Ciudadanos sospechosos de fraude

El 30 de marzo pasado, en uno de los llamados “viernes de dolor”, el Consejo de Ministro aprobó el proyecto de presupuesto para el año 2012, en el que se reducía en 65 millones de euros la partida dedicada a la bonificación de los pasajes a los residentes de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.

Fue tal la escandalera que se armó, que el propio Gobierno aclaró que no peligraba la subvención, y que el ahorro se conseguiría combatiendo el fraude en el uso de las bonificaciones. Para añadir que una de las medidas para luchar contra el fraude era exigir al viajero el “Certificado de empadronamiento”.

La primera consecuencia de esa medida es que todos los canarios y los que residen de forma estable en Canarias que quieran viajar, tendrán que obtener ? en su Ayuntamiento ? el certificado de empadronamiento. Los canarios tenemos que demostrar a la Administración que no hacemos fraude al comprar un billete con bonificación. O dicho de otra manera, el canario y el residente en Canarias es, en principio, sospechoso de ser un defraudador en potencia, a menos que presente el famoso certificado.

La presentación ? a la hora de embarcar ? del certificado de empadronamiento, entró en vigor el 1 de septiembre pasado. Las colas que se organizaron durante el mes de agosto en el Ayuntamiento y en las Concejalías de Distrito fueron tercermundistas, con esperas de más de tres horas, y con el consiguiente cabrero del ciudadano. Tanto por el tiempo de espera como por el retorno al pasado, en plena época de la telemática.

Que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no hubiera previsto la avalancha de solicitudes, dice mucho (y mal) de sus dirigentes. Porque tuvo cuatro meses y medio para prever lo que iba a pasar, y tomar medidas para que no pasara. Y no valen las palabras del alcalde ? en el pasado pleno ? diciendo que “sintió dolor de estomago las mañanas de agosto” en las que veía las interminables colas para obtener el famoso certificado.

La oposición al completo y de forma unánime, le dio caña al grupo de gobierno del PP, por lo bochornoso de la situación. El concejal de Hacienda se defendió como pudo y sacó algún que otro trapo sucio del pasado mandato socialista. El Alcalde, que ya había anunciado su intervención para cerrar el debate, dio la palabra al Director de Gobierno Claudio Alberto Rivero, responsable entre otras del área de Personal.

El señor Rivero, ilustró al pleno sobre los tiempos de respuesta del Ayuntamiento a las solicitudes de certificados, sobre el abnegado esfuerzo de los funcionarios y sobre las medidas que se tomaron para llegar cumplimentar hasta 4.000 solicitudes diarias de certificados. Pero lo que no esperaba nadie en el salón de plenos (ni concejales, ni periodistas ni público) fue el verbo encendido con el que defendió la implantación del certificado alegando que “no solo no le parecía mal que la Administración controle si los canarios tienen derecho a una subvención (bonificación por residente), sino que se le debería exigir al Estado que lo haga para acabar con el fraude”.

Ni las monjas ursulinas habrían hecho un alegato tan apasionado defendiendo su fe, como el que hizo el señor Rivero defendiendo la implantación del certificado para evitar el fraude.

Consecuencia de la intervención del señor Rivero, se armó tremendo follón en las filas de la oposición, lo que dio lugar a que el Alcalde amenazara al socialista Franquis con expulsarlo del pleno.

Una vez apaciguados los ánimos, el alcalde propuso llevar al próximo pleno una moción institucional (apoyada por todos los grupos del Ayuntamiento) en la que se solicite al Ministerio de Fomento sustituir el certificado de empadronamiento actual (en papel) por un sistema telemático que evite las colas de ciudadanos en las oficinas municipales.

El Alcalde debió olvidar que una moción parecida (buscar fórmulas alternativas y gratuitas al actual certificado) fue propuesta por Nueva Canaria en abril pasado. Entonces el grupo municipal del PP, con el alcalde al frente, votó en contra, por lo que no se aprobó la moción.

Después de la oda del señor Rivero exigiendo el control estatal de las bonificaciones para evitar el fraude, la propuesta del Alcalde sobre la moción para cambiar el certificado por “algo” telemático, dio la impresión ? solo la impresión ? de que éste no estaba en sintonía con su Director de Gobierno.

Lo más grave de lo sucedido es que nadie del grupo de gobierno municipal (PP) pidió perdón a los ciudadanos, por las esperas y por las bochornosas colas, al no haber previsto, con tiempo suficiente, las miles de solicitudes. Los ciudadanos deben conformarse con los dolores de estómago del alcalde. Algo es algo.

Eusebio Bautista Vizcaíno

El 30 de marzo pasado, en uno de los llamados “viernes de dolor”, el Consejo de Ministro aprobó el proyecto de presupuesto para el año 2012, en el que se reducía en 65 millones de euros la partida dedicada a la bonificación de los pasajes a los residentes de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.

Fue tal la escandalera que se armó, que el propio Gobierno aclaró que no peligraba la subvención, y que el ahorro se conseguiría combatiendo el fraude en el uso de las bonificaciones. Para añadir que una de las medidas para luchar contra el fraude era exigir al viajero el “Certificado de empadronamiento”.