La decisión está tomada: la Mesa de Contratación del Cabildo de Gran Canaria declarará desierto el concurso de concesión de obra pública de la Ciudad del Agua y del Deporte. Será el 5 de septiembre, en su primera reunión tras las vacaciones, y el argumento principal es que ninguna de las dos ofertas -Ralons, en nombre de la UD Las Palmas SAD, y la UTE Mazotti-Hispánica-Proyectos y Servicios Deportivos- cumple los pliegos de clásulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas.
Y la culpa no es achacable a ninguna de las dos ofertas -el hecho de que Mazotti, ahogada su tesorería por los casos de corrupción en Telde y San Bartolomé de Tirajana, se haya acogido a la Ley Concursal la descabalga de la puja-. Simplemente, la redacción de los pliegos técnicos por parte del anterior equipo de gobierno del Instituto Insular de Deportes, cuando gobernaba el PP, es inviable, así como el Programa de Necesidades de la propia concesión de obra pública.
Fuentes consultadas por este diario consideraron que “es increíble sostener el proyecto, y que las ofertantes cumplan, sin un criterio económico lógico”, ya que la inversión prevista es demasiado alta y para ser rentable la adjudicataria debería cargar sobre los abonados un precio excesivo. Ese alto coste radica en el mantenimiento y la amortización de la clave del proyecto: hasta siete piscinas con unos dos mil metros cúbicos de agua cada una. Un exceso energético cuyo coste “imposible de cumplir si se ajusta a rajatabla los pliegos, arruinaría a la larga a la adjudicataria si no se compensa con un aumento de los precios para los abonados, para el público”.
Las críticas que durante todo un año ha recibido este proyecto ideado por el PP, por parte del PSC-PSOE y NC, ahora en el gobierno insular, radicaban en la inversión pública de 10 millones de euros para una iniciativa privada que se quedaría con la explotación de todas las instalaciones durante 50 años. Ese ha sido el escollo principal en el debate entre lo público y lo privado, pero las fuentes consultadas advierten que ese debate no se ciñe al modelo elegido de concesión de obra, sino convertir el proyecto “en más público bajando el precio de los abonos”.
¿Y cómo? Pues realizando una inversión menor y aumentando las instalaciones que se puedan utilizar por un mayor número de gente. Por ejemplo: proyectando menos piscinas, con el consiguiente descenso de su gasto energético, y destinando más espacio para la zona comercial que, también en el informe realizado en su momento, se sobredimensionó sus ingresos “a precio de Mesa y López”.
Lo cierto es que el proyecto nació viciado. Tanto, que en enero pasado el propio PP admitió que no había encargado informes internos, en el Cabildo, para sacar adelante esta megaobra que llegó a tasar en casi 18 millones de euros de inversión pública y rebajó hasta 10 millones de euros meses después, tras retirar su primera propuesta del pleno de julio de 2006. La Ciudad del Agua y del Deporte era la gran apuesta del gobierno de José Manuel Soria para los Presupuestos Insulares de 2007.