Colosal estratagema

Hubo un tiempo en que las grabaciones no tuvieron valor probatorio en un procedimiento judicial. Podían tener toda la certeza, todos los datos de su registro podían estar perfectamente verificados. Pero no servían. Alguien consideró -y no faltaba razón- que la tecnología podía manipularse y, en consecuencia, se obtendrían resultados susceptibles de hacer dudar al más convencido.

Y así, con un juez aferrado a esa posición, escaparon hace años en el Partido Popular en Valencia con un caso de financiación irregular que pasó a la historia sin repercusiones políticas.

Ahora, con el caso Bárcenas abierto en canal, vuelve a hablarse de grabaciones cuya existencia, por cierto, ni confirma ni desmiente el abogado del ex tesorero, para echar más pimienta al pote, o sea, abonando el terreno de las suspicacias y la incertidumbre. Si salieran a la luz grabaciones incriminatorias -independientemente del curso judicial que tomen-, las cosas se volverían aún más insostenibles para el partido gubernamental.

Si, además de grabaciones, apareciera ese “soporte documental” al que se refiere el letrado defensor de Bárcenas para advertir que, cuidado con los ardides, Watergate puede ser un bebé en pañales en el conjunto de los escándalos políticos surgidos al calor del poder y de las fuentes de financiación de un partido político.

Pero, por ahora, solo interpretaciones y conjeturas. Una colosal estratagema de final impredecible, en la que se afanan unos y otros, aferrados a la supervivencia, a las opciones de escapatoria, al silencio, a la memoria selectiva o a la amnesia sobrevenida. Por ahora: más deposiciones y otras iniciativas políticas que se ensayen, como esa reprobación de la que alguien se ha acordado mientras las letras de una hipotética censura se evaporaban, harán que dentro de nada, a la vuelta de vacaciones y como preparativos del otoño caliente, prosiga el culebrón hasta la agonía o un final político que nunca será definitivo.

Hubo un tiempo en que las grabaciones no tuvieron valor probatorio en un procedimiento judicial. Podían tener toda la certeza, todos los datos de su registro podían estar perfectamente verificados. Pero no servían. Alguien consideró -y no faltaba razón- que la tecnología podía manipularse y, en consecuencia, se obtendrían resultados susceptibles de hacer dudar al más convencido.

Y así, con un juez aferrado a esa posición, escaparon hace años en el Partido Popular en Valencia con un caso de financiación irregular que pasó a la historia sin repercusiones políticas.