Devoluciones exprés de Canarias a Mauritania: Interior ha expulsado a malienses que declararon su intención de pedir asilo

El 20 de enero, un vuelo de deportación de Frontex partió del aeropuerto de Gran Canaria con destino Noadhibu, Mauritania. En su interior, 46 personas que sobrevivieron al mar para alcanzar las Islas Canarias emprendían un viaje de vuelta al continente africano. De ellas, cuatro eran nacionales de Senegal, una de Costa de Marfil, 34 de Malí y solo siete regresaban a su país de origen. Siete días más tarde, el lunes 27, la historia se repitió.

Según datos publicados por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) del Defensor del Pueblo, en esta ocasión 42 personas viajaron a la capital mauritana desde el aeropuerto de Tenerife Norte en un operativo de la agencia europea de control fronterizo: tres senegalesas, una mauritana y 38 malienses. Estas deportaciones contradicen una de las condiciones establecidas en el acuerdo bilateral de devolución que España firmó con Mauritania en 2003, ya que el convenio especifica que los repatriados deben ser nacionales mauritanos. En caso de que pertenezcan a países terceros, deben haber transitado por el país.

Sin embargo, los autos de internamiento de 14 de los 72 malienses expulsados, a los que ha tenido acceso Canarias Ahora, revelan que este grupo partió de Senegal. Además, todos expresaron su voluntad de solicitar protección internacional en España, según han confirmado a este periódico fuentes judiciales. Una decisión que fue trasladada a la Policía Nacional. A pesar de ello, estos fueron privados de libertad en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Hoya Fría, en Tenerife, mientras se tramitaba su expulsión definitiva, que no fue notificada al juzgado correspondiente hasta un día después de la deportación. 

El delegado del Gobierno en Canarias, Juan Salvador León, sostuvo en declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación que estas personas “no habían solicitado asilo porque si no, no habrían sido devueltas”. Además, subrayó que las deportaciones se ajustan a la legalidad y al convenio firmado con Mauritania. Este periódico ha preguntado a la Delegación del Gobierno y al Ministerio del Interior acerca de las vías de comprobación de la nacionalidad de los migrantes que se utilizan antes de deportarlos así como del lugar del que partió la patera, pero no ha obtenido respuesta aún. Interior sí ha querido aclarar que el convenio se aplica a “países terceros”. 

El artículo IX del acuerdo estipula que “la Parte Contratante readmitirá en su territorio, a solicitud de la otra Parte Contratante”, en este caso España, “al nacional de un tercer Estado [...] siempre que se acredite que dicho nacional de un tercer Estado ha transitado efectivamente por el territorio de la Parte Contratante requerida”. El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), la ONG que denunció estas devoluciones irregulares, teme que estas personas que ahora están en manos de las autoridades mauritanas sean devueltas a su país de origen. En la actualidad, se desconoce la ubicación de los expulsados, ya que una vez fuera de España, “se les pierde la pista”,  apunta el SJM.

Malí, un país en guerra 

Desde hace unos años, Malí, con quien España no tiene acuerdos de devolución, dejó de ser un lugar seguro, tal y como señaló Acnur en un informe publicado en julio de 2019. Los enfrentamientos por motivos étnicos y los ataques terroristas que asolan al país comenzaron en el norte, pero ahora “los límites no están bien definidos”.

La inseguridad afecta actualmente a los pueblos norteños de Tombuctú, Gao, Kidal, Taoudenni y Ménaka, pero también a la región central de Mopti y a las zonas sureñas de Koulikoro, Sikasso o Ségou. En todas estas zonas, según Acnur, el Observatorio de los Derechos Humanos ha detectado secuestros, ataques a escuelas y hospitales, agresiones sexuales, asesinatos y una alta situación de vulnerabilidad para los niños. 

El mismo documento afirma que la Secretaría General de Naciones Unidas registró, solo en el último cuatrimestre de 2018, 64 ataques por grupos armados y 48 incidentes provocados por explosivos. Además, el Comisionado para los Refugiados afirma que el conflicto ha causado la muerte de casi 200 personas trasladadas al territorio para mantener la paz en los últimos seis años.

La situación, declarada de emergencia por el propio Gobierno maliense, ha provocado el desplazamiento forzoso de 137.975 personas a Burkina Faso, Mauritania y Níger y el incremento de emigrantes que han llegado a Europa por las rutas del Mediterráneo. También se han producido 106.164 movimientos internos, en especial a la capital, Bamako, una de las regiones menos afectadas por los conflictos junto a Kayes.

Viajar sin zapatos 

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura identificó el 19 de septiembre de 2019 otro vuelo a Nouadhibou desde Tenerife con 17 migrantes a bordo. Ninguno era mauritano, pero no se especifica cuál era su nacionalidad. Entre el 6 y el 7 de junio un avión de Frontex salió del aeropuerto de Madrid-Barajas con destino Mauritania haciendo escala de nuevo en el aeropuerto de Los Rodeos.

Más allá de la procedencia de los tripulantes, que fueron localizados en una patera al sur de Gran Canaria, las malas condiciones del viaje fueron puestas en evidencia por una técnica del MNP y un técnico del Área de Migraciones e Igualdad de Trato del Defensor del Pueblo, que acompañaron a los deportados durante el trayecto. 

Ambos concluyeron que la ausencia de intérpretes causó “grandes dificultades para poder establecer comunicación con los extranjeros”, para lo que sugirieron incluir siempre profesionales que hablen no solo las lenguas oficiales de sus países, sino también los distintos dialectos ya que, en el caso de las personas senegalesas por ejemplo, aunque el francés sea el idioma oficial, el más hablado es el wolof. 

Precisamente el dialecto es una de las herramientas utilizadas en ocasiones para determinar la nacionalidad de las personas. Fuentes judiciales han explicado a este periódico que, en algunos casos, a pesar de que los migrantes aseguren ser de un país en concreto, los intérpretes les atribuyen otra procedencia apelando a su forma de hablar. 

Los técnicos también notificaron que, en el vuelo de junio, una de las personas que bajó de los furgones en el aeropuerto de Tenerife estaba descalza, y que los repatriados no podían ir al baño mientras se aguardaba el embarque por falta de medios de acompañamiento. Por otra parte, una de las personas que fue devuelta a Mauritania aseguró que había hablado con su abogado y había solicitado asilo, pero que hasta la semana siguiente no se resolvería el trámite.

De acuerdo con la legislación española, la condición de refugiado se concede a “toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual” esté fuera de su país y por estos temores no quiera regresar a él. La norma incluye entre los motivos de persecución a contemplar la pertenencia a un grupo étnico determinado, una de las causas que ha hecho estallar el conflicto en Malí. Según las últimas cifras publicadas por CEAR, 54.065 personas solicitaron asilo en España en 2018, en su mayoría (19.280) venezolanas, seguidas por las peticiones de Colombia (8.650).