Canarias tiene un límite. Gobierno autónomo y cabildos no lo ven

La voluntad manifiesta, el día 20 del pasado abril, en todas las islas del Archipiélago, pidiendo algún tipo de control al crecimiento turístico no ha tenido consecuencia alguna, ni merecido respuesta de las instituciones públicas, últimos responsables para tomar decisiones, al respecto. 

La propuesta limitada y algo oportunista de estudiar una Eco-tasa como solución fue rechazada. Ni proponentes, ni oponentes hicieron mención alguna a la denuncia de los manifestantes, sobre los desequilibrios medio-ambientales, los desequilibrios sociales y económicos producidos por el crecimiento sin límites, descontrolado, de la actividad turística. La alianza PP-CC en el Gobierno debe gestionar y asumir su responsabilidad en la aprobación de la Ley 19/2003 de las Directrices de Ordenación del Turismo que aprobó siendo presidente Román Rodríguez. Son los mismos partidos que vuelven a gobernar hoy, 21 años después, con distinto presidente, ahora, Fernando Clavijo. Y al igual que hoy los movimientos ecologistas, ya en 2001 hubo contestación del Colegio de Arquitectos de Canarias y la Plataforma Socio-empresarial de Gran Canaria, entre otros, en sus alegaciones a la propuesta de Ley de Directrices.                       

Siguen estando vigentes los argumentos críticos y las consiguientes propuestas que se hicieron entonces:                                                          

Nacieron con presupuestos erróneos: al proponer desplazar de forma implícita el sector extrahotelero a favor del hotelero, eludiendo establecer un modelo turístico del que seguimos careciendo; referían sólo generalidades, apoyándose en la renovación de la oferta alojativa y en el “incremento de la competitividad”, sin concreciones; advertíamos de las posibles consecuencias del proceso de concentración y fusión de los agentes emisores (compañías aéreas, turoperadores, agencias de viajes), con participación en grandes cadenas hoteleras. Aún no existía la clasificación de Viviendas Vacacionales.

Pedíamos una moratoria de un período no menor a 3 años, hasta los 5 años, y que sirviera de forma gradual y selectiva para ir otorgando las licencias aprobadas hasta entonces, tratando de reciclar o armonizar los alojamientos mixtos, entre turismo y residencial; facilitar ayudas a la rehabilitación de la oferta alojativa obsoleta…

20 años después, los problemas fundamentales se han agravado cuantitativa y cualitativamente rallando lo insostenible: mayor población foránea; crecimiento demográfico en progresión geométrica (1,6 millones de habitantes, en 2000; 2,2 millones, 2023, > 24.000/año); más de 8 millones de visitantes, anuales, unos 700.000 a añadir a la densidad demográfica... La capacidad de carga lo hace en progresión aritmética y no da para más; ni en referencia al sector productivo alimentario, necesario, ni en cuanto a nuestras playas y proximidades, sobreexplotadas para el turismo con consecuencias muy preocupantes:

a) insuficiencia de producción alimentaria.

b) insuficiencia habitacional para los trabajadores nacidos, o residentes en nuestra tierra.

c) grave deterioro del bienestar y armonía social, igualmente, para los nacidos, que para residentes en nuestra tierra.

d) carencias sanitarias, escolares y de convivencia, en medio de tanto desconocido.

e) pérdida de nuestra idiosincrasia y cultura propias.

f) imposibilidad de disfrutar de nuestras costas y playas sometidas a ocupación de servicios para los turistas…

g) las infraestructuras las pagamos nosotros; los turistas las disfrutan y se benefician las cadenas hoteleras, navieras de cruceros, compañías aéreas, fondos buitre de inversión, plataformas digitales de venta on-line, franquicias de todo tipo…“; se benefician, e imponen precios de comercialización, amenazando con la competencia, cuando son los trabajadores del sector los que soportan el coste de esa ”competitividad“, para que las empresas obtengan ”orgullosos beneficios“ con el turismo de masas y su low-cost y que emigran a otros destinos, o paraísos fiscales. Sus ambiciones van más lejos y quieren aprovechar ese control, casi absoluto del sector, para incluir las viviendas de los residentes en sus cuentas de resultados. ¿La aparcería del siglo XXI?

Con nuestras alegaciones y propuestas pretendíamos buscar un modelo adaptado a las recomendaciones de la Organización Mundial de Turismo, OMT, en cuanto a los principios que definen el turismo sostenible: conservación de los recursos naturales, culturales y otros para su uso continuado en el tiempo; planificación y gestión que no causen problemas ambientales, o socio-culturales, evaluando disponibilidad de recursos críticos, como suelo, agua, energía, infraestructuras, reciclaje…, mantenimiento y mejora de la calidad ambiental. Reparto de los beneficios turísticos en toda la sociedad…         

Por otra parte, hacíamos nuestra la opinión que Joseph G. Stigliz, premio Nobel de Economía 2001, aportaba, en su obra El Malestar en la Globalización. Afirmaba que las pequeñas y medianas empresas locales podrían estar en sintonía con el contexto social y ser renuentes a despedir a trabajadores si saben que no hay empleos alternativos disponibles. Una especie de “contrato social, no escrito”, que no querían anular, incluso, si perdieran dinero. Podemos testimoniarlo, por propia experiencia.

Aquel mismo año, Federico Aguilera Klink, más próximo, experto en economía ecológica y catedrático de economía aplicada en la Universidad de la Laguna, decía : “El principal problema ambiental del planeta es la manera de tomar las decisiones por el poder estructural existente que tiene la capacidad de fijar, cambiar e incluso violar las reglas de juego y que necesita seguir apropiándose del capital ecológico del planeta para mantener un estilo de vida que no es generalizable a la mayoría de los humanos”. Esto decía en su trabajo Cambios Sociales e Institucionales para la Gestión Ambiental y mencionaba a Ulrich Beck y su obra La sociedad del Riesgo para transmitirnos sobre la “irresponsabilidad organizada” cuando dice que “las mentiras institucionales que gozan de todo tipo de ayudas oficiales, también, tienen sus límites”.

Existe una clase media, en extinción (no me refiero a funcionarios y algunos profesionales), sino al pequeño y mediano empresario que hizo posible soportar nuestra primera crisis del año 1973, vinculada a la “crisis del petróleo”; se fue creando, al amparo de los Puertos Francos y el libre comercio, con la excepción de algunos promotores, constructores y explotadores turísticos que por error de cálculo (desconocimiento del mundo turístico) fueron a la quiebra. En aquellos años, aún, existía la Caja Insular de Ahorros, que ofreciendo PROTUCASA, como ejemplo, arriesgó y apoyó un sistema que a la postre sería muy competitivo ante los inversores foráneos. Nos sustentábamos en la única Norma sobre Clasificación de los Establecimientos Hoteleros que era la Orden de 19 de Julio de 1968, decretada por el Ministerio de Información y Turismo del Sr. Fraga Iribarne.

Esa primera crisis coincidió en el tiempo con el cambio del patrón Oro al patrón dólar como valores de intercambio del comercio mundial. La OPEP, entonces, quiso que se la tuviera en cuenta. El año anterior, 1972, se aprobó la Ley de Régimen Económico y Fiscal, REF, que sustituyó a la Ley de Puertos Francos de 1895.

La ecotasa no es la solución, solo un parche que me recuerda esa cita oriental que dice que “cuando el sabio señala la luna, el idiota mira el dedo”. 

Pretender solucionar el problema estructural con una ecotasa, que estaría bien para ayudar al mantenimiento de nuestros espacios protegidos, es desconocer o despreciar el problema real que necesita de otras políticas.               

Las Directrices de Ordenación del Turismo fueron elaboradas en medio de otro acontecimiento histórico, a inicios de la Globalización, del neoliberalismo: aprobación del Acuerdo Multinacional sobre Inversiones (AMI) dando lugar a la Inversión Extranjera Directa (IED) en torno a la Organización Mundial de Comercio (OMC) y el Banco Internacional de Pagos (BIP) a finales de la década de 1990 y principio del presente siglo. Se pasó de los monopolios a los monopsonios; de los oligopolios a los oligopsonios; para entendernos: la competencia del precio de las materias primas ya no es de sus propietarios, sus dueños, sino de los compradores, o intermediarios, que por regla general son multinacionales y entidades financieras; igual que con los oligopsonios, más fácilmente entendibles: los agricultores se ven obligados a aceptar precios miserables por sus cosechas que les imponen los oligopsonios, grandes cadenas de distribución (supermercados) y las de transporte (navieras de contenedores). En nuestro caso, plátanos, tomates… alojamientos turísticos. Las imposiciones del sistema globalizador, “neoliberal”, financiarización y especulación de la economía (100%), con sus propias normas, al margen del control político, solo deja la capacidad legislativa y normativa para intentar corregirlas. Por ello los poderes neoliberales internacionales y ultraderechistas pretenden sacar el Poder Judicial del control democrático.                 

Esta crisis es distinta a las anteriores y mucho más grave, incluso, que la producida a finales de los años 90 del siglo pasado por la Guerra del Golfo, cargada de incertidumbres; o la más reciente por la pandemia de la COVID-19, año 2020. Esta se debe a la masificación y sobreexplotación de nuestro destino, aparentemente, seguro por nuestra pertenencia a Occidente y como mercado de consumo. Ya estamos integrados en la UE, aunque inmersos en un conflicto internacional de riesgos e inseguridades, imprevisibles, de los que no estamos lejos, ni somos ajenos. Tanto por defecto, como, ahora, por exceso, los conflictos internacionales nos abrazan.   

Es más importante que nunca cambiar el modelo turístico y económico que haga compatible el mantenimiento sostenible con el desarrollo de otros sectores productivos propios y diversificar la economía.                                        

Es posible, con nueva mentalidad, con una movilización social que permita la metamorfosis de la clase política a obligarla a posicionarse del lado de nuestros intereses, como prioridad, y revertir el papel que jugaron con la aprobación de las Directrices, como meros intermediarios del cambio en ciernes. Pero hay cuestiones de vital importancia y urgencia a resolver:                                                                                  

El de las Viviendas Vacacionales, convertidas en un problema social muy grave. De hecho, comparable con la primera crisis de 1973 del petróleo, pero con los términos invertidos. En aquella época nuestro destino turístico era estacional de invierno, con ocupaciones altísimas y por las que se cobraban precios con garantía de ocupación a los turoperadores. Los veranos para disfrute de los dueños de apartamentos y bungalows que con las rentas de invierno ayudaban a pagar las hipotecas de la propiedad y a conservarlas. La persistencia de esa crisis, obligó a los propietarios a buscarse ingresos para cubrir sus obligaciones y llegó el arrendamiento para residentes, en establecimientos turísticos. Llegó el conflicto, aún hoy, sin resolver: LAS VIVIENDAS VACACIONALES, lejos de ser una solución ha extendido el problema de las Urbanizaciones turísticas, a las zonas urbanas de pueblos y ciudades del Archipiélago. 

La indefinición normativa, campo de cultivo para espabilados rentistas, ha traído estos lodos, en los que se confunden y chocan el derecho a la propiedad privada inmobiliaria, con el derecho a la vivienda de todos los ciudadanos que recoge la Constitución de 1978. Cuidado, amigo. Fue un grave error no limitar la categorización de Viviendas Vacacionales a las Urbanizaciones turísticas y sus responsables tienen la obligación de corregirlo y apaciguar a su clientela.

De lo expuesto es fácilmente deducible que nos encontramos ante un problema estructural grave, muy grave, no tanto porque la solución sea difícil que no lo es:

-Circunscribir el uso de las viviendas vacacionales a las urbanizaciones turísticas consolidadas.                                                                  

-Si estas estuvieran ubicadas en establecimientos clasificados como turísticos y por consiguiente de uso mixto, caben soluciones: mantener el actual estatus que permiten convivir, ambas formas, o , inexorablemente, dar un plazo de tiempo razonable, para que sus propietarios, sean Comunidades de Propietarios, o de propiedad única determinen su destino definitivo.                                                    

-La participación administrativa institucional es imperativa y obligada, como árbitro y tendrá que determinar si aquellos establecimientos mixtos que opten por el uso residencial-vacacional se deben acoger al régimen que regula la Ley de Propiedad Horizontal, o bien determinar por nueva ley su uso, condiciones administrativas y las compensaciones a perjudicados.                                               

Las Actas de las Asambleas de Comunidades de Propietarios, de aquella época, en zonas turísticas, Andrè Breton, las hubiera elevado a premio Nobel.

¿SOLUCIONES? 

-La fundamental y primera, la aceptación de nuestra realidad.                        

-La eliminación, o exclusión de las casas y viviendas clasificadas como vacacionales, salvo aquellas ubicadas en urbanizaciones turísticas, tajantemente.                 

-En pueblos del Archipiélago, donde esta opción vacacional se tomó como posibilidad de ingreso adicional al agricultor, o ganadero, retirarla si se comprobara el cese de dicha actividad y que dio lugar a tal clasificación vacacional.                          

-Ser rentista es una opción admisible, como ingreso complementario en un modelo económico desarrollado, cuando existe equilibrio, entre la oferta y la demanda de viviendas y equipamiento social para los residentes. Los rentistas deberían buscar alternativas productivas ayudados por el Gobierno. 

-Las nuevas urbanizaciones turísticas, potenciar las nuevas construcciones en régimen de Propiedad Horizontal para uso turístico armonizando y compatibilizando la Ley de Propiedad Horizontal con las de Turismo, imponiendo la opción de uso, bajo sus normativas y leyes respectivas y perfectamente compatibles en Urbanizaciones de uso turístico. Una forma de recapitalizar nuestra economía.

-Potenciar el turismo de Vela: infraestructuras y creación de muelles deportivos que sean receptivos y, simultáneamente, para promoción de este deporte entre nuestra población residente que, no ha mucho tiempo, consiguió medallas olímpicas de las que todos nos sentimos orgullosos…, otra forma de recapitalizar. 

-Fundamental, el límite al crecimiento turístico y a las ambiciones de los Fondos de Inversión, especuladores y políticos desarraigados que están haciendo inhabitable nuestra tierra.                                                                  

-No se puede dejar atrás la legislación fiscal vigente, una RIC que solo favorece las inversiones especulativas; necesita de una reforma en profundidad.

En fin, mantenemos la carencia de modelo propio, y seguimos con el “no modelo” impuesto por la globalización al tercer mundo, o intentamos crear el nuestro propio haciéndolo sostenible para nuestro ecosistema; para mejorar nuestra calidad de vida; salarios y servicios públicos dignos, también; reconocernos, nuevamente y sentirnos orgullosos de nuestra idiosincrasia, nuestra historia y confiar en un futuro nuestro, compartido. O sea, cambiar el modelo actual y “freno al crecimiento turístico” que suena feo a algunos, pero la mayoría deseamos sentirnos cómodos en nuestra tierra, con nuestras diferencias, sin asfixia y con esperanza de futuro.

Sólo añadiría que podríamos patentar nuestra experiencia y transmitírsela a los ciudadanos vecinos del pueblo de Marruecos, del Sáhara, y Norte de África para que no cometan nuestros mismos errores.