Un año para olvidar, ¿o no?

Cerramos un año que, como los dos anteriores, ha vuelto estar marcado por la ausencia de diálogo político en las Cortes Generales, el creciente distanciamiento del Gobierno del Estado de la sociedad y el imparable desapego de la ciudadanía hacia sus representantes públicos.

La desafección que se refleja en las encuestas, que este año ha alcanzado su cima, no ha sido suficiente para que aquellos que, desde 2011, gobiernan en nuestro país hayan dado un giro a una estrategia basada en la imposición, en la aplicación de políticas que dijeron que nunca acometerían y en la constante renuncia a debatir con los grupos políticos de la oposición, ni con la sociedad civil organizada ni con los agentes económicos y sociales.

Un Gobierno que cierra las puertas al diálogo, que levanta un muro infranqueable entre el partido que le apoya y el resto de las fuerzas políticas y que gestiona todo un país a golpe de decretos y de proyectos de ley que transitan por las Cortes a una velocidad inadmisible, sin margen para ser enmendados, no merece seguir al frente de un Estado en el que los ciudadanos exigen un cambio.

No existe mayor frustración que formar parte de una Cámara -en mi caso, el Senado- y ver cómo todas tus iniciativas, muchas de ellas similares a las que el PP defendió hasta su llegada a la Moncloa, son rechazadas tajantemente por aquellos mismos que lograron su escaño gracias a promesas que ahora dejan morir, pese a sus consecuencias para un territorio, como Canarias, que necesita más que ningún otro incentivos adicionales para luchar contra la crisis.

El año que ahora despedimos se cerró en el Senado de la misma manera que comenzó. Más de 4.000 enmiendas presentadas por todos los grupos políticos, entre ellas las de Coalición Canaria y AHI, en las que pedíamos una ficha adicional de 1.085 millones de euros para Canarias, fueron vetadas sin miramientos por aquellos que prometen una cosa en las Islas y votan lo contrario en Madrid.

Si al incumplimiento de las promesas sumamos el déficit democrático, el resultado es el que se manifiesta en todos los estudios de opinión: desconfianza en la política, rechazo masivo a los partidos tradicionales y un hartazgo que ha derivado en un clamor popular que reclama, sin medias tintas, que las cosas sean de otra manera, que la esperanza que naufragó con la crisis vuelva a brotar junto a la recuperación económica.

La estrategia es el acto de detenerse a pensar, analizar los hechos más allá de la superficie, cuestionar continuamente nuestros actos, estudiar con una mente tranquila y abierta lo que demandan los ciudadanos. Este ejercicio tan básico en política es el más importante que ha sido incapaz de realizar un Gobierno que creyó, y que sigue creyendo, que la mayoría absoluta que obtuvo en 2011 era un cheque en blanco para hacer lo que creyera conveniente.

La cadena de errores sigue creciendo. A unos Presupuestos que no incluyen las recetas que necesitamos para afrontar la salida de la crisis se han sumado, en el último año, otras medidas que reflejan la filosofía de un Gobierno que, además de ajustes económicos, se ha empeñado en recortar derechos, la “ley mordaza” es el último ejemplo, y seguir con privatizaciones que afectarán irremediablemente a Canarias, como es el caso flagrante de los aeropuertos.

El Partido Popular ha precipitado con sus decisiones un cambio que va a derivar en un país muy diferente al que hoy existe. El sistema político actual ya ha caducado y el que ahora comienza a forjarse debería servir para atender las nuevas realidades y responder a la crisis otorgando un mayor protagonismo a quienes hasta ahora se le ha impedido participar en la gestión de la crisis: la sociedad civil.

El espacio cerrado en el que se ha instalado el Gobierno en estos más de tres años está contaminado. Y lo está porque ha evitado que entre el aire fresco que necesita una sociedad cuando sus políticos se aíslan en sus despachos para no tener que dar la cara ni oír un clamor que nos arrastra hacia una nueva manera de entender y practicar la gestión pública.

Este ha sido, en definitiva, un año para olvidar, pero en el que hemos vivido episodios que, en un futuro, deberán ser una referencia sobre lo que nunca, jamás, debemos permitir que vuelva a ocurrir en política.

La primera regla en política, según Andoni Aldekoa, director de Gabinete de la Alcaldía de Bilbao, es que “no eres a lo que no te dedicas”. Y, en 2014, como en 2012 y 2013, el Gobierno del Partido Popular ha vuelto a mimar a los mercados, a las entidades financieras y a las grandes multinacionales, pero no se ha dedicado a atender las demandas que plantean los ciudadanos ni escuchar a quienes pronto volverán a tener la oportunidad de expresarse en las urnas.

Cerramos un año que, como los dos anteriores, ha vuelto estar marcado por la ausencia de diálogo político en las Cortes Generales, el creciente distanciamiento del Gobierno del Estado de la sociedad y el imparable desapego de la ciudadanía hacia sus representantes públicos.

La desafección que se refleja en las encuestas, que este año ha alcanzado su cima, no ha sido suficiente para que aquellos que, desde 2011, gobiernan en nuestro país hayan dado un giro a una estrategia basada en la imposición, en la aplicación de políticas que dijeron que nunca acometerían y en la constante renuncia a debatir con los grupos políticos de la oposición, ni con la sociedad civil organizada ni con los agentes económicos y sociales.