Caos audiovisual

En democracia información es poder, pero también libertad y contrapeso de los poderes establecidos.

Pues bien, también en plena Semana Santa la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) declaraba nulas las concesiones para los canales de televisión digital terrestre (TDT) que el Gobierno que preside Paulino Rivero concedió en 2007. Y eso sí que era noticia?

La nueva sentencia, fallada el martes 19 de abril de 2011, hace por primera vez mención a la nulidad de todas las concesiones otorgadas por el Gobierno en su conjunto. Por tanto, el TSJC anula el Decreto 377/2007 del 16 octubre del primer año de la legislatura del Gobierno de Paulino Rivero como Presidente, que ha sido el que adjudicó las concesiones para la explotación de canales de TDT con cobertura municipal o insular: “La declaración de nulidad de pleno Derecho del Decreto 377/2007 supone su abrogación del mundo del Derecho, en el cual únicamente pudo revestir una mera apariencia de legalidad en tanto no resultó formalmente anulado”, afirma la sentencia. E igualmente que “es también doctrina jurisprudencial reiterada la que declara que la eliminación del acto impugnado en vía jurisdiccional da lugar a la desaparición del presupuesto necesario para la formulación de pretensiones que pudieran ser objeto de ulteriores recursos, de suerte que no resulta viable hacer pronunciamientos sobre aspectos del contenido de un acto que ha desaparecido del mundo jurídico por virtud de la sentencia anulatoria”. Al mismo tiempo nos hemos enterado de que al menos más de diez licencias de TDT habrían caducado por no implementar sus emisiones. Estarían afectados entre otros los canales de los Cabildos de Tenerife, La Palma y La Gomera, así como Localia de Gran Canaria. El mapa audiovisual de Canarias podría así sufrir un nuevo varapalo legal debido a que varios concesionarios no han comenzado sus emisiones tres años después del mismo, contraviniendo la Ley sobre la Comunicación Audiovisual de abril de 2010. Esta norma de carácter nacional establece que tras seis meses de su entrada en vigor, fecha que se correspondería con el pasado 1 de noviembre, quedarían “automáticamente extinguidas” las concesiones para la gestión de los canales locales “que no hubieran iniciado sus emisiones dentro del plazo establecido”. Esta circunstancia afectaría de igual manera a los canales atribuidos tanto a las administraciones públicas como a las empresas privadas que llevó a cabo la Viceconsejería de Comunicación del Gobierno regional el 16 de octubre de 2007, que a tenor de la ley estatal tiene un plazo máximo de tres meses, Plazo que su incumplimiento obligaba a convocar un nuevo concurso con todos los canales que no habían comenzado a emitir el pasado 1 de noviembre de 2010.

Es decir, caos audiovisual?

Porque el sector radiofónico tampoco las tiene todas consigo? Porque un total de 40 empresas radiofónicas de Canarias se habrían quedado fuera del concurso de licencias de frecuencias en las islas convocado por la Viceconsejería de Comunicación y Relaciones con los Medios del Gobierno de Canarias, porque el gabinete jurídico madrileño 'D & R' habría presentado fuera de plazo la documentación requerida para poder acceder al Concurso de Licencias para la Prestación de Servicios de Comunicación Radiofónica en las Ondas Métricas de Modulación de Frecuencia en la Comunidad Autónoma de Canarias. Concretamente, son 40 las emisoras que no habrían entregado los expedientes en los plazos establecidos por el Gobierno de Canarias(30 de septiembre de 2010). Por su parte, la Viceconsejería de Comunicación y Relaciones con los Medios del Gobierno de Canarias, por su parte, adoptaba el 28 de diciembre de 2010 una resolución por la que se ampliaba el plazo inicial para resolver el concurso público de licencias de comunicación radiofónica. Con esta nueva actuación se aplazaba la resolución del concurso por 3 meses más de los inicialmente concedidos por el Decreto 80/2010 y por las bases reguladoras del procedimiento selectivo .Así, el plazo para resolver quedaba fijado para el próximo 29 de abril de 2011, entendiendo que el plazo de los 9 meses (6 meses + 3 de ampliación) comienza a contar desde el día de la publicación de las bases (29 de julio de 2010). Y aquí está el quid de la cuestión? Porque echa la ley, echa la trampa, señala el aforismo en Derecho.

Porque?: ¿Si se cambian las condiciones de partida, por qué no se incluyen las 40 empresas que por una causa ajena incumplieron el plazo establecido en aras al fomento de la libertad de información y de la diversidad del espectro radioeléctrico? Es más: ¿Por qué no se amplía el plazo no sólo para la resolución del concurso de las 156 licencias radiofónicas digitales ?señal de dejadez administrativa, de pasividad, o cuando menos de incumplimiento de la normativa en vigor-, sino para que se habilite un período para la subsanación formal de las 40 empresas afectadas por la presunta dejadez dolosa o culposa del despacho de abogados madrileño?

Son muchas las preguntas sin resolver?

Uno de los efectos de la profunda renovación tecnológica aplicada a los medios de información y comunicación en nuestros Estados ha sido la colonización de los mismos por las grandes empresas y corporaciones. Pero también por los gobiernos en sus ámbitos territoriales respectivos. Un ejemplo de distorsión flagrante de la democracia es, pues, lo que está ocurriendo con las concesiones públicas de canales de televisión y de radio. Parece darse ya por supuesto que éstas tienen que depender, en casi todo lo importante, del poder ejecutivo, gubernamental. Parece que el cuarto poder es asumido por el poder ejecutivo. Ni siquiera por el legislativo. En Canarias el Gobierno desoye incluso a la mayoría del Parlamento, que aprobó el pasado 15 de diciembre de 2010 con los 41 votos de PSC y PP una Proposición No de Ley en la que se instaba al Gobierno de Paulino Rivero a posponer la resolución concursal de las licencias hasta después de las elecciones del 22 de mayo de 2011. Es entonces cuando el contrapeso factual debiera compensarse con el activismo social para restablecer el derecho dañado. Y ese entonces es ahora.

José Carlos Gil Marín

En democracia información es poder, pero también libertad y contrapeso de los poderes establecidos.

Pues bien, también en plena Semana Santa la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) declaraba nulas las concesiones para los canales de televisión digital terrestre (TDT) que el Gobierno que preside Paulino Rivero concedió en 2007. Y eso sí que era noticia?