Apuntes sobre Educación para la Ciudadanía

Nuevamente se aportaron nuevas luces y reflexiones a esta nueva área establecida después de la aprobación de la LOE. El desarrollo de la charla y posterior coloquio entre los asistentes dejó nuevamente patente la necesidad de esta área en el desarrollo curricular de la enseñanza en el estado. Y todo ello al margen de la controversia surgida entre algunos grupos de ciudadanos. Sobre todo nos referimos a aquellos sectores sociales y políticos que se han posicionado en contra por considerar que invade competencias propias de las familias y que atenta contra los valores establecidos en la Constitución. Otros, entre los que nos consideramos la mayor parte de la comunidad educativa en Canarias, opinamos que enseñar esta materia puede contribuir a conseguir una sociedad más justa y con mayor sentido cívico y crítico. En este grupo debemos de igual modo hablar de la patronal de los centros de enseñanza religiosos, agrupados en torno a la FERE, los cuales han sabido adaptar los contenidos de la asignatura a la realidad religiosa de cada titularidad.

Porque más allá de la educación recibida en el ámbito familiar, hay que reflexionar sobre el hecho de que las personas no están igualmente preparadas para vivir en sociedad de manera democrática, respetuosas con los derechos humanos y tolerantes con las diferencias. Es decir, la educación para la ciudadanía se convierte en una alternativa no sólo válida sino necesaria para la construcción de valores cívicos y propios de las sociedades democráticas. Aquí es donde debería entrar el Estado como garante en el fomento de los hábitos democráticos y éticos que propicien una cultura de la paz y de solidaridad.

En este sentido, educar para la ciudadanía es educar para el desarrollo. Resulta insoslayable una enseñanza comunitaria afirmada en valores cívicos puesto que las ciudades deben reflejar no sólo capacidad para la convivencia armónica, sino también respeto al prójimo, al ser diferente, sea rico o pobre, sea hombre o mujer, sea nacional o inmigrante, creyente, ateo o agnóstico, de izquierdas, de derechas o nacionalista, heterosexual u homosexual. Todas las personas merecen el reconocimiento y el respeto de sus derechos como seres humanos, pero todas también tienen el deber de cuidar el espacio medioambiental con el fin de que las futuras generaciones también gocen de los recursos que la naturaleza ofrece. La educación cívica implica, además, mantener el orden y la limpieza de los lugares públicos. No podemos permitirnos el uso inadecuado de los espacios comunes, y mucho menos que hábitos contaminantes provoquen más gastos en limpiar que en mantener y mejorar.

Por otra parte, actualmente las ciudades son núcleos multiculturales donde las diferencias ya no son extrañas y donde el respeto y la tolerancia pasa a ser premisa esencial para la convivencia intercultural. Lamentablemente aún hoy la equidad social parece una utopía, y ni siquiera los altos estratos de la política y los gestores ortodoxos de la educación han encontrado la fórmula que contribuya a la cultura de la paz.

La preocupación por las cuestiones comunitarias y el consecuente compromiso a través de la participación social y política, son asignaturas que asimismo debieran ser alimentadas desde el inicio de la conciencia cívica. Ya lo dije en un artículo anterior al hablar de los miedos de buena parte de la clase política a la verdadera participación ciudadana, no sólo cada cuatro años con el acto simbólico de meter la papeleta de turno en la urna.

Y demás está afirmar que el municipio es el escenario más idóneo para promover la educación para la ciudadanía. El contacto cara a cara que sólo el espacio local permite es lo que posiciona a los municipios como sujetos competitivos de la promoción de hábitos cívicos. Así pues, los gobiernos locales, es decir, nuestros ayuntamientos, tienen el desafío de educar para el desarrollo, aprovechándose, no solo de la educación para la ciudadanía que se imparte en la escuela, sino también a través de las actividades que se desarrollen en los barrios y pueblos de nuestras islas. Y todo ello a pesar de que muchos ediles sigan dando el portazo a la participación ciudadana, a pesar de la doble moral que ofrecen sus discursos engañosos donde dicen fomentar la participación. Pues no, en muchos casos, incluso, se han dado retrocesos en la consecución de procesos cívicos participativos. Nos conformaremos recordándoles que la participación ni se compra ni se vende, la participación se conquista. Y esto si he ha conseguido a través de los 20 años de historia del Consejo Escolar de Canarias “mejorando la educación en Canarias” ¡Muchas felicidades!

*Antonio Hernández Lobo es Presidente de la Asociación Plan Estratégico Ciudad de Telde y Vicepresidente del Consejo Escolar Municipal de Telde Antonio Hernández Lobo*

Nuevamente se aportaron nuevas luces y reflexiones a esta nueva área establecida después de la aprobación de la LOE. El desarrollo de la charla y posterior coloquio entre los asistentes dejó nuevamente patente la necesidad de esta área en el desarrollo curricular de la enseñanza en el estado. Y todo ello al margen de la controversia surgida entre algunos grupos de ciudadanos. Sobre todo nos referimos a aquellos sectores sociales y políticos que se han posicionado en contra por considerar que invade competencias propias de las familias y que atenta contra los valores establecidos en la Constitución. Otros, entre los que nos consideramos la mayor parte de la comunidad educativa en Canarias, opinamos que enseñar esta materia puede contribuir a conseguir una sociedad más justa y con mayor sentido cívico y crítico. En este grupo debemos de igual modo hablar de la patronal de los centros de enseñanza religiosos, agrupados en torno a la FERE, los cuales han sabido adaptar los contenidos de la asignatura a la realidad religiosa de cada titularidad.

Porque más allá de la educación recibida en el ámbito familiar, hay que reflexionar sobre el hecho de que las personas no están igualmente preparadas para vivir en sociedad de manera democrática, respetuosas con los derechos humanos y tolerantes con las diferencias. Es decir, la educación para la ciudadanía se convierte en una alternativa no sólo válida sino necesaria para la construcción de valores cívicos y propios de las sociedades democráticas. Aquí es donde debería entrar el Estado como garante en el fomento de los hábitos democráticos y éticos que propicien una cultura de la paz y de solidaridad.