Avanzar en democracia, retroceder en monarquía

La leyenda rosa de la Transición nos muestra a Juan Carlos de Borbón como tutor de la minoría de edad del pueblo español: hubo una vez un astuto rey que engañó a un decrépito dictador y se apoderó de las siete llaves para abrir el cofre de las libertades. Se hizo servir por un hábil, ambicioso y joven primer ministro y juntos llevaron la nave a Puerto Democracia.

Me admira cómo seguimos confundiendo a quienes fijaron los límites del cambio democrático con quienes impulsaron tal cambio. En junio de 1977, el rey escribió al sha de Persia que “cuarenta años de un régimen totalmente personal le han hecho mucho bien al país, pero al mismo tiempo han dejado a España sin estructuras políticas” y ello es “un grave riesgo para la consolidación de la monarquía”. Juan Carlos de Borbón pide al jefe del Estado iraní 10 millones de dólares para fortalecer a Adolfo Suárez y la monarquía. El rey sabía que su papel en la Transición era garantizar que los poderes fácticos no fueran descabalgados por la presión popular. Como le dijo a José Luis de Vilallonga: “no quería a ningún precio que los vencedores de la guerra civil fueran los vencidos de la democracia”.

Joan Garcés, en su magistral Soberanos e intervenidos, nos ha mostrado cómo el Estado de excepción es la norma en el caso español. En 1959, un documento del Ejército de Estados Unidos indicaba que “antes de que Franco deje de mandar deben hacerse preparativos para asegurar que España continúa bajo un gobierno fuertemente prooccidental”. Ocho años más tarde, el general Salgado-Araujo, secretario personal de Franco, escribía que el dictador estaba al tanto de las acciones de la CIA para que España “tolere primero, y legalice después, la acción de dos partidos”, prefigurando así la amnesia bipartidista en que debía culminar la futura democracia incompleta.

El presidente estadounidense, Richard Nixon, envió un mensajero al dictador, en marzo de 1971, expresándole su interés por la sucesión monárquica. En 1975, el secretario de Estado, Henry Kissinger, remitiría al embajador estadounidense en Madrid un documento que afirmaba que la Transición “ha de estar en manos de gente esencialmente conservadora” y que, añadía, Washington actuaría “contra cualquier intento que presione por un cambio más rápido, lo cual podría forzar el proceso más allá de los límites reales”.

A los españoles se les hurtaría la posibilidad de elegir la forma de Estado ?monarquía o república-, se financiaría desde Alemania a las grandes fuerzas políticas ?que serían mucho más visibles gracias a esa financiación-, se les redactaría una ley electoral que “corregiría” su voto para asentar el bipartidismo y tendrían una Constitución única en Europa por su atribución al Ejército de la defensa “del orden constitucional”. Desde arriba y desde fuera, se presionó para limitar la democratización exigida desde abajo y desde dentro.

Nicolás Sartorius y Alberto Sabio escriben en El final de la dictadura que, “si bien el dictador Franco murió en la cama, su dictadura murió en la calle”. En 1976, hubo 34.467 huelgas en España que movilizaron a millones de ciudadanos en pos de derechos laborales, sociales, económicos y democráticos. Miles y miles de personas corrieron riesgos, más o menos graves, y sufrieron diversos grados de represión para traer libertad a España. Algunas decenas de personas perdieron la vida en ese empeño durante la segunda mitad de los años setenta. La lucha de sindicatos, partidos políticos, organizaciones estudiantiles, asociaciones vecinales y un sinfín de colectivos determinaron que España se encaminara hacia su democratización.

La monarquía, que fue impuesta por las potencias que tutelaron la Transición española, ayudó a imponer reformas desde la cúspide de la pirámide social y negó el referéndum democrático sobre la forma de Estado. Además, hizo que los hijos primogénitos varones de una única familia monopolicen la jefatura del Estado y discriminen al resto de la ciudadanía para acceder a ese cargo.

En democracia, cualquier persona debe poder elegir y ser elegida para cualquier cargo. La monarquía supone un déficit democrático porque excluye a la ciudadanía del acceso a la más alta representación del Estado. En nuestro país, hay razones históricas y de lógica democrática para cuestionar la monarquía. Y, tanto si se piensa que su instauración fue un mal necesario, como si no, es hora de asumir que la monarquía no tiene que durar indefinidamente. Ya es hora de democratizar el acceso a la jefatura del Estado, democratizar las leyes electorales, alcanzar los niveles de gasto social de la Unión Europea y afrontar otros aspectos del republicanismo democrático pendiente. Ya es hora, en suma, de esa segunda transición que supere los lastres del pasado y nos lleve a una democracia plena. Avanzar en democracia supone retroceder en monarquía.

* Ramón Trujillo, coordinador de Izquierda Unida Canaria en Tenerife.

Ramón Trujillo *

La leyenda rosa de la Transición nos muestra a Juan Carlos de Borbón como tutor de la minoría de edad del pueblo español: hubo una vez un astuto rey que engañó a un decrépito dictador y se apoderó de las siete llaves para abrir el cofre de las libertades. Se hizo servir por un hábil, ambicioso y joven primer ministro y juntos llevaron la nave a Puerto Democracia.

Me admira cómo seguimos confundiendo a quienes fijaron los límites del cambio democrático con quienes impulsaron tal cambio. En junio de 1977, el rey escribió al sha de Persia que “cuarenta años de un régimen totalmente personal le han hecho mucho bien al país, pero al mismo tiempo han dejado a España sin estructuras políticas” y ello es “un grave riesgo para la consolidación de la monarquía”. Juan Carlos de Borbón pide al jefe del Estado iraní 10 millones de dólares para fortalecer a Adolfo Suárez y la monarquía. El rey sabía que su papel en la Transición era garantizar que los poderes fácticos no fueran descabalgados por la presión popular. Como le dijo a José Luis de Vilallonga: “no quería a ningún precio que los vencedores de la guerra civil fueran los vencidos de la democracia”.