¿Caridad o justicia social?

La llamada crisis económica ha castigado duramente a los sectores más débiles de la sociedad pero no ha provocado estallidos sociales. Y no ha sido precisamente porque los gobiernos (y las instituciones que realmente gobiernan el mundo como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o el Banco Central Europeo) se pusieran de parte de los que menos tenían, de los que más lo necesitaban, de las víctimas de los despidos masivos, de los que se quedaron en la exclusión social, de los desahuciados de sus viviendas, de quienes sufrieron los recortes de los Servicios Sociales, de quienes perdieron derechos laborales y sociales. Al contrario, los gobiernos se pusieron al lado de los que habían provocado la crisis con las políticas ultraliberales con reformas laborales “extremadamente agresivas” (en boca del ministro De Guindos, el político de moda esta semana), con la desregulación del sistema financiero, con la promoción de paraísos fiscales y la privatización de la sanidad, la educación y otros pilares del Estado de Bienestar.

Frente a esos gobiernos que fueron débiles con los fuertes y fuertes con los débiles, la sociedad reaccionó con una actitud solidaria. Los jubilados utilizaron parte de su pensión para pagar actividades extraescolares de los nietos o para apoyar a los hijos que se quedaron en paro. Las organizaciones sociales que sufrían los recortes de las subvenciones públicas veían que aumentaba el trabajo del voluntariado o la aportación de particulares.

En el último informe de la Fundación Foessa (Fundación de Estudios Sociales y Sociología Aplicada) de Cáritas titulado Expulsión Social y recuperación económica se analiza la evolución del desempleo y la pobreza desde el año 2009 (cuando ya no se negaba la crisis). Sus autores llegan a la conclusión de que “la reducción de la pobreza en periodos de crecimiento no compensa el aumento de la misma en los periodos recesivos. Y es una cuestión de modelo social, no de crisis, de cómo nos planteamos la construcción de nuestra sociedad. Ese modelo, entre otros aspectos, continúa ignorando las consecuencias que ha generado tan largo periodo recesivo”.

Según ese informe la renta disponible por adulto en España se ha reducido entre 2009 y 2015 en un 10%: ha pasado de 17.042 a 15.408 euros. En el caso de Canarias durante el mismo tiempo la reducción ha sido menos (un 5,3%), pero la renta sigue estando bastante por debajo de la media estatal: 12.932 euros. Los datos también indican que Canarias, aunque se ha reducido la desigualdad, sigue siendo una de las comunidades autónomas con mayor tasa de desempleo de las personas de referencia en el hogar. También nuestras islas encabezan el triste ranking de la tasa de hogares sin ingresos: un 5,3%, cuando la media estatal es del 3,8 %. La evolución de los indicadores de desigualdad, pobreza, exclusión social y desempleo sitúa a Canarias en el eje sur, junto a Andalucía, Extremadura y Murcia, donde la crisis económica ha tenido mayor impacto.

¿Cómo debemos afrontar la lucha contra la desigualdad? ¿Deben las administraciones públicas dejar las políticas sociales en manos de onegés y de empresas privadas? ¿Debe renunciar el Estado a garantizar la equidad y la igualdad y por tanto la justicia social? En un artículo titulado Crowdfunding, publicado en El País (3-9-16) el escritor Julio Llamazares concluía afirmando: “Alguien podrá decirme y no le faltará razón que hay personas que, de no ser con la ayuda de otras, nunca podrán llevar a cabo sus sueños. La cuestión es si la caridad del prójimo ha de sustituir al Estado, el responsable de poner los medios para que cualquiera con capacidad pueda desarrollar sus ideas, consiguiendo así el efecto perverso de que delegue cada vez más en la sociedad sus obligaciones, como ya sucede con las onegés. La caridad está para llenar las grietas de la justicia, no los abismos de la injusticia, decía un personaje de Delibes, escritor poco sospechoso de antiliberal”.

El Papa Francisco anunció en abril del año pasado la celebración del Jubileo de la Misericordia (el año de la misericordia) con motivo de los 50 años del Concilio Vaticano II que concluirá el 20 de noviembre de 2016. En la carta apostólica en la que anunciaba esta celebración el líder de la iglesia católica señala que “es mi vivo deseo que el pueblo cristiano reflexione durante el Jubileo sobre las obras de misericordia corporales y espirituales. Será un modo para despertar nuestra conciencia, muchas veces aletargada ante el drama de la pobreza, y para entrar todavía más en el corazón del Evangelio, donde los pobres son los privilegiados de la misericordia divina. La predicación de Jesús nos presenta estas obras de misericordia para que podamos darnos cuenta si vivimos o no como discípulos suyos. Redescubramos las obras de misericordia corporales: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger al forastero, asistir a los enfermos, visitar a los presos, enterrar a los muertos. Y no olvidemos las obras de misericordia espirituales: dar consejo al que lo necesita, enseñar al que no sabe, corregir al que yerra, consolar al triste, perdonar las ofensas,…”

Esa sensibilidad del Papa Francisco con los empobrecidos contrasta con la nula sensibilidad de algunos gobernantes españoles que exhiben su fe católica en solemnes actos del Vaticano y no dudan en acudir a misas multitudinarias en Roma o se atreven a dar medallas a la imagen de una virgen. Sin embargo, desde el Consejo de Ministros aprueban brutales recortes de presupuestos sociales o promueven leyes que recortan los derechos de los trabajadores y decretan amnistías fiscales para los que se han enriquecido en estos años de crisis. Ejemplos tuvimos de sobra en la anterior legislatura: dar de comer al hambriento, acoger al forastero o asistir al enfermo es incompatible con fomentar la precarización laboral, disparar contra inmigrantes en la frontera de Ceuta o imponer el copago sanitario.

En su carta pastoral el Papa Francisco dice que: “No será inútil en este contexto recordar la relación existente entre justicia y misericordia. No son dos momentos contrastantes entre sí, sino dos dimensiones de una única realidad que se desarrolla progresivamente hasta alcanzar su ápice en la plenitud del amor. La justicia es un concepto fundamental para la sociedad civil cuando, normalmente, se hace referencia a un orden jurídico a través del cual se aplica la ley. Con la justicia se entiende también que a cada uno se debe dar lo que le es debido”. Parece claro que el líder de los católicos se decanta por una iglesia militante contra la pobreza, solidaria con los empobrecidos, frente a otros sectores que desde la misma fe se sienten más cómodos con la iglesia complaciente con los poderosos y con los ricos que tradicionalmente han estado más preocupados por los aspectos morales conservadores que por la aplicación de la doctrina social de la Iglesia.

Llevamos un año escuchando al gobierno de Mariano Rajoy hablar de la recuperación económica. Los beneficios de la banca y el aumento de las fortunas de los millonarios confirman esa recuperación… de una minoría, claro. Si miramos al futuro, ¿hay razones para tener esperanza de que se van a reducir las desigualdades, de que van a mejorar las condiciones de las personas más castigadas por la crisis? Algunos autores como el economista francés Thomas Piketty (autor del conocido libro El capital en el siglo XXI) consideran que no hay razones para el optimismo y apuestan por un impuesto a las grandes fortunas. Dice Piketty en su libro más conocido que: “Hoy, en la segunda década del siglo XXI, las desigualdades de riqueza que supuestamente habían desaparecido, están cerca de recuperar o incluso superar sus máximos históricos. La nueva economía mundial ha traído consigo dos inmensas esperanzas (tales como la erradicación de la pobreza) e igualmente inmensas desigualdades (algunas personas hoy son más ricas que países enteros)”.

Son sin duda positivas las reacciones solidarias de la ciudadanía y también el mensaje de misericordia con los empobrecidos del Papa Francisco. Pero hace falta un cambio de rumbo de las políticas impuestas por Bruselas y Madrid; un cambio que ponga fin a la austeridad, que recupere los derechos laborales eliminados, que aplique políticas fiscales progresivas. Se trata de volver a apostar por el Estado de Bienestar que han querido desmantelar los ultraliberales que han disfrazado de “crisis económica” lo que ha sido un fracaso de sus doctrinas políticas y económicas.

La llamada crisis económica ha castigado duramente a los sectores más débiles de la sociedad pero no ha provocado estallidos sociales. Y no ha sido precisamente porque los gobiernos (y las instituciones que realmente gobiernan el mundo como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o el Banco Central Europeo) se pusieran de parte de los que menos tenían, de los que más lo necesitaban, de las víctimas de los despidos masivos, de los que se quedaron en la exclusión social, de los desahuciados de sus viviendas, de quienes sufrieron los recortes de los Servicios Sociales, de quienes perdieron derechos laborales y sociales. Al contrario, los gobiernos se pusieron al lado de los que habían provocado la crisis con las políticas ultraliberales con reformas laborales “extremadamente agresivas” (en boca del ministro De Guindos, el político de moda esta semana), con la desregulación del sistema financiero, con la promoción de paraísos fiscales y la privatización de la sanidad, la educación y otros pilares del Estado de Bienestar.

Frente a esos gobiernos que fueron débiles con los fuertes y fuertes con los débiles, la sociedad reaccionó con una actitud solidaria. Los jubilados utilizaron parte de su pensión para pagar actividades extraescolares de los nietos o para apoyar a los hijos que se quedaron en paro. Las organizaciones sociales que sufrían los recortes de las subvenciones públicas veían que aumentaba el trabajo del voluntariado o la aportación de particulares.