Buenas intenciones, malos resultados

La Constitución española reconoce, en su artículo 47, el derecho al disfrute de una vivienda digna y adecuada e impone seguidamente a los poderes públicos el deber de promover las condiciones necesarias que garanticen la igualdad en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales, estableciendo las normas pertinentes para hacer efectivo el referido derecho, siendo fundamental porque es esencial para la dignidad humana, la seguridad, el desarrollo personal, la igualdad de oportunidades y la protección de colectivos de personas vulnerables. Hay que tener en consideración que, sin acceso a una vivienda adecuada, otros derechos y oportunidades básicas pueden quedar fuera del alcance de las personas, lo que socava su capacidad para vivir vidas dignas y plenas, de forma que la polarización de las situaciones se agudizaría, rompiendo cada vez más la cohesión social, entendiendo que la vivienda en sí es un elemento que proporciona seguridad, privacidad y comodidad, lo que contribuye a su salud física y mental, siendo crucial para el desarrollo y crecimiento de las personas.

Lo cierto es que se muestra como un problema recurrente de difícil solución porque, por más que se intente intervenir en el mercado desde la perspectiva administrativa, la falta objetiva de oferta desestabiliza el mercado en forma de precios altos para cualquier solución habitacional. De forma concreta en Canarias, la demanda previsible de vivienda para residentes será de unas 9.000-10.000 viviendas al año. Si a éstas se añade la demanda para usos secundarios, aproximadamente el 20% del total, la demanda total anual de viviendas se estima en 11.000-12.000 viviendas al año. Tengamos en cuenta que cada año se inicia la construcción de entre 2.500-3.000 nuevas viviendas, que tardarán unos dos años de media en ponerse en el mercado. La diferencia entre nueva oferta y demanda la está cubriendo la reconversión de vivienda secundaria en principal, en unas cifras que oscilan los últimos años entre las 7.500 y las 12.000 viviendas al año. Sin embargo, este proceso de reconversión es limitado en su potencial debido a que el stock de vivienda secundaria representa actualmente el 23% del total, el menor porcentaje sobre el total de los que llevamos de siglo. Adicionalmente, buena parte de las viviendas vacías están ubicadas en zonas donde la demanda de vivienda es menor. Por esa razón, se puede constatar que estamos ante un problema de oferta donde el ritmo actual de construcción de viviendas no cubre las necesidades de los residentes, y los precios reaccionan al alza ante la insuficiencia de la oferta para cubrir la demanda teniendo claro que, mientras este problema no se resuelva, se agravarán en el futuro los problemas de precios y oferta en todos los mercados.

Ahora bien, la vivienda también es un elemento de inversión (para lo cual solo hay que recordar lo sucedido en la crisis financiera de 2008) donde nuestros dineros se materializan con el objeto de adquirir activos que no se deprecien. Por esa razón, la fina línea existente entre el uso de la propiedad privada y la conformación de un derecho constitucional no debe mezclarse, puesto que de lo contrario invitaríamos a la contemplación en lugar de al esfuerzo, esperando a que alguien nos saque las castañas del fuego, siendo ahí cuando nos preguntamos ¿por qué a mí no y sí al resto?

La Constitución española reconoce, en su artículo 47, el derecho al disfrute de una vivienda digna y adecuada e impone seguidamente a los poderes públicos el deber de promover las condiciones necesarias que garanticen la igualdad en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales, estableciendo las normas pertinentes para hacer efectivo el referido derecho, siendo fundamental porque es esencial para la dignidad humana, la seguridad, el desarrollo personal, la igualdad de oportunidades y la protección de colectivos de personas vulnerables. Hay que tener en consideración que, sin acceso a una vivienda adecuada, otros derechos y oportunidades básicas pueden quedar fuera del alcance de las personas, lo que socava su capacidad para vivir vidas dignas y plenas, de forma que la polarización de las situaciones se agudizaría, rompiendo cada vez más la cohesión social, entendiendo que la vivienda en sí es un elemento que proporciona seguridad, privacidad y comodidad, lo que contribuye a su salud física y mental, siendo crucial para el desarrollo y crecimiento de las personas.

Lo cierto es que se muestra como un problema recurrente de difícil solución porque, por más que se intente intervenir en el mercado desde la perspectiva administrativa, la falta objetiva de oferta desestabiliza el mercado en forma de precios altos para cualquier solución habitacional. De forma concreta en Canarias, la demanda previsible de vivienda para residentes será de unas 9.000-10.000 viviendas al año. Si a éstas se añade la demanda para usos secundarios, aproximadamente el 20% del total, la demanda total anual de viviendas se estima en 11.000-12.000 viviendas al año. Tengamos en cuenta que cada año se inicia la construcción de entre 2.500-3.000 nuevas viviendas, que tardarán unos dos años de media en ponerse en el mercado. La diferencia entre nueva oferta y demanda la está cubriendo la reconversión de vivienda secundaria en principal, en unas cifras que oscilan los últimos años entre las 7.500 y las 12.000 viviendas al año. Sin embargo, este proceso de reconversión es limitado en su potencial debido a que el stock de vivienda secundaria representa actualmente el 23% del total, el menor porcentaje sobre el total de los que llevamos de siglo. Adicionalmente, buena parte de las viviendas vacías están ubicadas en zonas donde la demanda de vivienda es menor. Por esa razón, se puede constatar que estamos ante un problema de oferta donde el ritmo actual de construcción de viviendas no cubre las necesidades de los residentes, y los precios reaccionan al alza ante la insuficiencia de la oferta para cubrir la demanda teniendo claro que, mientras este problema no se resuelva, se agravarán en el futuro los problemas de precios y oferta en todos los mercados.