El amanecer de todo: Piketty, Graeber y la transparencia

Los ciudadanos no sabemos todo lo que podemos saber. Debido a procesos de convergencia con otras democracias más consolidadas las Administraciones Públicas canarias se han ido adaptado a los requisitos que sobre información impone la ley de Transparencia. ¿Quiere usted saber el CV de quien dirige la Consejería de Educación o el Servicio Canario de Salud? ¿Dónde se ha formado? ¿Qué trabajos desempeñó antes de acceder a su cargo actual? ¿Su retribución íntegra anual, sin seguridad social o antigüedad? ¿Qué bienes muebles e inmuebles poseían antes de acceder a su cargo? ¿Qué deudas tiene? Pues basta entrar en Internet y, pese a que en algunos casos alguna página da error, gracias a los portales de transparencia podemos en la actualidad acceder a la información de todos estos asuntos, tanto para los cargos de Gobierno de Canarias, los Cabildos y los mayores ayuntamientos. 

Por cuestiones relacionadas con una investigación académica en la que actualmente estoy enfrascado he estado recientemente revisando esta información. Y al ver lo que cada quien ha decidido poner en los apartados de “Méritos académicos” y “trayectoria profesional” me he acordado de cuando explico en clase el sesgo de deseabilidad social. Cuando aplicamos técnicas de investigación, es decir, cuando aplicamos un estímulo (normalmente, realizar una pregunta) para obtener información es habitual que la información obtenida sea reflejo de lo que la persona investigada considera que es deseable socialmente. Los cargos públicos en Canarias creen en la meritocracia y en el valor de los títulos académicos, de los que suelen presumir un tanto. Lo que me resulta más sorprendente es la declaración de bienes, imagino que aquí también se aplica el sesgo de deseabilidad social. Nuestros cargos públicos parecen creer en un ascetismo cristiano que parece más propio de culturas calvinistas que de culturas católicas como la nuestra. O quizá lo que refleja la información a la que se puede acceder públicamente es la doble moral que a menudo se ha asociado a sociedades culturalmente católicas. 

Invito a quien lea esto a que haga el experimento mental de lo que tendría que poner si tuviera que hacer una declaración de Bienes y Derechos Patrimoniales. Y si quieren ponerse en contexto les recomiendo que lean el capítulo dedicado a la distribución de la riqueza de “El Capital en el siglo XXI”, de Thomas Piketty. Según los datos que maneja el economista francés el ingreso medio en los países “ricos” ronda los 2.500 euros, y el patrimonio medio los 150.000. Si yo tuviera que rellenar una declaración de bienes patrimoniales en el apartado de activo pondría, como muchos españolitos, el valor catastral de la vivienda en que tengo mi residencia y el saldo medio de mi cuenta corriente, además de unos 1.500 euros de participaciones de la entidad cooperativa de crédito con la que tengo mi hipoteca y mis tarjetas. Y en el apartado de “pasivo”, lo que me queda por pagar de mi hipoteca. Si tuviera que rellenar el apartado de “Méritos académicos” pondría, como como la amplia mayoría del profesorado universitario, una licenciatura y un doctorado (también conozco a quien tiene dos carreras, e incluso dos doctorados). En el apartado de Trayectoria profesional podría reseñar, además de los trabajos que ocupé antes de convertirme en Personal Docente e Investigador (PDI) los cargos que he desempeñado en mi universidad. 

En los altos cargos de la última administración autonómica ha habido de todo, como en botica. Hay gente sobradamente preparada que, solamente leyendo su CV, tengo la impresión de que deben de ser personas muy inteligentes. Y también hay personas que, a juzgar por su trayectoria profesional, su inteligencia parece tener que ver con la habilidad para medrar en un sistema de partidos políticos. Cuando he analizado el apartado de “Declaración de Bienes” también me he encontrado situaciones de los más variado. Hay quienes tienen un patrimonio de uno o dos millones de euros, hay quien afirma que la mitad de éste le ha venido por herencia, legado o donación (eso se recoge en la información públicamente disponible). Sinceramente, me parecería de una honestidad encomiable el decir “cuando accedo al cargo tengo un patrimonio de 2 millones de euros” si no fuera porque se trata de un requisito legal que los cargos públicos han de cumplir: no es honestidad, es simplemente cumplir la ley. Lo que me resulta más extraño es el caso, y hay muchos, de personas que aseguran en su trayectoria laboral que llevan varias décadas ocupando puestos muy importantes, lo que lleva un buen sueldo aparejado (una dirección general son 65.000 euros anuales) que en su declaración de bienes tienen un saldo bastante escaso, tienen menos patrimonio que yo. ¿Cinismo o incompetencia? Incompetencia: o sea, que llevas más de 30 años trabajando a un nivel muy alto, cobrando un sueldo muy elevado, y te lo has gastado casi todo, a día de hoy tienes el mismo patrimonio que yo, que llevo veinte años cobrando un sueldo que en muchos casos es la mitad. La verdad, si de “gestionar” se trata, casi lo haría mejor yo. O cinismo: sí, claro que vives en una casa de lujo, tienes coches, inversiones y demás… pero no lo declaras porque no están a tu nombre, o porque, sencillamente, piensas que estás por encima del bien y que tú estás para hacer las leyes, no para cumplirlas. 

En su reciente libro El amanecer de todo Graeber y Wengrow, al analizar el surgimiento del Estado plantean que éste la dominación, que es consustancial al estado, tiene tres fuentes: la coacción (el estado es quien tiene el monopolio de la violencia legítima, que decía Weber), el control de la información y el carisma. ¿Qué pasa en Canarias? Afortunadamente, diría que con iniciativas como las relacionadas con la transparencia estamos entrando en el amanecer de una nueva era, en la que los poderes del Estado no tienen la capacidad de controlar como hasta ahora. Sólo falta que la ciudadanía sepa y quiera usar la información.  

Los ciudadanos no sabemos todo lo que podemos saber. Debido a procesos de convergencia con otras democracias más consolidadas las Administraciones Públicas canarias se han ido adaptado a los requisitos que sobre información impone la ley de Transparencia. ¿Quiere usted saber el CV de quien dirige la Consejería de Educación o el Servicio Canario de Salud? ¿Dónde se ha formado? ¿Qué trabajos desempeñó antes de acceder a su cargo actual? ¿Su retribución íntegra anual, sin seguridad social o antigüedad? ¿Qué bienes muebles e inmuebles poseían antes de acceder a su cargo? ¿Qué deudas tiene? Pues basta entrar en Internet y, pese a que en algunos casos alguna página da error, gracias a los portales de transparencia podemos en la actualidad acceder a la información de todos estos asuntos, tanto para los cargos de Gobierno de Canarias, los Cabildos y los mayores ayuntamientos. 

Por cuestiones relacionadas con una investigación académica en la que actualmente estoy enfrascado he estado recientemente revisando esta información. Y al ver lo que cada quien ha decidido poner en los apartados de “Méritos académicos” y “trayectoria profesional” me he acordado de cuando explico en clase el sesgo de deseabilidad social. Cuando aplicamos técnicas de investigación, es decir, cuando aplicamos un estímulo (normalmente, realizar una pregunta) para obtener información es habitual que la información obtenida sea reflejo de lo que la persona investigada considera que es deseable socialmente. Los cargos públicos en Canarias creen en la meritocracia y en el valor de los títulos académicos, de los que suelen presumir un tanto. Lo que me resulta más sorprendente es la declaración de bienes, imagino que aquí también se aplica el sesgo de deseabilidad social. Nuestros cargos públicos parecen creer en un ascetismo cristiano que parece más propio de culturas calvinistas que de culturas católicas como la nuestra. O quizá lo que refleja la información a la que se puede acceder públicamente es la doble moral que a menudo se ha asociado a sociedades culturalmente católicas.