Alcaldes 'contra legem'

Alcaldes de todo el país, de todas las organizaciones políticas, menos del Partido Popular (PP) -habrá que imaginar esas consignas circulando desde Génova, escritas o verbales: “Nadie a esa concentración, ¿entendido?, nadie”- quisieron escenificarlo ayer en Madrid: fue su no rotundo, su rechazo a la Ley de Modernización y Sostenibilidad Local, la reforma de la administración local promovida por el Gobierno que está próxima a iniciar su trámite parlamentario. Quieren ir tan deprisa -¡cómo se nota que se agota la mayoría absolutista!- que el Ejecutivo espera que entre en vigor el próximo 1 de enero. De confirmarse esta voluntad, está muy clara cuál es la suerte que aguarda a las enmiendas que los grupos parlamentarios presenten en dicho trámite. La petición de retirada de la nueva norma, explícitamente formulada por los ediles, será desoída, con toda seguridad, por mucha advertencia que haya de acudir al Tribunal Constitucional.

No estaban los regidores populares pero muchos de ellos no han ocultado ni ocultan su contrariedad con esta Ley que, como apuntan expertos analistas del ámbito municipalista, no clarifica competencias ni evita duplicidades. Ya el Consejo de Estado emitió en su día un informe muy crítico sobre tales particulares, hasta el punto de ser interpretado como un varapalo a la filosofía del partido gubernamental en esta materia. Pedía el Consejo una revisión en profundidad del texto ya que, además de las razones expuestas, alegaba que no se justificaba el ahorro que vaticinaba se iba a producir con los cambios de estructura. Y lo que es peor: para el Consejo de Estado no se acredita que la prestación de servicios por las diputaciones provinciales vaya a materializarse con un coste menor del que ahora tiene siendo prestado por los ayuntamientos. Pero les dio igual: no hicieron caso y han seguido adelante.

El caso es que el texto articulado parece estar lejos de objetivos tales como la simplificación de la estructura de la administración local. Si encima no resuelve los problemas de financiación que tienen los ayuntamientos, negras perspectivas, porque de los Presupuestos Generales del Estado para 2014, los que sin fe ni pompa fueron calificados como los de la recuperación por sus mentores -por cierto, ¿dónde ha estado el presidente del Gobierno en el debate subsiguiente a su presentación en las Cortes?- no se desprende horizontes más despejados para el municipalismo en su conjunto.

La concentración de alcaldes en Madrid está cargada de simbolismo. Alcaldes contra legem, si se nos permite la licencia. Hubo también nutrida representación canaria que ha tenido en la unanimidad alcanzada sobre el particular en la Federación Canaria de Municipios (FECAM) una significativa posición de repulsa. Es una foto muy similar a la del rechazo días pasados a la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE): hay una coincidencia muy amplia de grupos políticos, de la comunidad educativa y de agentes sociales que están en desacuerdo con la norma. Representantes corporativos de la práctica totalidad de organizaciones políticas del territorio nacional dijeron ayer no a una Ley que vulnera principios de la autonomía municipal, abre brechas de desigualdad entre los ciudadanos y perjudica a éstos en cuanto que las fórmulas de gestión que prevé acarrearán servicios más caros y menos eficientes. Peor aún: nadie ha desmentido el cálculo de la pérdida de cien mil puestos de trabajo en la administración local, en caso de consumarse las reformas del PP, especialmente en el campo de los servicios sociales, donde las privatizaciones son un hecho.

Es un rechazo notable que se expresará con la presentación de una enmienda a la totalidad. A ver si la respaldan los demás grupos políticos. Aunque, tal como han evolucionado las cosas, que nadie espere cambios sustanciales. Serían milagrosos.

Alcaldes de todo el país, de todas las organizaciones políticas, menos del Partido Popular (PP) -habrá que imaginar esas consignas circulando desde Génova, escritas o verbales: “Nadie a esa concentración, ¿entendido?, nadie”- quisieron escenificarlo ayer en Madrid: fue su no rotundo, su rechazo a la Ley de Modernización y Sostenibilidad Local, la reforma de la administración local promovida por el Gobierno que está próxima a iniciar su trámite parlamentario. Quieren ir tan deprisa -¡cómo se nota que se agota la mayoría absolutista!- que el Ejecutivo espera que entre en vigor el próximo 1 de enero. De confirmarse esta voluntad, está muy clara cuál es la suerte que aguarda a las enmiendas que los grupos parlamentarios presenten en dicho trámite. La petición de retirada de la nueva norma, explícitamente formulada por los ediles, será desoída, con toda seguridad, por mucha advertencia que haya de acudir al Tribunal Constitucional.

No estaban los regidores populares pero muchos de ellos no han ocultado ni ocultan su contrariedad con esta Ley que, como apuntan expertos analistas del ámbito municipalista, no clarifica competencias ni evita duplicidades. Ya el Consejo de Estado emitió en su día un informe muy crítico sobre tales particulares, hasta el punto de ser interpretado como un varapalo a la filosofía del partido gubernamental en esta materia. Pedía el Consejo una revisión en profundidad del texto ya que, además de las razones expuestas, alegaba que no se justificaba el ahorro que vaticinaba se iba a producir con los cambios de estructura. Y lo que es peor: para el Consejo de Estado no se acredita que la prestación de servicios por las diputaciones provinciales vaya a materializarse con un coste menor del que ahora tiene siendo prestado por los ayuntamientos. Pero les dio igual: no hicieron caso y han seguido adelante.