Canarias: Democracia trucada y frustración ciudadana por Demócratas Para El Cambio

¿Cómo seguir manteniendo que lo que se dirime en el Parlamento canario, por el hecho de haberse aprobado con los suficientes apoyos de diputados, debe quedar al margen de cualquier puesta en cuestión de legitimidad, cuando se ha aplicado una barrera electoral por circunscripción del 30 por ciento? Esta imposición hace que en una isla 1.500 canarios tengan su diputado, cuando 45.000 de los canarios de otra no han podido sentar siquiera un representante en la Cámara. ¿Decide la mayoría? En Canarias, desde luego, no. Nuestro sistema electoral es el “peor de la clase”, el último de España en proporcionalidad y calidad democrática. Y roza la anticonstitucionalidad.

Algunos se esmeran en recalcar que a pesar de estos penosos atributos, el Tribunal Constitucional lo ha considerado legal. Tirar basura a la calle, apagar colillas en las paredes, aparcar en sitios para minusválidos, no recoger los excrementos del perro, utilizar palabrotas ante un niño, insultar, escupir, quizá no sean acciones legalmente punibles, pero desde luego no son moralmente tolerables ni compartidas como valores por una sociedad digna. Pero, además, sí podemos estar actualmente en condiciones de volver a plantear ante el Tribunal Constitucional la anticonstitucionalidad de la legislación electoral canaria, pues además de los exagerados déficit ya mencionados, se da el hecho de que Fuerteventura, con 7 diputados, ha superado ampliamente en población a La Palma, que tiene 8, argumento suficiente para interponer causa ante el alto tribunal.

Y es que los sistemas electorales forzados hacen agua por todas partes. ¿Qué decir de un sistema que no permite asignar una parte de sus diputados por censo como ha previsto la casi totalidad de las comunidades autónomas? Se hizo algo que no se produjo en ningún otro lugar del Estado: contentar a una minoría con un contrato blindado que asegurase de manera inamovible su presencia sobrerrepresentada en el Parlamento a cambio de que saliera adelante el Estatuto de 1982. Y de que saliera adelante como fuera, incluso a costa de ignorar y violentar el “status quo” previo conseguido tras centurias de conflicto y lucha entre territorios, con las correspondientes leyes de Cabildos (1912) y de división provincial (1927).

Nos referimos ahora al otro aspecto que hay que corregir en el futuro Estatuto y del que poco o nada se habla: la bicapitalidad efectiva, y no meramente formal, de nuestra Comunidad. Ésta debe plantearse con naturalidad y firmeza. Sólo con reglas de juego iguales y equitativas, claras e inequívocas, se conseguirá erradicar la sombra de duda que acompaña a cada una de las decisiones que el Parlamento -ya bastante denostado- toma cuando se trata de asignar recursos o medios materiales a esta o aquella parte.

Reconstituido el estatus previo a 1982, y corregido el Sistema Electoral para que consiga dar a los ciudadanos un Parlamento presidido por la proporcionalidad, será como los canarios puedan superar por fin su frustración y distanciamiento de lo público y creer en su comunidad autónoma con lealtad. Sin estas condiciones mínimas de corrección, es probable que afloren otras propuestas de carácter involucionista o de fractura.

En una sociedad libre, que se ha dotado de una democracia representativa como modelo de convivencia, todo -desde los presupuestos a la elección presidencial, pasando por los catálogos de especies a proteger-, se termina por decidir en las correspondientes cámaras de representantes, en este caso, en el Parlamento. Los ciudadanos debemos ser conscientes de esta situación y luchar por cambiarla sin necesidad de buscar el apoyo de los partidos. Como alguien dijo, si tú no te ocupas de la política, la política se ocupará de ti. Y así es. Aquí los resultados hablan. La política y los políticos que se llevan ocupando de Canarias casi 30 años ofrecen su saldo: record en paro, en fracaso escolar y en pobreza; ahora, con crisis, y antes, sin crisis. Hagamos algo pronto, las próximas elecciones autonómicas serán dentro de un año.

* Asociación Cívica nº G1/S1/15641-09/GC. Vicente Mujica Moreno, José Manuel Marrero Henríquez, Juan José Pons Bordes, Luis Roca Arencibia, Manuel Rodríguez González, José Manuel Brito López y 2.198 simpatizantes más.

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Demócratas Para El Cambio*

¿Cómo seguir manteniendo que lo que se dirime en el Parlamento canario, por el hecho de haberse aprobado con los suficientes apoyos de diputados, debe quedar al margen de cualquier puesta en cuestión de legitimidad, cuando se ha aplicado una barrera electoral por circunscripción del 30 por ciento? Esta imposición hace que en una isla 1.500 canarios tengan su diputado, cuando 45.000 de los canarios de otra no han podido sentar siquiera un representante en la Cámara. ¿Decide la mayoría? En Canarias, desde luego, no. Nuestro sistema electoral es el “peor de la clase”, el último de España en proporcionalidad y calidad democrática. Y roza la anticonstitucionalidad.

Algunos se esmeran en recalcar que a pesar de estos penosos atributos, el Tribunal Constitucional lo ha considerado legal. Tirar basura a la calle, apagar colillas en las paredes, aparcar en sitios para minusválidos, no recoger los excrementos del perro, utilizar palabrotas ante un niño, insultar, escupir, quizá no sean acciones legalmente punibles, pero desde luego no son moralmente tolerables ni compartidas como valores por una sociedad digna. Pero, además, sí podemos estar actualmente en condiciones de volver a plantear ante el Tribunal Constitucional la anticonstitucionalidad de la legislación electoral canaria, pues además de los exagerados déficit ya mencionados, se da el hecho de que Fuerteventura, con 7 diputados, ha superado ampliamente en población a La Palma, que tiene 8, argumento suficiente para interponer causa ante el alto tribunal.