¡Qué bonita es Tarragona!

Por lo que he leído, visto y oído, probablemente existen muy pocos lugares en el mundo donde la compatibilidad del turismo con la industria pesada adquieren una complementación tan extraordinaria. Y, según parece, está todo el mundo contento. Están contentos los responsables políticos, los representantes de los pescadores, los trabajadores? Pero ese aire bucólico no me casa con las noticias que los medios de comunicación más cercanos a la Costa Dorada mediterránea y otros no tan cercanos nos vienen transmitiendo desde hace algunos años. Desde 2004 hasta la actualidad se han producido en esa zona 18 vertidos de los que 8, algunos de una considerable dimensión, corresponden a Repsol. El primer derrame repsoliano ?de dos kilómetros de largo- lo ocasionó en febrero de 2004 la plataforma Casablanca y luego vendrían otros en ese mismo año, en 2006, 2007 (2), 2009, 2010 (2)?

Durante todos estos años la prensa no ha cesado de informarnos sobre estos incidentes. En 2007, elEconomista.es anunciaba que las cofradías de pescadores de Tarragona y Cambrils estudiaban querellarse contra la petrolera por vertidos de crudo frente a las costas. El mismo representante de los pescadores que hoy se pasea por los medios hablando de las bondades del petróleo, Esteve Ortiz, apuntaba cómo le estaban afectando los derrames a la flota pesquera y a las especies marinas. En 2008 una fuga tóxica provocó la muerte de toneladas de peces y el corte de parte del suministro de agua a la ciudad. En 2009 el juzgado número 3 de Tarragona, a instancias de la fiscalía, abrió una investigación por la vía penal contra la petrolera y la empresa Pride of North America por un presunto delito contra el medio ambiente al producirse dos fugas de crudo sin que se informara de ello a las autoridades. En noviembre del mismo año El País nos participaba que los pescadores habían conseguido que la compañía les indemnizara (se hablaba de 1,5 millones de euros) por los daños causados. En diciembre de 2010 el periódico El Mundo daba cuenta de una investigación abierta por la Subdelegación del Gobierno en Tarragona por un vertido de fuel que alcanzó una extensión de 19 kilómetros cuadrados, “el equivalente a 2.000 campos de fútbol”, decía.

Más tarde se supo que el ministerio de Medio Ambiente había eximido a la empresa del estudio de impacto ambiental (EIA) correspondiente. En diciembre de 2010 el error de un operario provocó un vertido ante el delta del Ebro de entre 120.000 y 180.000 litros que ocupaba unas 1.900 hectáreas. En enero de 2011 El Periódico de Cataluña publicaba que los vertidos de petróleo se abrían paso en los juzgados tarraconenses y nos decía que “la costa de Tarragona no sale indemne de la intensa actividad petrolera que se desarrolla en sus aguas”. Según el fiscal de Medio Ambiente de Tarragona todos los expedientes abiertos siguen su cauce y no están archivados. Por esas mismas fechas, el periódico de Prisa, afirmaba que el Gobierno exigía más seguridad a Repsol tras el goteo de vertidos: “La repetición de fugas nos obliga a revisar los protocolos de seguridad de Repsol para evitar más vertidos”, advertía la subdelegada del Gobierno. El alcalde, del PSOE, llamaba a la asunción de más inversiones en seguridad y al compromiso “de tener riesgos cero en estas fugas”, lo que fue contestado por la compañía con el anuncio de una inversión de 130 millones de euros. También en esta ocasión el patrón mayor de la Cofradía, Esteve Ortiz, decía en ABC que se quejaban de la falta de información por parte de la compañía petrolífera, que “sólo acaban consiguiendo cuando acuden a los tribunales”.

En fin, que no parece que todo sea una balsa de aceite. O sí, según se mire. Lo cierto es que Ángel Suárez, presidente de la Coordinadora de Entidades de las Comarcas de Tarragona, ha pedido la creación de un Tribunal Internacional de Medio Ambiente que “permita perseguir, juzgar, y sancionar a las multinacionales que están contaminando nuestros mares y océanos con la máxima tranquilidad y sin ningún control”. Visto lo visto, no me mudo. Y seguiré confiando en la capacidad de la sociedad canaria para defender un modelo energético limpio, renovable, autosuficiente, soberano, respetuoso con la naturaleza, plural, democrático, cercano?

Antonio Morales

Por lo que he leído, visto y oído, probablemente existen muy pocos lugares en el mundo donde la compatibilidad del turismo con la industria pesada adquieren una complementación tan extraordinaria. Y, según parece, está todo el mundo contento. Están contentos los responsables políticos, los representantes de los pescadores, los trabajadores? Pero ese aire bucólico no me casa con las noticias que los medios de comunicación más cercanos a la Costa Dorada mediterránea y otros no tan cercanos nos vienen transmitiendo desde hace algunos años. Desde 2004 hasta la actualidad se han producido en esa zona 18 vertidos de los que 8, algunos de una considerable dimensión, corresponden a Repsol. El primer derrame repsoliano ?de dos kilómetros de largo- lo ocasionó en febrero de 2004 la plataforma Casablanca y luego vendrían otros en ese mismo año, en 2006, 2007 (2), 2009, 2010 (2)?

Durante todos estos años la prensa no ha cesado de informarnos sobre estos incidentes. En 2007, elEconomista.es anunciaba que las cofradías de pescadores de Tarragona y Cambrils estudiaban querellarse contra la petrolera por vertidos de crudo frente a las costas. El mismo representante de los pescadores que hoy se pasea por los medios hablando de las bondades del petróleo, Esteve Ortiz, apuntaba cómo le estaban afectando los derrames a la flota pesquera y a las especies marinas. En 2008 una fuga tóxica provocó la muerte de toneladas de peces y el corte de parte del suministro de agua a la ciudad. En 2009 el juzgado número 3 de Tarragona, a instancias de la fiscalía, abrió una investigación por la vía penal contra la petrolera y la empresa Pride of North America por un presunto delito contra el medio ambiente al producirse dos fugas de crudo sin que se informara de ello a las autoridades. En noviembre del mismo año El País nos participaba que los pescadores habían conseguido que la compañía les indemnizara (se hablaba de 1,5 millones de euros) por los daños causados. En diciembre de 2010 el periódico El Mundo daba cuenta de una investigación abierta por la Subdelegación del Gobierno en Tarragona por un vertido de fuel que alcanzó una extensión de 19 kilómetros cuadrados, “el equivalente a 2.000 campos de fútbol”, decía.