya están vacíos. Barranco Seco y Hoya Fría forman parte de los cinco establecimientos que ya han cerrado ante la crisis sanitaria de los ocho que existen en España. Por el momento, todavía quedan 22 personas en el CIE de Murcia, 10 en el de Valencia y dos en el de Algeciras. Por tanto, la ocupación media de estos centros está por debajo del 5% de su capacidad, aunque se prevé que “paulatinamente” se queden todos vacíos.

Antes de la declaración el pasado 14 de marzo del Estado de Alarma, la ocupación de estos centros se situaba en el 59%. Desde entonces, se está liberando a los internos, bien por superar durante este periodo el máximo legal de estancia en estos centros (60 días), o bien, por la imposibilidad de retornarlos a sus países de origen.

Los CIE son unas instalaciones policiales de carácter no penitenciario diseñadas para poder ejecutar la expulsión del territorio nacional, que dependen del Ministerio del Interior. En total, operan ocho centros de este tipo en todo el territorio español y el número de plazas de toda esta red supera el millar --desde Interior no dan el número exacto, pero aseguran que un 10% de la ocupación se corresponde con poco más de un centenar de internos--.

Once días después de la declaración de alarma, la ocupación media se situaba en el 25,2%, es decir, un 60% menos que al inicio de decretarse. Ya el 3 de abril la ocupación de estos centros estaba entorno al 9%, y este domingo era mucho menor, ya que permanecen internas apenas 34 personas.

Actualmente ya están vacíos los CIE de Barcelona, el de Tarifa (Cádiz), el de Hoya Fría en Santa Cruz de Tenerife (Canarias), el de Aluche (Madrid) y el de Barranco Seco, ubicado en Las Palmas de Gran Canaria. Por otro lado, quedan aún algunos internos en el CIE localizado en la pedanía murciana de Sangonera La Verde, en el de Valencia y el de Algeciras (Cádiz).

En el marco de la declaración del Estado de Alarma, recientemente un juez ordenó el desalojo del CIE de Las Palmas de Gran Canaria, donde se dieron casos de contagio; y otro juez hizo lo mismo con el CIE de Murcia.

El máximo legal de estancia en estas instalaciones es de 60 días y, según aseguró el director adjunto operativo de la Policía Nacional, José Ángel González, toda persona interna que superase este periodo legal durante el Estado de Alarma sería puesta en libertad, en cumplimiento a la ley.

Pero además, para poder frenar la expansión de la pandemia, varios países están imponiendo restricciones a la llegada de personas procedentes de España. En esta línea, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que las repatriaciones de personas migrantes en situación administrativa irregular en España “están suspendidas” por “una imposibilidad manifiesta” de retorno. En concreto, apuntó que los países de origen de la mayoría de estas personas tienen sus fronteras cerradas “para sus propios ciudadanos” ante la crisis del Covid-19.

Ya al comienzo de la crisis sanitaria, varios colectivos sociales así como el Defensor del Pueblo pidieron la liberación de todos los internos en los CIE porque las circunstancias actuales “impiden” que se pueda materializar la devolución o expulsión de los migrantes a sus países de origen.

Tras esto, el Ministerio del Interior abrió la puerta a liberar a los internos tras analizar “caso a caso” las posibilidades de retorno de cada uno de ellos. A los liberados que tienen domicilio en España se les está facilitando su regreso a sus residencias, mientras que a otros que no tienen alternativa habitacional se les está trasladando al dispositivo de acogida del sistema de Atención Humanitaria.

Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, confirmaron a Europa Press que ya están recibiendo a internos procedentes de los CIE de Barcelona, Madrid y Valencia, si bien no han ofrecido el número concreto de personas acogidas desde CIE por el momento.

De acuerdo a un informe del SJM sobre los CIE, en 2018 dos tercios de las personas internadas procedían de Marruecos (36%) y de Argelia (32%). Ese año fueron internadas 7.855 personas en los CIE: 7.676 varones y 179 mujeres.

Un año antes, en 2017, un total de 8.837 migrantes pasaron por alguno de los siete Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Sin embargo, fueron 3.041 las personas finalmente enviadas a sus países de origen, mientras que 5.796 personas (el 65,5%) recluidas en los CIE tuvieron que ser puestas en libertad ante la imposibilidad de ejecutar la orden de expulsión.

Así se reflejó en datos oficiales recopilados en una respuesta parlamentaria a la exsenadora de Unidos Podemos Maribel Mora, unas cifras que constataban que el Ministerio del Interior, responsable de la gestión de los centros, logró deportar a su país de origen únicamente al 34,5% de los internos.