La clave de los cabildos

Un Ejecutivo como el que diseñó el Estatuto sólo puede funcionar, cuando funciona, merced a la buena voluntad de quienes estén en él, de la sensibilidad y el talento político de sus circunstanciales ocupantes; y lo que se necesita, de verdad, es una organización político-administrativa por encima de quienes gobiernen en cada momento, que asegure la “soberanía” de las corporaciones sobre su territorio, sin injerencias del Gobierno regional más allá de aquello que requiera regulación o tratamiento general.

Para mí, el fracaso de esta autonomía es que sigue imbuida del espíritu centralizador de la Provincia, que no se ha zafado de aquella concepción. La Provincia da la mayor influencia en las decisiones a las clases dominantes que están cerca de sus instituciones en detrimento de las más alejadas, como se vio de sobra en los tiempos de la Provincia única, en el origen del pleito insular. No es ninguna casualidad que el tinerfeñismo más atrasado, casposo e irreductible acaricie la idea de una vuelta a la Provincia única, con capital en Santa Cruz, aunque sigan llamándola “autonomía”. En realidad, ATI ha perseguido siempre ese objetivo y para conseguirlo se ha ido apoderando de todas las instancias e instrumentos de poder autonómico y ahora los más impacientes buscan el espaldarazo formal de su capitalidad exclusiva.

Las propuestas en esa dirección de El Día, a las que acompaña de una feroz y continuada campaña de desprestigio hacia Gran Canaria, tirando a darle en sus bases económicas, no dejan lugar a dudas: ese es el objetivo final, ampliamente compartido a juzgar por determinadas actuaciones del Gobierno y el hecho significativo de que, en esa línea, el matutino santacrucero se ha situado como el de mayor difusión del archipiélago. Por algo será. De la ausencia de rigor histórico, de la nula estatura intelectual y de la zafiedad fascistoide de sus editoriales y comentarios nada digo porque no es mi problema; sólo me interesa del fenómeno lo que tiene de indicio.

A grandes rasgos, la autonomía está planteada con un Gobierno que siempre se inclinará por los intereses insularistas que lo hegemonizan. Desde hace años, lo controla ATI con la engañifa de CC como coartada. Le ha funcionado hasta ser evidente de qué va. Los políticos grancanarios, lo hemos visto, han aceptado ese estado de cosas y le sirven de coartada a ATI a cambio de prebendas, personales o para sus empresas preferidas. Ahí está el caso de Soria, que, tras perder en Gran Canaria, accedió a la vicepresidencia y lo colocaron al frente de la Consejería de Hacienda, desde la que putea cuanto puede a Gran Canaria. Para eso le pagan, digo yo.

Un Gobierno del que el otro socio es ATI-cc, justamente la fuerza política barrida de Gran Canaria. La fórmula autonómica ha fracasado, pues, trinchada entre las añoranzas de la Provincia única, una ley electoral de apaga la luz y vámonos y dosis considerables de desvergüenza política, de la que podríamos ser primer exportador. Es paradójico que los partidos derrotados en Gran Canaria la gobiernen ahora desde el ámbito regional de esa manera.

El problema no es, pues, la “ineficacia” del Gobierno. Ésta es un hecho, desde luego, pero la raíz del mal está en los supuestos político-administrativos e ideológicos (insularistas) en que se asienta el tinglado. No puedo extenderme en esto, así que me perdonarán si me remito a mi libro Entender Canarias, donde lo explico con mayor amplitud y detalle; dicho sea en la esperanza de que Carlos Sosa no me pase factura de publicidad.

A mi parecer, el meollo de la reforma del Estatuto debe ser la redefinición de los Cabildos de modo que ningún grupo de poder de una isla, de la que sea, pueda meterse en los asuntos de la otra, que eso es, en definitiva, lo que hace el Gobierno autonómico dominado por la única fuerza política capaz de llamar a los suyos a manifestarse para frustrar las aspiraciones de otro territorio. Recuerden la Universidad.

Es triste y significativo de la pobreza de nuestra cultura política que una experiencia histórica acumulada de más de 500 años y la obviedad determinante de la constitución física insular, no haya servido para que los políticos cojan por los cuernos el toro de la organización política de las islas. No conciben Canarias sino a partir de un Gobierno que mande sobre el resto de las islas a favor de una de ellas, no desde el entendimiento libre, voluntario, contractual pudiera decirse, entre iguales que propiciaba la adulterada ley de Cabildos de 1912, considerada temprana plasmación de las ideas autonomistas ya presentes a principios del siglo XX.

En terminando este comentario, me entero de la absolución de Carlos Sosa y de Chavanel y de la condena a correr con las costas al demandante; Soria, o sea. Me alegro, claro está, pero llama la atención que, una vez más, aparezcan quienes creen un ejercicio de agudeza reprochar a Sosa que celebre las sentencias favorables y critique las que no lo son. Lo digo porque resulta lógico, racional y humano que si alguien cree tener la razón, se alegre si se la reconoce un tribunal y se enfade si es lo contrario. Esto está previsto en las leyes procesales que han dispuesto un sistema de recursos a disposición de los que no estén de acuerdo.

Me alegro, como digo, tanto en lo personal como por el hecho de que la vía de los tribunales es de las frecuentadas por Soria en su intento de ahogar económicamente a CANARIASAHORA mediante sabrosas indemnizaciones al grito de te callas o pagas y desapareces. Recuerdo el franquismo trataba de silenciar la revista Sansofé mediante expedientes, multas y amenazas a los anunciantes. La diferencia de entonces ahora no radica en los procedimientos, que son los mismos, sino en que Soria no puede recurrir, en última instancia, a cerrar CANARIASAHORA por orden directa del Gobierno, como ocurriera con Sansofé. Está visto que la única forma de acabar con este tipo de comportamientos políticos perversos es no tener miedo. Sin el miedo que algunos le tienen, Soria no es nada.

Un Ejecutivo como el que diseñó el Estatuto sólo puede funcionar, cuando funciona, merced a la buena voluntad de quienes estén en él, de la sensibilidad y el talento político de sus circunstanciales ocupantes; y lo que se necesita, de verdad, es una organización político-administrativa por encima de quienes gobiernen en cada momento, que asegure la “soberanía” de las corporaciones sobre su territorio, sin injerencias del Gobierno regional más allá de aquello que requiera regulación o tratamiento general.

Para mí, el fracaso de esta autonomía es que sigue imbuida del espíritu centralizador de la Provincia, que no se ha zafado de aquella concepción. La Provincia da la mayor influencia en las decisiones a las clases dominantes que están cerca de sus instituciones en detrimento de las más alejadas, como se vio de sobra en los tiempos de la Provincia única, en el origen del pleito insular. No es ninguna casualidad que el tinerfeñismo más atrasado, casposo e irreductible acaricie la idea de una vuelta a la Provincia única, con capital en Santa Cruz, aunque sigan llamándola “autonomía”. En realidad, ATI ha perseguido siempre ese objetivo y para conseguirlo se ha ido apoderando de todas las instancias e instrumentos de poder autonómico y ahora los más impacientes buscan el espaldarazo formal de su capitalidad exclusiva.