El auto soriano

Dejaré para los expertos el análisis jurídico del auto hecho público, no creo que por casualidad, la víspera del debate parlamentario sobre la reprobación psocialista a Soria. Pero no hace falta ser jurista para temer que esta decisión dificulte en el futuro las denuncias contra los poderosos. Porque el auto reprocha a Sosa haber presentado una denuncia en lugar de querellarse; o sea, debió correr con los gastos de procurador, abogado, preparación de la querella, personación, depósito de fianza y a esperar veinte años que, es fama, no son nada. A ver quién es el ciudadano que se mete en ese gasto. Está claro que lo importante no es la verdad de lo denunciado sino cómo se hace la denuncia. Seguro que para los robagallinas no hay tantos requilorios.

Tampoco es necesario ser jurista para extrañarse de que el auto descalifique los términos de la denuncia Carlos Sosa porque son los mismos del voto particular del grupo psocialista en las conclusiones de la comisión investigadora del caso eólico. Igual es cierto que lo son, pero llama la atención que prevalezca ese parentesco sobre la posibilidad de que sea esa versión la verdadera, justamente. No interesa al TSJC la verdad sino la formalidad.

Menos se entiende la afirmación de que al ser Soria en el momento del concurso frustrado presidente del Cabildo, nada tenían que ver sus funciones con el fallo pendiente. Formalmente es así, pero ocurre que el PP estaba entonces en el Gobierno y no es disparatado pensar que alguna influencia en él tendría el presidente del PP. ¿O no?

Y hay más. Soria carecía de competencias en el concurso, pero estaba muy bien situado para llevar el agua a su molino. Hagan memoria y recuerden que el asunto trascendió por vez primera cuando el consejo de Megaturbinas (empresa pública del Cabildo, ojo) recibió la orden de no presentarse al concurso eólico y de facilitarle su información a la empresa de los caseros de Soria. Como Francisco Cabrera, gerente de Megaturbinas no estuvo de acuerdo con la decisión, Soria lo despidió de inmediato, con lo que ya me contarán.

Los socios de Megaturbinas, recuerden, eran, aparte del propio Cabildo, la Consejería de Industria del Gobierno y la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Dado que Soria era presidente del Cabildo, había puesto a su hermano Luis de consejero de Industria y contaba entre sus incondicionales a José Manuel Arnáiz, presidente de la Autoridad Portuaria, algo tendría que decir por lo de blanco y en botella. Vista su influencia como presidente de uno de los partidos integrantes del Gobierno y su control personal sobre los tres socios de Megaturbinas, ¿alguien duda, conociendo a Soria, de que utilizara esa posición de poder? Sin contar del extraño contrato que comprometió a la Autoridad Portuaria a abonarle a la empresa de Esquivel unos dineros a título de beneficio si no ganaba el concurso.

Ya al margen del auto, ¿recuerdan ustedes a un político con tan largo rabolleva de trapisondas y litigios judiciales? Allí donde se sienta, la arma. Como presidente del Cabildo grancanario anduvo a la greña con los alcaldes y varios colectivos ciudadanos y laborales a causa de sus prácticas antisociales; machacó de mala manera a sus subordinados, de manera especialmente cruel a Antonio Coto, al que cesó y al que cito no porque fuera el peor parado sino debido a que acaban de imponerle la Orden del Mérito Civil por su trayectoria de casi cuarenta años en la corporación insular. ¿Y qué decir de privatizaciones como Sialsa? Al grito de que el Cabildo no estaba para fabricar yogures (lo que era cierto, pues de eso se encargaba mismamente Sialsa) le propinó un estacazo al sector ganadero nadie sabe para qué.

Ahora, como consejero de Hacienda, la bronca es con los cabildos; en especial con el de Gran Canaria, al que trata de dañar vengativamente al pretender aplazarle no el pago, sino la devolución de los dineros del Plan de Carreteras que no puso el Gobierno y que el Cabildo adelantó; y lo hace, además, mintiendo para enfrentarlo con los demás cabildos y los ayuntamientos. Paro aquí porque ya no me cabe más. Aunque anotaré el comentario de Gabriela Bravo Sanestanilao, portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): “Soria quebranta gravemente el Estado de Derecho”.

Se trata, pues, de un sujeto de actitudes antidemocráticas, sin escrúpulos para dañar a personas e instituciones y tan nefasto que no sé si atribuir su permanencia en política a algún desconocido talento o a no sé qué masoquismo isleño que le permite continuar ahí.

Espero no haber olvidado nada de cuanto me ordenó escribir López Aguilar por el móvil; que estamos siempre los mandados metidos en un susto si no cumplimos.

Dejaré para los expertos el análisis jurídico del auto hecho público, no creo que por casualidad, la víspera del debate parlamentario sobre la reprobación psocialista a Soria. Pero no hace falta ser jurista para temer que esta decisión dificulte en el futuro las denuncias contra los poderosos. Porque el auto reprocha a Sosa haber presentado una denuncia en lugar de querellarse; o sea, debió correr con los gastos de procurador, abogado, preparación de la querella, personación, depósito de fianza y a esperar veinte años que, es fama, no son nada. A ver quién es el ciudadano que se mete en ese gasto. Está claro que lo importante no es la verdad de lo denunciado sino cómo se hace la denuncia. Seguro que para los robagallinas no hay tantos requilorios.

Tampoco es necesario ser jurista para extrañarse de que el auto descalifique los términos de la denuncia Carlos Sosa porque son los mismos del voto particular del grupo psocialista en las conclusiones de la comisión investigadora del caso eólico. Igual es cierto que lo son, pero llama la atención que prevalezca ese parentesco sobre la posibilidad de que sea esa versión la verdadera, justamente. No interesa al TSJC la verdad sino la formalidad.