Censuras estivales

Sí? Desde aquella ya distante moción de censura en Candelaria del tránsfuga político José Antonio López Morales en 1994, tránsfuga de ATI que acabó llamado al orden por la autoridad competente durante la moción de censura por incumplir el orden de palabra reglamentariamente estipulado -con requerimiento expreso de intervención de la policía local-, y más tarde alcalde de Candelaria con el apoyo del PSOE. Porque en materia de tránsfugas nadie, ningún partido político de esta democracia que nos hemos dado, es inocente. El PP y Coalición Canaria también podrían decir mucho al respecto, por ejemplo, en el Puerto de la Cruz, en Tenerife.

El reciente acuerdo de reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral del Estado gravando las mayorías requeridas para aprobar una moción de censura cuando en las mismas participase un tránsfuga, es uno de los logros institucionales que se pueden salvar de la lucha partidista PSOE-PP de la presente y tensionada legislatura estatal.

Las mociones de censura como instrumento de acción política regulada en la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y en la Ley Orgánica del Régimen Electoral vigente, deberían ser instrumentos de construcción de mayorías alternativas cuando la ingobernabilidad de una administración dada se hace insostenible por ineficacia, por corrupción o por otros motivos de naturaleza antidemocrática entrópica. No lo que son en algunos casos, más de los deseables -ninguno lo es-: porque en verdad muchas de ellas son meros juguetes en manos de pequeños barones políticos que se creen con derecho a deshacer la voluntad popular democráticamente elegida.

Si nos hacemos la pregunta de por qué necesitamos una “educación social en valores”, podríamos decir que su respuesta podría ser doble: la necesitamos porque los valores se han perdido y debemos recuperarlos, o la necesitamos porque los valores no existen y debemos buscarlos. Esta doble respuesta subyace, en cierto modo, a las teorías morales contemporáneas que tratan de ofrecer una respuesta a la relación entre la ética, la política y la sociedad. Algunas de estas teorías consideran, efectivamente, que el problema principal radica en que hemos abandonado los valores tradicionales y que deberíamos hacer un esfuerzo por retornar a ellos. Vuelven por eso la mirada hacia el pasado, y proponen un ideal moral de recuperación de las tradiciones. Otras teorías, en cambio, consideran que el problema principal radica en que la sociedad contemporánea no ha hallado aún los valores que necesita para vivir en paz o en armonía, por lo que el esfuerzo que debería hacerse consistiría en encontrar nuevos valores referenciales de convivencia. Sea lo que en verdad sea, la clase política canaria, tercer problema social de nuestras islas en época de crisis, que ya tiene intríngulis el asunto, debería pensar sobre ello. Si es que en verdad le interesa la regeneración democrática de nuestra sociedad, antes de que sea tarde? Si no lo es ya.

José Carlos Gil Marín

Sí? Desde aquella ya distante moción de censura en Candelaria del tránsfuga político José Antonio López Morales en 1994, tránsfuga de ATI que acabó llamado al orden por la autoridad competente durante la moción de censura por incumplir el orden de palabra reglamentariamente estipulado -con requerimiento expreso de intervención de la policía local-, y más tarde alcalde de Candelaria con el apoyo del PSOE. Porque en materia de tránsfugas nadie, ningún partido político de esta democracia que nos hemos dado, es inocente. El PP y Coalición Canaria también podrían decir mucho al respecto, por ejemplo, en el Puerto de la Cruz, en Tenerife.

El reciente acuerdo de reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral del Estado gravando las mayorías requeridas para aprobar una moción de censura cuando en las mismas participase un tránsfuga, es uno de los logros institucionales que se pueden salvar de la lucha partidista PSOE-PP de la presente y tensionada legislatura estatal.