Las personas que llegan en patera, encerradas en calabozos sin cumplir la cuarentena obligatoria

“Las personas procedentes del extranjero deberán guardar cuarentena los 14 días siguientes a su llegada”. El 11 de mayo, el Ministerio de Sanidad publicó en el Boletín Oficial del Estado una Orden sobre las condiciones de aislamiento a la que deben someterse quienes lleguen a España desde otros países durante la crisis sanitaria de la COVID-19. Sin embargo, este viernes 18 migrantes que alcanzaron Canarias en patera el martes cumplen 72 horas en comisaría sin haber pasado el aislamiento, según fuentes especializadas. Un sindicato de la Policía Nacional ya advirtió al delegado del Gobierno en el Archipiélago de que estos calabozos no cumplen las condiciones de habitabilidad para detenidos administrativos y que esta práctica no cumple con la Orden del Ejecutivo central, en vigor desde hace diez días. 

Fuentes de la Delegación del Gobierno han señalado a este periódico que el paso por comisaría se da para la filiación de quienes se ven obligados a tomar vías irregulares para llegar a Europa, y asegura que estos grupos sí pasan una cuarentena. Por su parte, el juez de control del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barranco Seco, Arcadio Díaz Tejera, apunta que esta Orden no se ha aplicado a los migrantes que llegan de manera “irregular” por una falta de coordinación entre las autoridades competentes.

Antes de la pandemia, tras la primera asistencia de Cruz Roja a pie de playa, la Policía Nacional se encargaba de tomar los datos de los migrantes, que después volvían a los espacios de acogida de esta ONG o de CEAR. Por lo tanto, las competencias pasaban del Ministerio del Interior a la Secretaría de Estado de Migraciones. En la actualidad, Díaz Tejera explica que, después de la atención en puerto, Sanidad Exterior y el Servicio Canario de Salud (SCS) deben velar por que estas personas cumplan la cuarentena dándoles asistencia en centros de acogida. Pasadas las dos semanas de aislamiento, se procede a la filiación. “Esta variación del protocolo y los problemas para asumir las responsabilidades por parte de los organismos” han provocado, según el magistrado, lagunas que han conducido a los migrantes que alcanzaron el Archipiélago este fin de semana a estar en calabozos e incluso en colchones fuera de los calabozos. 

El juez considera que la Orden “parece estar pensada solo para personas que llegan a España de forma regular”. La norma establece que las personas extranjeras “deberán permanecer en su domicilio o alojamiento”, debiendo limitar sus desplazamientos a la adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad. Además, solo excluye de estas medidas a los trabajadores transfronterizos, a transportistas y tripulaciones, y a los profesionales sanitarios que se dirijan a su actividad laboral siempre que no hayan estado en contacto con positivos de coronavirus. 

Díaz Tejera espera que, ante la posibilidad de próximas llegadas de embarcaciones a las Islas, el Estado “coordine sus esfuerzos” y ningún grupo más tenga que pasar por comisaría antes de la cuarentena. “Es una cuestión de Salud Pública”, asevera. 

26 años sin recursos estables 

“Hace ya 26 años desde que llegó la primera patera y aún así, se sigue improvisando y partiendo de cero”, lamenta el juez de control, que considera que después de más de dos décadas debería existir un catálogo de inmuebles disponibles para acoger a estas personas que seguirán llegando. “La ubicación geográfica de Canarias no va a cambiar”. Además, el juez señala que existen bienes inmuebles de las Fuerzas Armadas y residencias escolares en distintos puntos de las Islas en desuso y podrían utilizarse con este fin.

En la actualidad, Cruz Roja cuenta con 21 centros en Canarias, pero no existe un plan alternativo para cuando estos lleguen a su tope. “Se vuelve a improvisar”, insiste Díaz Tejera. En este contexto, tanto las ONG encargadas de prestar atención humanitaria como la Confederación Española de Policía han reclamado un protocolo de acogida durante la emergencia sanitaria para evitar la propagación del virus y reivindican instalaciones estables donde albergar a la población migrante.

La ruta canaria, más larga y peligrosa, no se ha desactivado durante el estado de alarma. Hasta este momento, son 28 las embarcaciones conocidas que han tomado este itinerario. Este mismo miércoles una lancha que partió del Sáhara Occidental con 45 personas a bordo, entre ellas dos niños, lanzó una llamada de auxilio ante un fallo del motor. Horas más tarde la Marina marroquí se hizo cargo de su rescate. Otro incidente destacado esta semana se produjo el domingo, cuando 35 menores tuvieron que esperar ocho horas en el muelle de Arguineguín tras varios días a la deriva para ser trasladados a la Comisaría de Maspalomas.