Carta abierta al TSJC por Octavio Hernández*

No puede esconderse que, con lo dicho, la Ley del Catálogo de Especies aprobada este miércoles en el Parlamento podría ajustarse a esta tipificación, imputándose la prevaricación a los responsables de la Consejería impulsora, a su servicio jurídico asesor, y a los aforados del Parlamento que votaron favorablemente la norma. Sin embargo, la Ley del Catálogo ha sido elaborada de forma especialísima para que no sea incasable con el ordenamiento jurídico, ni por tanto impugnable desde un punto de vista de derecho positivo, de manera que falta el otro elemento crucial para que concurra la prevaricación.

No bastan todos los claros indicios de que nos hallamos ante una abrupta ruptura del Estado de Derecho en Canarias, con alarma social y con manifiesto escándalo público. Las relaciones entre funcionarios y autoridades, y entre éstas y los intereses privados implicados son evidentes, ya sean del Gobierno de Canarias y de la Autoridad Portuaria , con la Unión Temporal de Empresas encargada de construir el puerto de Granadilla, que incluye la explotación de áridos asociada, o de todos estos con las entidades financieras que tienen comprometido un crédito millonario para comenzar las obras ?extremo este poco investigado-, o las empresas de energía y combustibles con inversiones proyectadas en el polígono industrial; o incluso determinados ayuntamientos que, con apoyo del propio Ministerio de Medio Ambiente, esperan la extracción de los fondos arenosos de Granadilla donde se encuentra el sebadal para construir playas artificiales en sus respectivos municipios.

Pero no es por la cantidad y calidad de estos intereses creados entre lo público y lo privado, que no se pueda invocar la acción de la Justicia contra esta trama organizada para modificar leyes a sabiendas con el objetivo de incumplirlas. Sino porque la presunta prevaricación que aquí se está dando no se produce en la ilegalidad, punible en el Código Penal, sino en la extralegalidad, que con las actuales normas e instrumentos no podrá ser perseguida. Y me explicaré: las autoridades y funcionarios implicados en esta Ley nefasta dictan una norma a sabiendas de que será declarada ilegal en instancias y por motivos de superior jerarquía, pero lo hacen empleando cauces legales que permitirán que pueda ser aprobada y surtir efectos inmediatamente, a corto plazo, a pesar de su inviabilidad legal objetiva a medio o largo plazo.

No siendo directamente ilegal la forma en que se ha realizado esta ingeniería jurídica validada por el Parlamento, no concurre la prevaricación, ni se advierte, no hay dolo, aunque puedan concurrir algunas de las características de ese delito. Lo relevante, en definitiva, no es que la Ley del Catálogo vaya a ser ilegal en el futuro, siendo legal mientras un tribunal no dicte lo contrario, sino que el legislador ha actuado a sabiendas de que en el ínterin de la anulabilidad de la norma, la lentitud del propio sistema judicial permite que, aunque al final la norma sea anulada, el período para sustanciar la anulación será suficiente para que surta el efecto deseado en el tiempo diferido. Es decir, mientras se resuelve sobre si es legal o no lo aprobado en el Parlamento, el puerto de Granadilla se construirá y los bienes públicos afectados, los fondos arenosos y las especies que habitan en ellos, serán de imposible recuperación, ni reparación, extraídos o sepultados por las obras.

Es una presunta prevaricación por vía de extralegalidad, pues no se apoya en la directa desvalorización del ordenamiento jurídico, sino en la demora de procedimiento para el reconocimiento de la posible ilegalidad de la norma dictada, que permite que surta efectos mientras no se dicte lo contrario, meses o años después de ejecutadas las obras del puerto de Granadilla. Nos encontramos, por tanto, ante una quiebra absoluta del Estado de Derecho, que deja expuesto el interés público a la prevalencia de autoridades y funcionarios en colusión y contubernio con las empresas adjudicatarias de la obra y con las administraciones que verán revalorizado su patrimonio artificial gracias a la destrucción del patrimonio natural de buena parte de los sebadales del Sur de Tenerife, que el propio Ministerio de Medio Ambiente ha admitido y promueve. Miles de ciudadanos ven completamente vaciada así la supuesta democracia de que disfrutamos.

Pero el hecho es que la coartada de la Ley del Catálogo no es la ilegalidad, sino el retraso de la Justicia que ha de reconocer que es ilegal, y es ahí donde se produce la absoluta y radical indefensión del derecho, de la propia legislación y de los bienes de interés general que debe proteger. Lo que ha hecho el Gobierno en el Parlamento se sitúa fuera del alcance del Código Penal. La indefensión no la provoca, finalmente, la trama organizada para construir el puerto de Granadilla legalizando unas obras cuyas consecuencias sean, al fin, ilegales, sino que éstas se ejecutarán aprovechando la demora de los tribunales en retrotraer la protección de especies y anular lo aprobado en el Parlamento, porque no habrá retroactividad de hecho cuando el puerto ya se encuentre construido. Escarnece al derecho pensar que el legislador y su servicio de apoyo jurídico puedan haber actuado, “legalmente”, desde esta perspectiva extralegal. Puesto que la burla del derecho que acaba de perpetrar el Gobierno en el Parlamento convierte en cómplice tácito al alto tribunal canario respecto a la propia paralización de las obras que dictó, que motivó la elaboración del nuevo Catálogo con el premeditado fin de evadirla, al diferir en el tiempo la acción de la Justicia mientras admite de camino la ejecución del puerto de Granadilla, ¿va a hacer algo el TSJC al respecto?

No puede esconderse que, con lo dicho, la Ley del Catálogo de Especies aprobada este miércoles en el Parlamento podría ajustarse a esta tipificación, imputándose la prevaricación a los responsables de la Consejería impulsora, a su servicio jurídico asesor, y a los aforados del Parlamento que votaron favorablemente la norma. Sin embargo, la Ley del Catálogo ha sido elaborada de forma especialísima para que no sea incasable con el ordenamiento jurídico, ni por tanto impugnable desde un punto de vista de derecho positivo, de manera que falta el otro elemento crucial para que concurra la prevaricación.

No bastan todos los claros indicios de que nos hallamos ante una abrupta ruptura del Estado de Derecho en Canarias, con alarma social y con manifiesto escándalo público. Las relaciones entre funcionarios y autoridades, y entre éstas y los intereses privados implicados son evidentes, ya sean del Gobierno de Canarias y de la Autoridad Portuaria , con la Unión Temporal de Empresas encargada de construir el puerto de Granadilla, que incluye la explotación de áridos asociada, o de todos estos con las entidades financieras que tienen comprometido un crédito millonario para comenzar las obras ?extremo este poco investigado-, o las empresas de energía y combustibles con inversiones proyectadas en el polígono industrial; o incluso determinados ayuntamientos que, con apoyo del propio Ministerio de Medio Ambiente, esperan la extracción de los fondos arenosos de Granadilla donde se encuentra el sebadal para construir playas artificiales en sus respectivos municipios.