Bochornoso fin de legislatura

Aunque responder sí a estas preguntas pudiera parecer imposible, dados los penosos antecedentes del conjunto de la legislatura, los plenos celebrados en el Parlamento de Canarias esta última semana lo han demostrado y con creces: ATI-CC y PP han colocado un bochornoso broche a esta legislatura perdida.Han sido muchos, y enormemente graves, los disparates de estos últimos días. Uno de ellos, el intento de pervertir las comisiones de investigación. La conclusiones del caso Eolo, pactadas por los socios ATI-CC y PP, salvan a los responsables políticos de un escándalo que ha dañado a la política canaria y que, paralelamente, ha retrasado el avance de esta tierra en la implantación de energías renovables.La alianza conservadora entre el insularismo atico y el PP ha protegido al entonces consejero de Industria y Nueva Tecnologías del Gobierno, Luis Soria, y a su entorno, y en una muestra de hasta dónde son capaces de llegar para tratar de tapar la verdad, trata de responsabilizar del caso eólico a la oposición, en la figura de un empresario al que el juez encargado del caso levantó la imputación hace más de un mes. Desde Nueva Canarias advertimos hace tiempo de esa perversidad, de ese obsceno intento por manipular las comisiones y utilizarlas en beneficio político. Decíamos en el momento de su constitución que se hacía de forma precipitada y que no quedaba claro “qué voluntad las ha motivado, lo que nos hace sospechar que las distintas comisiones pueden convertirse en objeto de negociación entre los diferentes partidos”. No nos equivocamos en el diagnóstico. Al final, ese intercambio de intereses entre ATI y PP se ha producido sin el menor disimulo.Otro tanto ha ocurrido con la aprobación in extremis de 5.500 nuevas camas turísticas. Quiero aclarar que apoyamos esa decisión en las directrices, es decir, sólo permitir un crecimiento excepcional al año en productos de gran calidad turística, que diversificaran y cualificaran nuestra oferta. Y para ello se establecieron unos procedimientos que establecían unos requisitos y un número concreto de camas anuales. Un proceso que tenía como fecha límite el mes de abril de 2006. Un año después de superado el plazo establecido por la ley, con inusitadas prisas, tarde y mal, forzando la interpretación de lo legislado, y en un ambiente de absoluta desconfianza ciudadana aprueban esos proyectos. Lo hacen, además, en medio de razonables dudas jurídicas, de inseguridad para el empresariado y de riesgo de tener que pagar indemnizaciones por parte del erario público. Mientras que, al mismo tiempo, no han tenido voluntad alguna en cumplir lo recogido en la directriz 21, que obligaba al Ejecutivo a poner en marcha, antes de abril de 2004, medidas encaminadas “a incentivar y facilitar las actuaciones de renovación edificatoria turística, tanto alojativa como complementaria, concertando las mismas con las restantes administraciones implicadas y con las entidades financieras, en su caso”. La absoluta dejación e irresponsabilidad en esta sensible materia ha supuesto un enorme perjuicio a los pequeños propietarios turísticos –que no tienen capacidad para abordar los elevados costes de la renovación de sus apartamentos-, al conjunto de la actividad económica, a la imagen de nuestro principal motor económico y a la credibilidad de la política, enormemente dañada cuando es el propio Gobierno el que no cumple con las obligaciones que le señalan las leyes.Igualmente, sorprende el envío de un relevante paquete legislativo a los plenos de esta semana. Con leyes, como las de Juventud y del Transporte Terrestre, en buena medida elaboradas en la pasada legislatura. Y resucitando, por fin, el Plan Energético de Canarias (PECAN), elaborado asimismo hace ahora cinco años y al que presentan ahora con un buen número de recortes, tras perder las islas ese importante tiempo sin que mejoremos el peso de las energías renovables ni reduzcamos la emisión de gases de efecto invernadero que nos sitúan muy lejos de cumplir lo establecido en el protocolo de Kyoto.El desgraciado conjunto de actuaciones del Gobierno en la legislatura, el nivel de descrédito en que ha situado al Parlamento de Canarias el pacto de las vergüenzas entre ATI-CC y PP, pueden contribuir, desgraciadamente, a extender un estado de desmoralización ciudadana, de rechazo frontal hacia la política, de estímulo a la abstención, de sensación generalizada de que es imposible cambiar las cosas.Creo que tenemos que evitar que se instale esa conciencia plagada de resignación. Es precisamente con la elevada participación ciudadana, con la fuerza de los votos, como Canarias puede cambiar. Apostando por la unidad del Archipiélago, por un modelo de desarrollo sostenible, por un buen gobierno sustentado sobre el equilibrio territorial, la defensa del interés general, la administración eficiente al servicio de la ciudadanía y la plena autonomía de la política. Para que no vuelva a repetirse esta penosa legislatura, que ATI-CC y PP han protagonizado, culminándola con el más bochornoso colofón posible.(*) Román Rodríguez es diputado y presidente de Nueva Canarias. Román Rodríguez (*)

Aunque responder sí a estas preguntas pudiera parecer imposible, dados los penosos antecedentes del conjunto de la legislatura, los plenos celebrados en el Parlamento de Canarias esta última semana lo han demostrado y con creces: ATI-CC y PP han colocado un bochornoso broche a esta legislatura perdida.Han sido muchos, y enormemente graves, los disparates de estos últimos días. Uno de ellos, el intento de pervertir las comisiones de investigación. La conclusiones del caso Eolo, pactadas por los socios ATI-CC y PP, salvan a los responsables políticos de un escándalo que ha dañado a la política canaria y que, paralelamente, ha retrasado el avance de esta tierra en la implantación de energías renovables.La alianza conservadora entre el insularismo atico y el PP ha protegido al entonces consejero de Industria y Nueva Tecnologías del Gobierno, Luis Soria, y a su entorno, y en una muestra de hasta dónde son capaces de llegar para tratar de tapar la verdad, trata de responsabilizar del caso eólico a la oposición, en la figura de un empresario al que el juez encargado del caso levantó la imputación hace más de un mes. Desde Nueva Canarias advertimos hace tiempo de esa perversidad, de ese obsceno intento por manipular las comisiones y utilizarlas en beneficio político. Decíamos en el momento de su constitución que se hacía de forma precipitada y que no quedaba claro “qué voluntad las ha motivado, lo que nos hace sospechar que las distintas comisiones pueden convertirse en objeto de negociación entre los diferentes partidos”. No nos equivocamos en el diagnóstico. Al final, ese intercambio de intereses entre ATI y PP se ha producido sin el menor disimulo.Otro tanto ha ocurrido con la aprobación in extremis de 5.500 nuevas camas turísticas. Quiero aclarar que apoyamos esa decisión en las directrices, es decir, sólo permitir un crecimiento excepcional al año en productos de gran calidad turística, que diversificaran y cualificaran nuestra oferta. Y para ello se establecieron unos procedimientos que establecían unos requisitos y un número concreto de camas anuales. Un proceso que tenía como fecha límite el mes de abril de 2006. Un año después de superado el plazo establecido por la ley, con inusitadas prisas, tarde y mal, forzando la interpretación de lo legislado, y en un ambiente de absoluta desconfianza ciudadana aprueban esos proyectos. Lo hacen, además, en medio de razonables dudas jurídicas, de inseguridad para el empresariado y de riesgo de tener que pagar indemnizaciones por parte del erario público. Mientras que, al mismo tiempo, no han tenido voluntad alguna en cumplir lo recogido en la directriz 21, que obligaba al Ejecutivo a poner en marcha, antes de abril de 2004, medidas encaminadas “a incentivar y facilitar las actuaciones de renovación edificatoria turística, tanto alojativa como complementaria, concertando las mismas con las restantes administraciones implicadas y con las entidades financieras, en su caso”. La absoluta dejación e irresponsabilidad en esta sensible materia ha supuesto un enorme perjuicio a los pequeños propietarios turísticos –que no tienen capacidad para abordar los elevados costes de la renovación de sus apartamentos-, al conjunto de la actividad económica, a la imagen de nuestro principal motor económico y a la credibilidad de la política, enormemente dañada cuando es el propio Gobierno el que no cumple con las obligaciones que le señalan las leyes.Igualmente, sorprende el envío de un relevante paquete legislativo a los plenos de esta semana. Con leyes, como las de Juventud y del Transporte Terrestre, en buena medida elaboradas en la pasada legislatura. Y resucitando, por fin, el Plan Energético de Canarias (PECAN), elaborado asimismo hace ahora cinco años y al que presentan ahora con un buen número de recortes, tras perder las islas ese importante tiempo sin que mejoremos el peso de las energías renovables ni reduzcamos la emisión de gases de efecto invernadero que nos sitúan muy lejos de cumplir lo establecido en el protocolo de Kyoto.El desgraciado conjunto de actuaciones del Gobierno en la legislatura, el nivel de descrédito en que ha situado al Parlamento de Canarias el pacto de las vergüenzas entre ATI-CC y PP, pueden contribuir, desgraciadamente, a extender un estado de desmoralización ciudadana, de rechazo frontal hacia la política, de estímulo a la abstención, de sensación generalizada de que es imposible cambiar las cosas.Creo que tenemos que evitar que se instale esa conciencia plagada de resignación. Es precisamente con la elevada participación ciudadana, con la fuerza de los votos, como Canarias puede cambiar. Apostando por la unidad del Archipiélago, por un modelo de desarrollo sostenible, por un buen gobierno sustentado sobre el equilibrio territorial, la defensa del interés general, la administración eficiente al servicio de la ciudadanía y la plena autonomía de la política. Para que no vuelva a repetirse esta penosa legislatura, que ATI-CC y PP han protagonizado, culminándola con el más bochornoso colofón posible.(*) Román Rodríguez es diputado y presidente de Nueva Canarias. Román Rodríguez (*)