Canarias: ni Lesbos, ni cárcel flotante… ni Dubái

La Audiencia de Las Palmas ha dictado un auto no recurrible archivando la denuncia que presentó la alcaldesa de Mogán por delitos contra la libertad y contra la integridad moral de los migrantes, por las condiciones en las que fueron instalados en el campamento provisional del muelle de Arguineguín. En dicho auto, la Audiencia concluye que no hubo delitos, a pesar de reconocer las “pésimas” y “lamentables” condiciones que padecieron.

La reflexión de la Audiencia

La Autoridad judicial ha hecho una “previa reflexión”, al iniciar su resolución, que ha pasado -en mi opinión- bastante bastante inadvertida: que los migrantes son personas, lo que a veces se olvida “pues no dejan de ser utilizadas como armas arrojadizas”. Y que cuando se les ofrecieron “soluciones alojativas en distintos hoteles” fue “una solución que también engendró polémica”. Concluye la Audiencia esta reflexión previa expresando “En cualquier caso parece posible huir de la idea de que esta Isla quería ser convertida en una Nueva Lesbos”. 

Esta resolución judicial ha coincidido temporalmente con la noticia de que “El Ayuntamiento de Mogán asciende a un policía condenado por torturar y lesionar a un emigrante senegalés”. Era inevitable que quienes hemos seguido toda la oleada migratoria a través de la Ruta de Canarias recordemos estos días algunos episodios que han jalonado el curso de este último año y medio. 

¿Proteger a los emigrantes o multar a los hoteles?

El primer recuerdo, el de la alcaldesa de Mogán amenazando con sancionar a los hoteles de su municipio que alojaran emigrantes. La solución, también provisional, que posibilitó vaciar el muelle de Arguineguín, como reconoce la Audiencia Provincial. ¿Por un lado aparentar defender la dignidad de los migrantes y, por otro, sancionar a los hoteles que los acojan por iniciativa gubernativa? 

Los ataques de Oramas y Clavijo al Gobierno

El segundo, tercero, cuarto...recuerdos, son los de los interminables ataques de Oramas, Clavijo y otros representantes de Coalición Canaria al Gobierno de España acusándole de querer convertir a Canarias en una nuevas Lesbos o Lampedusa, en la “cárcel del Sur” (Clavijo,18/11/2020) o en una “cárcel para inmigrantes”(Oramas, 25/02/21). La última, que yo sepa, durante el debate de los Presupuestos Generales del Estado en el Senado (9/12/21, es decir anteayer), exigiéndole al Gobierno “que no actúe como un policía que utiliza a Canarias como una cárcel flotante”. 

Y entretanto y a lo largo de todos estos meses, estas críticas se han visto coreadas en Tenerife por innumerables declaraciones y hasta por panfletos, como el que repartieron en La Laguna reproduciendo unas declaraciones de Clavijo en el Senado, fomentando el agravio comparativo entre los canarios que tienen carencias sociales y los inmigrantes africanos alojados temporalmente en hoteles con cargo al erario público.

No repararon en que la afluencia migratoria, como la autoridad judicial ha reconocido, tuvo que afrontarse “en una situación de carencia de recursos ante el número de inmigrantes que afrontaron la travesía” recursos alojativos que habían sido desmantelados durante la última década, a pesar de la grave advertencia que supuso la “crisis de los cayucos” de 2006. Ni que la penuria de condiciones no respondió a “una voluntaria actuación de las autoridades”. Ni que, en fin, “la medida adoptada fue adecuada, por más indeseable que parezca, a la situación de hecho a la que se enfrentaron las autoridades”. 

Y cuando los migrantes fueron trasladados, en condiciones alojativas inicialmente muy deficientes, a instalaciones militares en desuso (tal y como había propuesto el propio Clavijo en moción ante el Senado de 23-09-20: “Instar al Gobierno a (...): 5.- La habilitación de espacios que reúnan las condiciones adecuadas para la acogida de los migrantes en infraestructuras que son titularidad del Ministerio de Defensa, que actualmente se encuentran en desuso”), entonces recurrieron al fondo de armario de los agravios comparativos entre Tenerife y Gran Canaria, que tan magistralmente ha usado y usará la derecha tinerfeña y sus representantes “nacionalistas” cada vez que les convenga. 

Sin embargo, el tiempo ha pasado y las instalaciones militares han sido acondicionadas por las actuaciones que el Gobierno ejecutó en plena vorágine migratoria por medio del Plan Canarias. Y, de todos los inmigrantes arribados a nuestras costas desde finales de 2020 hasta la fecha (más de 40.000), aquí y ahora quedan muy pocos. Luego, de cárcel nada. Y contamos, además, con una importante dotación de 

instalaciones-permanentes-para-acogida-temporal, que habían sido desmanteladas durante la pasada década con la complicidad entre Coalición Canaria y los sucesivos Gobiernos del PP. 

Nada les importó a Oramas y cía. que la ruta migratoria del Atlántico se reactivara en medio de la pandemia y de sus devastadores efectos sobre la economía de los países africanos. Ni les importaron las dificultades sobrevenidas para la aplicación de las normas europeas y españolas sobre retorno de los migrantes irregulares a los países de origen, que habían cerrado sus fronteras como medida antipandemia. Circunstancias todas también reconocidas judicialmente. 

Porque lo único que les importa es utilizar a las personas migrantes como arma arrojadiza para soliviantar a la opinión pública canaria, usando el manual clásico de la extrema derecha, cuyos genes siempre han estado presentes en la génesis y las mañas de la vieja ATI, a la que ahora intentan de nuevo dar por rediviva ante el declive de Coalición Canaria. Y como táctica para competir con Vox, que ha recuperado un electorado ultraderechista que el PP logró acaparar en las elecciones generales en Tenerife y ATI/Coalición Canaria en las municipales, insulares y autonómicas desde un ya remoto 1987. 

Que se los lleven

De forma que, tanto cuando pretendan aparentar ocasionalmente que se preocupan por la dignidad de los inmigrantes, como cuando amagan con sancionar a los hoteles que los acogen, intenten crear agravios comparativos entre los canarios con necesidades sociales y esas personas hospedadas transitoriamente en esos hoteles o reclamen para uso ciudadano -como en La Laguna- los acuartelamientos habilitados a contrarreloj para afrontar la oleada migratoria, el mensaje de fondo, el que no se atreven por ahora a

expresar a las claras es “que se los lleven”. O mejor: “que no los dejen entrar”, aunque para impedirlo haya que enviar a la Armada. 

Parece que a Clavijo y sus secuaces en realidad les convendría, para seguir hablando de cárcel para migrantes o seguir soliviantando a la gente, que todavía estuviéramos en aquellos complicadísimos meses de finales del 2020. Porque, como le ocurre al PP con la extinta ETA, contra la avalancha migratoria vivían y manipulaban mejor. 

Clavijo, el mismo que se fue a New York a proponer a Canarias como la Nueva Dubái del siglo XXI. Sin al menos tomarse el trabajo de matizar “pero sin esclavizar a los migrantes”. Ni eso. 

La Audiencia de Las Palmas ha dictado un auto no recurrible archivando la denuncia que presentó la alcaldesa de Mogán por delitos contra la libertad y contra la integridad moral de los migrantes, por las condiciones en las que fueron instalados en el campamento provisional del muelle de Arguineguín. En dicho auto, la Audiencia concluye que no hubo delitos, a pesar de reconocer las “pésimas” y “lamentables” condiciones que padecieron.

La reflexión de la Audiencia