No son ajustes, son decisiones políticas

La regeneración de la playa del Castillo, situada en Caleta de Fuste, en el municipio de Antigua (Fuerteventura), es una reivindicación cuya demanda ha transitado por diferentes despachos ministeriales sin que el Gobierno del Estado haya sido capaz –o no ha querido- de encontrar una solución que permita ejecutar una obra imprescindible para una zona turística que recibe más de medio millón de visitantes cada año.

Este simple proyecto ejemplifica cómo la política se convierte muchas veces en un obstáculo para solucionar un problema de interés social y económico cuya remedio se eterniza innecesariamente por desavenencias partidistas y por estrategias insensatas.

Pues bien, esta semana, el mismo partido que ha alargado el proceso con sus propias contradicciones, me refiero al Partido Popular, defendió en el Congreso una Proposición No de Ley que suponía la aceptación definitiva de la oferta que tantas veces le ha planteado el Cabildo Insular de Fuerteventura al Gobierno para anticipar la financiación con fondos propios, junto a inversores privados, para la ejecución de una obra que corresponde acometer al Ministerio de Medio Ambiente.

Es decir, el PP quiso con esta iniciativa en el Congreso escenificar, tras marear la perdiz tantas veces, que ahora sí acepta lo que tantas veces había rechazado y lograr, sin éxito alguno, anotarse un tanto que, en todo caso, corresponde a una institución, presidida por Mario Cabrera, que desde el pasado mes de junio de 2013 ha remitido no sé ni cuántos escritos a Costas tendiéndole la mano para desbloquear un proyecto que solo requiere un mínimo de interés político.

Este sainete con el que ahora el PP pretende imponer un cambio de rumbo y tomar la dirección que tantas veces ha señalado el Cabildo Insular se podría resolver sin necesidad de haber elevado al Congreso una iniciativa que llega demasiado tarde. Ha transcurrido demasiado tiempo y a quien corresponde mover ficha, con o sin mandato de la Cámara Baja, es al Ministerio de Medio Ambiente.

El Ministerio solo tiene que aceptar la oferta de participar en la financiación propuesta por el Cabildo y responder a los escritos de ofrecimiento que lleva enviándole dicha institución desde el pasado mes junio. O remitirle una simple autorización al borrador de convenio que el Cabildo le facilitó en la reunión mantenida el mismo mes de junio en Madrid. Un convenio en el que se propone refinanciar las obras de regeneración de la playa de El Castillo en su totalidad, con compromiso de devolución por parte del Estado, o financiar el 50% de forma compartida.

Para todo ello, no obstante, es necesario asegurar que Costas haya cumplimentado toda la tramitación administrativa previa del expediente, ya que es su responsabilidad y, al menos, hasta finales de enero no se había hecho. Otro desatino más en el tortuoso recorrido de un proyecto que representa el más claro prototipo de cómo el Gobierno aparca decisiones que afectan a administraciones gobernadas por otras fuerzas políticas distintas a la suya y cómo, al mismo tiempo, habilita partidas y agiliza trámites que reclaman instituciones que se encuentran en manos del PP.

No es la primera vez que sucede en esta Legislatura. El Gobierno del Estado amputó las ayudas a Canarias para la subvención para la desalinización de agua al mismo tiempo que habilitaba una partida de ocho millones de euros para Ceuta. O el fuerte ajuste presupuestario del convenio de carreteras con Canarias mientras cumplía con el pago de más de 90 millones de euros a Baleares. O la supresión del convenio que tanto nos costó aprobar en la pasada legislatura para la recuperación de los espacios turísticos deteriorados amparándose en que no había ni un solo euro al mismo tiempo que creaban una partida en 2014 para un proyecto de similares características, pero en la Costa del Sol.

Lo que debería hacer el PP y el Ministerio de Medio Ambiente, en el caso de la playa del Castillo, es agradecer públicamente la disponibilidad del Cabildo y el Ayuntamiento de Antigua, dos pequeñas instituciones locales con menos presupuesto que todo un gran Ministerio, y que llevan ofreciendo dinero para hacer una obra que es competencia 100% del Estado, ofreciendo recursos propios, sin que Madrid se haya dignado responder formalmente por escrito. Y tomar nota, de paso, cómo se pueden desbloquear proyectos archivados en las alejadas sedes ministeriales en las que se refieren a ajustes presupuestarios cuando realmente se trata de decisiones políticas.

La regeneración de la playa del Castillo, situada en Caleta de Fuste, en el municipio de Antigua (Fuerteventura), es una reivindicación cuya demanda ha transitado por diferentes despachos ministeriales sin que el Gobierno del Estado haya sido capaz –o no ha querido- de encontrar una solución que permita ejecutar una obra imprescindible para una zona turística que recibe más de medio millón de visitantes cada año.

Este simple proyecto ejemplifica cómo la política se convierte muchas veces en un obstáculo para solucionar un problema de interés social y económico cuya remedio se eterniza innecesariamente por desavenencias partidistas y por estrategias insensatas.