No entiendo cómo es posible que, aún con sentencias que aseveran la ilegalidad del abuso temporal, los gestores públicos se plateen no establecer, mediante una modificación del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), la estabilidad de cientos de miles de trabajadores que están afectados por este abuso.
La demagogia de que es anticonstitucional, de enarbolar la bandera de la igualdad, mérito y capacidad, no ya por algunos responsables políticos, cuyos partidos han sido cómplices por acción u omisión de esta situación, sino, incluso, por algunos sindicatos que no han sido capaces de proteger a estas personas trabajadoras de ese abuso de temporalidad, es sencillamente inaceptable.
La experiencia laboral de estos trabajadores y trabajadoras -hay quienes llevan hasta treinta años en sus tareas-, es infinita, y cualquier empresa valoraría este hecho como transcendental.
Nuestros gestores públicos están mareando el baifo sin atreverse a poner definitivamente las cosas en su sitio, es decir, darles la estabilidad a estos trabajadores y trabajadoras que están en abuso de temporalidad, para aprovechar lo más valioso que tenemos, la experiencia laboral.
Estos trabajadores, hay que dejar claro, no están pidiendo ser funcionarios sino la permanencia en sus puestos de trabajo hasta su jubilación.
Esta estabilidad debe recogerse extraordinariamente en esa modificación del EBEP y, a partir de ahí, respetar la convocatoria, al menos una vez al año, de los procesos selectivos para cubrir las plazas, tanto vacantes como de nueva creación.
Se espera en los próximos años la jubilación de más de 200.000 trabajadores en las distintas aéreas de la función pública. La estabilidad de estas personas afectadas por el abuso no es incompatible con la convocatoria de nuevas plazas, y más que deberían de sacar atendiendo, como hemos podido comprobar en esta tremenda pandemia, a la falta de personal en muchas de las administraciones públicas.
Ahora que tenemos gobiernos de progreso en el estado y en nuestro país Canario, esperamos de ellos que tengan el sentido común y la voluntad política necesaria para la buena resolución de este conflicto de una vez por todas, porque sí que creemos en lo público y es imperiosa la necesidad de reforzar todo los servicios que en estos tiempos, como nunca, hemos visto como imprescindibles.