Ataque a la Escuela Pública, ataque a la igualdad de oportunidades

Estos meses hemos estado enredados en el Pacto Educativo, que ha acabado de manera similar al intento realizado por Gabilondo, salvo por dos matices no menores, el PSOE buscó realmente un acuerdo en 2011 que estabilizase la ley de Educación rebajando al máximo sus expectativas, y el PP ha buscado ganar tiempo y darle legitimidad a la LOMCE. La subcomisión del Pacto Educativo ha tenido la virtud de clarificar cuáles han sido las apuestas de cada partido en el ámbito de la Educación. El PP ha tratado de mantener la LOMCE, ley que nació sin consenso en la Comunidad Educativa sin el apoyo de la oposición, y ha utilizado todo tipo de maniobras dilatorias.

Ciudadanos ha puesto el foco en la formación del profesorado, buscando a medio plazo desfuncionalizar la profesión docente, a la vez que ha propuesto ir más lejos que la LOMCE en las medidas regresivas, todo lo contrario a su primer apuesta, que fue derogar la ley. El PSOE ha llevado una política errática, basculando entre pactar con el PP el método de votación, excluyendo la propuesta de Podemos de que fuese por mayoría absoluta lo que hubiera propiciado medidas progresistas en la ley, para luego acabar rematando el Pacto al salirse por la falta de compromiso por la financiación.

Desde Podemos hemos llevado una línea clara en la que apostábamos por derogar la LOMCE, apostar por la Pública frente a la Concertada y vincular las propuestas de la subcomisión a un compromiso de financiación, ya que sino no tendría credibilidad. El tiempo nos dio la razón, y la subcomisión naufragó. Nosotros nos salimos a petición de la Comunidad Educativa.

El tema de la financiación es fundamental. Los recortes en la enseñanza pública desde el comienzo de la crisis se encuentran 6.500 millones por debajo de la inversión de 2009. En el caso del Presupuesto para este 2018 queda lejos del 5% de inversión en Educación (3,89%). El Gobierno de Mariano Rajoy contempla, además, en el “Programa de Estabilidad 2018-2021” remitido a Bruselas una progresiva reducción de la inversión educativa con relación al PIB. En Canarias nos hemos quedado en el 3,7%, lejos del 5% que marca la Ley Canaria de Educación, contraviniendo, además, la PNL que aprobó el Parlamento a instancias de Podemos Canarias, de aumentar el presupuesto al 4% en este año como primer paso para llegar al 5% en 2022.

Por su parte, la enseñanza concertada ha superado los niveles de inversión pre-crisis con 160 millones más. Al mismo tiempo que nos cantan loas a la recuperación económica en este país y las desigualdades se acrecientan en beneficio de los que más tienen, la Concertada, imitando el movimiento general de este país, sale reforzada de la crisis mientras que la Pública sale muy dañada.

Esta decisión busca crear dos escuelas con fondos públicos, la de las clases medias y altas en manos de instituciones privadas-concertadas de la Iglesia católica y en menor medida laicas, y una educación para pobres que sería la pública, que juega en clara desventaja. Estamos ante un fenómeno de acumulación por desposesión (Harvey) de manual y de una política clasista y retrógrada que atenta contra la justicia social y la igualdad de oportunidades.

Según vemos en los datos ofrecidos por el MEC, en la mayor parte de las comunidades autónomas la educación concertada ha recuperado los niveles de financiación de 2009. Mientras que en algunas ha ganado peso durante este período, como son los casos de Madrid, Canarias, Murcia, Aragón, Cantabria y La Rioja. Decrece levemente respecto a 2009 en Galicia, Andalucía, Extremadura, Castilla La Mancha y las Baleares, y en el resto sube levemente o se estanca.

Madrid ha sido un ejemplo importante de asalto de la concertada a la pública. No sólo porque el porcentaje de alumnas y alumnos de la pública sea de los más bajos de España (52%), sino porque ha estado asociado a varios casos de corrupción (trama Púnica).

El PP ha aplicado una política de Educación en Madrid basada en el círculo “virtuoso” entre la corrupción promovida desde las instituciones (trama Púnica), concesiones a las Escuelas e IES privados y concertados (la mayor parte dependientes de la Iglesia Católica), medidas favorables para promover que una parte de la población matricule a sus hijos/as en los colegios concertados y privados, como son las desgravaciones al IRPF por los libros escolares o por los uniformes o los recortes presupuestarios en la pública mientras aumentan el presupuesto para la concertada. También se está promoviendo el paso de estudiantes de la universidad públicas a la privada gracias al aumento espectacular de las tasas, sobre todo en los Másters y Expertos. Por último, no hay que olvidar daños estructurales como son la pérdida progresiva de derechos, el aumento de la precariedad y los recortes salariales del profesorado. Todas estas medidas han convertido a Madrid en la comunidad que más segrega a los alumnos por clase social.

En otro nivel encontramos a Canarias, que sigue la estela de Madrid. Canarias es la segunda comunidad autónoma que más segrega por clase social, fruto de una política consciente de empeoramiento de lo publico, que redunda en beneficio de la enseñanza concertada y privada, ya que los padres y madres quieren que sus hijos/as tengan la mejor Educación, que el ascensor social vuelva a funcionar (no es el caso de los padres y madres del alumnado de clase alta ya que este ascensor nunca se estropeó para ellos), y que los centros sean más homogéneos a nivel social.

En estas tablas podemos apreciar cómo el gasto en colegios e institutos concertados descendió entre los años 2010-12, tuvo un repunte importante en el curso 2012-13 que parece que responde a pagos adeudados del curso anterior, y a partir de 2013 vemos una recuperación continuada hasta 2017 que se superaron las cifras del curso 2009-10. Sin embargo, esa recuperación no se ha visto en la Educación Pública ya que siguen los niveles de inversión por debajo de 2009. Respecto a los alumnos matriculados en cada una de las modalidades de enseñanza, la pública se mantiene casi igual que en 2009 (-230 alumnos), la concertada pierde unos 2.968 alumnos, y la Privada gana 9.572 alumnos.

Por lo tanto las dos grandes ganadoras de la crisis económica en Canarias son la educación privada, que aumenta el número de alumnos, y la concertada, que aumenta en su financiación, siendo la gran perdedora la enseñanza pública. La concertada y la privada son beneficiarias de la creencia de parte de los padres y madres de que los resultados académicos son mejores, y por lo tanto sus hijos tendrán más posibilidades de labrarse un futuro mejor.

Esta imagen está reforzada por los resultados PISA (2015) donde los centros públicos obtienen resultados un 12% peor que los concertados y privados. Estos resultados se explican por las diferencias en los recursos económicos y culturales de los hogares que envían a sus hijas e hijos a unos y otros centros. Según el sociólogo de la ULL José Saturnino, dos tercios de las diferencias en rendimiento entre los centros públicos y privados/concertados se deben a las diferencias en el estatus socioeconómico de sus alumnados. El informe PISA también señala que la brecha entre centros públicos y privados no se debe tampoco a la mayor presencia de inmigrantes en los primeros.

Podemos concluir que la política educativa del PP y de CC esconde un proyecto de clase que pretende ir vaciando progresivamente la educación pública de alumnado de clase media o clase alta, desviándola hacia la concertada y privada, abriendo interesantes vías de negocio a costa de las arcas públicas, creando, a su vez, una Educación elitista para los favorecidos de la sociedad, y una Educación para pobres denostada y falta de recursos.

Al vaciar de contenido la igualdad de oportunidades como principio en la educación degradamos la Democracia, al reforzar que una minoría tenga la mayor parte de las posibilidades de llegar a los puestos más altos del Estado, de la política, y de las empresas, a la vez que excluimos a una parte importante de la población y condenamos al fracaso a otra parte.

Si unimos la tendencia actual de culpabilizar a las víctimas del sistema a la meritocracia, tendremos un panorama muy negro donde a una parte muy importante de la población se les habrá “retirado la escalera” de la movilidad social, mientras una minoría cada vez más privilegiada copa los puestos más importantes gracias a sus recursos económicos y al capital relacional y cultural que poseen sus progenitores. Es cierto que una pequeña parte de los alumnos más desfavorecidos llegarán también arriba y de esta manera el sistema quedará legitimado, pero el número será cada vez menor al calor de los recortes en las becas y el endurecimiento para mantenerlas. En esta situación al alumnado privilegiado se les entregarán todas las cartas “marcadas”, mientras el resto jugarán con la peor mano, para luego justificar por qué unos deben progresar y otros no, por qué unos deben gobernar y los otros ser gobernados, y a esto le llamarán meritocracia.

Se hace imperativo otra educación que garantice la igualdad de oportunidades, reduzca las desigualdades, para lo que es necesario disminuir el peso de la enseñanza concertada hasta su extinción en nuestro país. Se hace necesario aplicar medidas de políticas públicas que logren estos objetivos, como la gratuidad de la enseñanza de 0 a 3 años, una política ambiciosa de becas o la gratuidad de la universidad, así como el aumento del presupuesto educativo al 5% para equipararnos a países de nuestro entorno. Todas ellas, medidas que deben de contar con la participación de la comunidad educativa.

Es necesario acabar con la LOMCE y reformular una política educativa más igualitaria y más justa socialmente. Nuestro futuro y el de las próximas generaciones, va en ello.

Estos meses hemos estado enredados en el Pacto Educativo, que ha acabado de manera similar al intento realizado por Gabilondo, salvo por dos matices no menores, el PSOE buscó realmente un acuerdo en 2011 que estabilizase la ley de Educación rebajando al máximo sus expectativas, y el PP ha buscado ganar tiempo y darle legitimidad a la LOMCE. La subcomisión del Pacto Educativo ha tenido la virtud de clarificar cuáles han sido las apuestas de cada partido en el ámbito de la Educación. El PP ha tratado de mantener la LOMCE, ley que nació sin consenso en la Comunidad Educativa sin el apoyo de la oposición, y ha utilizado todo tipo de maniobras dilatorias.

Ciudadanos ha puesto el foco en la formación del profesorado, buscando a medio plazo desfuncionalizar la profesión docente, a la vez que ha propuesto ir más lejos que la LOMCE en las medidas regresivas, todo lo contrario a su primer apuesta, que fue derogar la ley. El PSOE ha llevado una política errática, basculando entre pactar con el PP el método de votación, excluyendo la propuesta de Podemos de que fuese por mayoría absoluta lo que hubiera propiciado medidas progresistas en la ley, para luego acabar rematando el Pacto al salirse por la falta de compromiso por la financiación.