Abaratar el transporte aéreo

El transporte, en sus distintas vertientes -terrestre, marítimo y aéreo-, constituye un núcleo esencial para la cohesión de un territorio. Más aún, como sucede en el caso de Canarias, cuando se trata de una comunidad fragmentada, con ocho islas habitadas y alejada más de 1.000 kilómetros del continente del que forma parte políticamente y con el que mantiene la mayoría de sus relaciones económicas, sociales y culturales.

La movilidad de mercancías y personas es básica para el bienestar, el desarrollo económico y la igualdad entre los habitantes de los distintos territorios que conforman Canarias. Y a su mejora debe contribuir tanto el Estado como el Gobierno de Canarias.

En muchos aspectos se han producido avances respecto a la movilidad de personas y mercancías en las últimas décadas, pero quedan asuntos pendientes de enorme relevancia para los ciudadanos y ciudadanas de esta tierra. Así como desigual trato entre los distintos modos de transporte.

En el caso del transporte terrestre, la competencia es canaria aunque es nula la aportación del Gobierno canario. Todas las ayudas que se dirigen al mismo provienen del Estado y de las corporaciones insulares. Colaborando, mediante los contratos programa, en el transporte regular de viajeros que realizan las compañías de guaguas de las distintas islas, comarcas o municipios. En la última década se ha incorporado, en el caso de Tenerife, el transporte guiado.

Marítimas

Respecto al transporte marítimo, nuestra comunidad tiene la competencia en su regulación, participa en la cogestión de los puertos de interés general (de titularidad estatal) y se encuentran bajo su titularidad los de interés canario.

Además, desde el año 2000, y por decisión adoptada por el Gobierno canario, aporta a la bonificación del billete marítimo a los residentes. Hoy supone un descuento del 50%, que cofinancian Canarias y el Estado, que ha reducido sensiblemente el costo de los desplazamientos marítimos entre las islas. A lo que se añade el apoyo a las líneas consideradas de servicio público, alguna de ellas de carácter intrainsular, como sucede en La Gomera.

Disponemos hoy de unas buenas conexiones marítimas, con precios más competitivos, más frecuencias y una adecuada gestión; aunque se puede y se debe seguir mejorando. Y el autogobierno ha contribuido eficazmente a ello.

Sin embargo, no ocurre lo mismo en relación con el transporte aéreo. Es una queja ciudadana permanente el elevado precio de los billetes aéreos, tanto entre las islas como en la comunicación entre Canarias y otras zonas del Estado. Aunque hay que recordar que, en la última década, hemos pasado del 33% al 50% de bonificación.

Liderar competencias aéreas

En el programa electoral de Nueva Canarias (NC) para las autonómicas de mayo de 2015 incluimos la implantación de una tarifa aérea canaria única, que contribuya a un abaratamiento significativo del precio de los billetes. Propuesta que recientemente hemos llevado al Parlamento canario para su consideración. Reclamamos, asimismo, la competencia canaria en relación con el tráfico aéreo interinsular.

Se trata de establecer un precio único del billete aéreo en las Islas para los residentes canarios. De manera que cueste igual trasladarse de Lanzarote a La Palma, de Fuerteventura a Tenerife o de El Hierro a Gran Canaria, que el billete de más bajo precio (el Tenerife-Gran Canaria).

Considero que su coste es asumible (unos 40 millones de euros al año) y que la propuesta debe ser liderada por el Ejecutivo canario, incorporándola a su agenda y luchando por comprometer en la misma al Gobierno estatal, de manera que aporte, al menos, el 50%.

Me parece bien que el tema se lleve al Congreso de los Diputados pero entiendo que sería más fácil conseguir un apoyo estatal si Canarias abanderara el proceso al tiempo que se comprometiera a contribuir, también, a su financiación.

Estoy convencido de que la implantación de una tarifa única para los vuelos interinsulares de los residentes potenciará la cohesión social y económica, así como la igualdad de oportunidades entre los isleños.

Por otra parte, la puesta en marcha de esta medida por el Ejecutivo canario también contribuiría a facilitar que el próximo Gobierno estatal acepte la aprobación de una tarifa de referencia (fijando un precio máximo) para las conexiones aéreas del Archipiélago con el Estado, otra justa exigencia canaria que llevamos en el programa de las elecciones generales del pasado 20 de diciembre.

En mi intervención parlamentaria solicité al Gobierno canario que potencie el área de transportes para desarrollar políticas de movilidad y conectividad que propicien la igualdad real entre todos los canarios, residan en la isla que residan. Preferible, en mi opinión, a la creación de fondos dotados con 160 millones de euros (procedentes del desaparecido Impuesto General por el Tráfico de Empresas, IGTE) para políticas improvisadas que no sabemos aún dónde van a ir y para qué van a servir.

La implantación de una tarifa aérea única que abarate los desplazamientos aéreos interinsulares y el establecimiento de una tarifa máxima de referencia en los traslados a otras comunidades autónomas serían, con un coste razonable para las administraciones, una verdadera conquista histórica, un instrumento muy eficaz para la cohesión social y nacional de Canarias, propiciando una mayor equidad. Así, con medidas de este tipo, se iguala realmente a los canarios y no con una sobrerrepresentación electoral.

El transporte, en sus distintas vertientes -terrestre, marítimo y aéreo-, constituye un núcleo esencial para la cohesión de un territorio. Más aún, como sucede en el caso de Canarias, cuando se trata de una comunidad fragmentada, con ocho islas habitadas y alejada más de 1.000 kilómetros del continente del que forma parte políticamente y con el que mantiene la mayoría de sus relaciones económicas, sociales y culturales.

La movilidad de mercancías y personas es básica para el bienestar, el desarrollo económico y la igualdad entre los habitantes de los distintos territorios que conforman Canarias. Y a su mejora debe contribuir tanto el Estado como el Gobierno de Canarias.