Cobardía municipal

El pasado 22 de diciembre Emalsa celebró una reunión de su consejo de administración en la que se acordó presentar una querella contra el ex-interventor municipal, Rafael Bolívar, por “la comisión de un delito continuado de falsedad en los diversos informes emitidos” y por el “delito de prevaricación administrativa”.

El anuncio lo realizó el presidente del consejo y a su vez alcalde de la ciudad Augusto Hidalgo, que no descartó “la apertura de un expediente informativo” al que fue Jefe de la Unidad Técnica del Agua municipal, Rafael Bolívar, y la “adopción de medidas de carácter disciplinario contra él”, aunque antes esperará a que el juzgado de instrucción se pronuncie.

El consejo de administración tomó el acuerdo de presentar la querella, a la vista de un informe encargado al despacho de abogados Clifford Chance de Madrid, con los votos a favor de los consejeros representantes de los socios privados de Emalsa (Valoriza Sacyr y SAUR Internacional) y la abstención de los cuatro consejeros representantes municipales (Augusto Hidalgo, alcalde del PSOE; Javier Doreste, 1º Teniente de Alcalde de LPGC Puede; Pedro Quevedo, 2º Teniente de Alcalde de Nueva Canarias; y Roberto Santana, concejal de Aguas del PSOE).

Augusto Hidalgo, para justificar la abstención de los concejales del gobierno tripartido municipal en el Consejo de Administración, dijo: “Puede resultar duro que no apoyemos al funcionario, pero no podemos oponernos y mirar para otro lado ante la posibilidad de que haya cometido dos delitos”.

Al día siguiente al Consejo de Administración, Javier Doreste hizo declaraciones en las que justificó su abstención “para no romper la disciplina de voto” de los representantes municipales, alegando que el informe en el que se ampara la querella “no tiene mucho recorrido porque no es muy contundente” y recordando que “siempre había apoyado a Rafael Bolívar y defendido los informes de la intervención”. Conviene reseñar que Javier Doreste es militante de Podemos, aunque en este caso se haya aliado con las empresas multinacionales contra un funcionario público, eso sí, solo para no romper la disciplina de voto…

Hasta aquí los hechos y las declaraciones del alcalde Augusto Hidalgo y del concejal Javier Doreste. La oposición al completo ha considerado una verdadera vergüenza que el gobierno tripartido intente desprestigiar la labor del interventor en Emalsa. El Partido Popular además ha tachado de irresponsables e indignos a los concejales que se han abstenido, en vez de defender a los seis funcionarios que han firmado los informes en defensa del interés general.

Particularmente, opino que la actuación de los cuatro concejales representantes municipales en el Consejo de Administración de Emalsa, al abstenerse, es un acto de cobardía política, que no se merece ni Rafael Bolívar ni ningún funcionario municipal que haya estado defendiendo los intereses públicos en una empresa de mayoría de capital privado. Porque, a partir de ahora, ¿qué empleado municipal va a defender los intereses públicos en casos parecidos? Desde en una Comisión de Contratación hasta en la supervisión y control de cualquiera de las contratas del Ayuntamiento, si los funcionarios municipales no se sienten respaldados por los políticos, no van a arriesgarse – a la vista de lo sucedido en el caso Emalsa – a denunciar y hacer cumplir la legalidad. Se exponen a que la empresa le presente una querella y los políticos miren para otro lado.

Este caso es todavía más grave, ya que los informes firmados por Rafael Bolívar como interventor también han sido firmados por otros cinco funcionarios municipales de alto nivel y gran competencia. ¿Todos cometieron delitos de falsedad y prevaricación? Concretamente uno de ellos es el Director General de la Asesoría Jurídica, o sea, el más alto responsable de los temas legales municipales que, además, fue el que firmó el informe jurídico que dio soporte a la resolución municipal para la intervención en Emalsa.

No he entendido la postura de Augusto Hidalgo en el tema Emalsa, desde que dio por finiquitada la intervención en la empresa (a los 30 días exactos de tomar posesión como alcalde) sin esperar a que finalizara el plazo establecido para la intervención y sin recibir el último informe de los técnicos. Creo que alguien le ha asesorado mal en este caso, ya que no pudo leerse todo el expediente de Emalsa generado en tres años y llegar a la conclusión de que “la intervención ha sido una farsa”, como manifestó.

Esta vez, con la abstención en el caso de la querella de Emalsa contra Rafael Bolívar, el alcalde se ha pasado cuatro pueblos, sobre todo teniendo en cuenta que hay alguna que otra investigación en la Fiscalía sobre los presuntos tejemanejes de los socios privados, con claro perjuicio para el Ayuntamiento y para los ciudadanos. Augusto Hidalgo debía haber votado en contra, y más sabiendo que con su voto no iba a influir en el resultado de la votación, que hubieran ganado los representantes de los socios privados.

En el futuro veremos el resultado de esta querella y de esta votación, pero no le arriendo ganancias al alcalde.

El pasado 22 de diciembre Emalsa celebró una reunión de su consejo de administración en la que se acordó presentar una querella contra el ex-interventor municipal, Rafael Bolívar, por “la comisión de un delito continuado de falsedad en los diversos informes emitidos” y por el “delito de prevaricación administrativa”.

El anuncio lo realizó el presidente del consejo y a su vez alcalde de la ciudad Augusto Hidalgo, que no descartó “la apertura de un expediente informativo” al que fue Jefe de la Unidad Técnica del Agua municipal, Rafael Bolívar, y la “adopción de medidas de carácter disciplinario contra él”, aunque antes esperará a que el juzgado de instrucción se pronuncie.