Por un Consejo Insular de la Energía

Las energías limpias están siendo perseguidas con especial virulencia en España desde la llegada del PP de Mariano Rajoy y José Manuel Soria (el ministro más dañino de la historia para las renovables) siguiendo los dictados de las patronales del petróleo y de las eléctricas convencionales y la estrategia ideológica de FAES. La Agencia Internacional de la Energía acaba de publicar un informe demoledor donde acusa directamente al Estado español de frenar las renovables a través de la retroactividad de la reforma eléctrica, el freno al autoconsumo con el afamado mundialmente “impuesto al sol” y el hachazo intencionado al sector. He utilizado en otras ocasiones la afirmación de Jeremy Lagge de que en España se está librando una de las batallas más duras en el marco de una guerra mundial entre las energías fósiles y las renovables. Y el Gobierno español ha tomado partido de manera descarada por el bando de los que pretenden perpetuar su poder a costa del medio ambiente y la democratización de la energía.

Dentro de esta confrontación, la situación de Canarias es especialmente negativa. A pesar de disponer de las mejores condiciones para generar energía más barata y más limpia nos encontramos a la cola del país en producción de renovables. Las energías limpias en este archipiélago están significativamente gafadas por los demonios de los intereses espurios de los lobbies energéticos: la corrupción, los concursos mal gestionados o tramitados fraudulentamente, los retrasos en las inversiones necesarias para poder verter a la red la energía producida, la paralización de la central hidro-eólica de Chira-Soria, la apuesta demencial por las regasificadoras para intentar cubrir el déficit de las gasistas en la península, las afecciones aeroportuarias sin visos de solución, el ninguneo a la bonificación generalizada de los precios a la generación de las renovables en Canarias, mucho más baratas que las convencionales, la inseguridad jurídica, los peajes al autoconsumo y la mala gestión de los mapas eólicos insulares, son algunas de las razones de este despropósito.

Pero los embates no terminan aquí. Después de que el Gobierno de Canarias decidiera acabar con los concursos como fórmula para adjudicar la potencia eólica en las islas y de que pusiera en marcha un proceso administrativo para facilitar a la demanda la instalación de parques eólicos, aunque a algunos no nos pareciera la fórmula ideal, aparece ahora de nuevo el ministro Soria poniendo sobre la mesa un nuevo recurso para frenar el proceso alegando que la Comunidad canaria invade competencias del Estado. Que la mejor fórmula es el concurso y no las concesiones en orden de llegada. Un nuevo frenazo. Una vuelta a empezar a pesar de que la consejera de Industria alegó que todo se había ejecutado de común acuerdo con el ministerio.

Siempre aparece, al final, una razón de peso para frenar a las renovables a pesar de que su producción sale sobre unos 89 euros el MW/h y con fósiles alrededor de los 200. Demencial. Tenemos que hacer posible otras políticas energéticas. Tenemos que obligar a que se implante un nuevo modelo energético. En Canarias es factible y necesario. Solo hay que ponerse. Haciendo lo que nos corresponde y exigiéndoselo al Gobierno central y autonómico. De la mano de la ciudadanía, como se hizo contra el petróleo. Porque dependemos en un 96% del exterior; porque tenemos recursos naturales suficientes; porque nos amenaza el cambio climático con el aumento del nivel del mar, el calentamiento de las aguas y el desplazamiento de los alisios. Y no es tan difícil. Solo hay que aplicarse a trabajar -con firmeza, sin circunloquios y sin condicionantes externos- por la eficiencia y el ahorro, por favorecer el autoconsumo en los comercios, industrias y hogares, por despejar todos los obstáculos que atenazan a la energía eólica, por implantar millones de metros cuadrados de fotovoltaicas en edificios públicos e industriales, por potenciar la geotermia como energía limpia e inagotable, por sustituir las grandes centrales térmicas por plantas de generación más cercanas y permeables, por favorecer la implantación de las hidroeléctricas donde sea necesario, por generar industrias, por fomentar la I+D+i, por crear miles de empleos verdes alrededor de las energías limpias… Lo que no vale son divagaciones. Ni medias verdades. Ni retrasar las soluciones. En fin, que es cuestión de voluntad política. O se está a favor de las renovables y del desarrollo de Canarias, favoreciendo a las pymes y a las administraciones que prestan servicios a la ciudadanía, consiguiendo además reducir los costes energéticos con recursos endógenos, gratuitos e inagotables o se está por apoyar a las energías fósiles, caducas, contaminantes y caras, que sólo contribuyen a empobrecer a este archipiélago atlántico y a su gente y a mantenernos dependientes de por vida de la importación de combustibles de lugares conflictivos e inseguros y a que lo poquito de renovables que vayamos pudiendo tener, cuando se pueda, al golpito, se quede solamente en manos privadas y de cualquier lugar del planeta.

Y hay que arrimar el hombro desde todas las instituciones. Por eso propongo para el Cabildo de Gran Canaria la creación de un Consejo Insular de la Energía que sirva para dinamizar la implantación en la isla de un modelo energético alternativo. Aunque el Cabildo no tiene competencias en materia de energía sí que la tiene en la ordenación del territorio y este factor es clave para implantar las renovables. Gran Canaria, con las tecnologías actuales y los recursos de los que disponemos en fotovoltaica, eólica e hidráulica, podría atender el 60% y más de la demanda de energía eléctrica y el 100% en la producción de agua, con un abaratamiento de los costes del 35%, incluyendo las amortizaciones necesarias para el establecimiento de sistemas flexibles de generación. El Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria, debería centrar sus objetivos fundamentales en:

- Crear un Consorcio público, participado por los 21 ayuntamientos de la isla, para optar a la generación de energía limpia y pública a través de los espacios destinados a la energía eólica o utilizando los millones de metros cuadrados de las azoteas de los edificios públicos para generar fotovoltaica.

- Profundizar en la I+D+i ligada a la eólica marina, la geotermia (todos los datos de Gran Canaria los tiene el Cabildo de Tenerife), la undimotriz, mareomotriz…

- Fomentar y subvencionar las instalaciones de energías renovables en hogares, industrias o instalaciones hoteleras como ya hace también el Cabildo de Tenerife. Defender el autoconsumo como la fórmula ideal para democratizar la energía.

- Alcanzar el 100% de la depuración o desalación de aguas con energías renovables.

- Educar y crear conciencia ciudadana para la búsqueda de la eficiencia y el ahorro de energía.

- Propiciar la implantación del coche eléctrico con ayudas para su adquisición, instalaciones de puntos de recargas y asociando sus consumos a la producción de renovables. Como valor añadido al turismo verde, se incidiría en fomentar la utilización de coches eléctricos para alquiler.

- Promover la creación de industrias ligadas al mantenimiento, fabricación de componentes, montajes, etc, de las renovables…

- Revisar el Plan Territorial para garantizar una mayor implantación de las energías verdes.

- Defender la potenciación de las renovables en la isla tomando parte activa para desbloquear todos los obstáculos que impiden hoy su penetración.

- Asesorar a hogares y a pymes en la utilización de energías verdes, creando canales que faciliten la búsqueda de recursos financieros y alternativas técnicas.

La creación del Consorcio Insular de la Energía beneficiaría a todos los grancanarios y a las pymes locales, pues no solo se abaratarían los costes de producción de energía sino que se conseguiría la creación de empleo y, en el caso de las corporaciones locales, se lograría la disponibilidad de fondos para destinarlos al mantenimiento de los servicios públicos y a generar infraestructuras y equipamientos.

Con la incorporación masiva de las energías endógenas, donde las gestionables -hidráulica y geotérmica- tuvieran un importante papel, las energías renovables pasarían a ser la fuente prioritaria de generación y las fósiles, residuales, tendrían la función de energía de reserva. Y no haría falta ninguna regasificadora, claro. Este es el camino que debemos andar para conseguir nuestra soberanía energética.

Las energías limpias están siendo perseguidas con especial virulencia en España desde la llegada del PP de Mariano Rajoy y José Manuel Soria (el ministro más dañino de la historia para las renovables) siguiendo los dictados de las patronales del petróleo y de las eléctricas convencionales y la estrategia ideológica de FAES. La Agencia Internacional de la Energía acaba de publicar un informe demoledor donde acusa directamente al Estado español de frenar las renovables a través de la retroactividad de la reforma eléctrica, el freno al autoconsumo con el afamado mundialmente “impuesto al sol” y el hachazo intencionado al sector. He utilizado en otras ocasiones la afirmación de Jeremy Lagge de que en España se está librando una de las batallas más duras en el marco de una guerra mundial entre las energías fósiles y las renovables. Y el Gobierno español ha tomado partido de manera descarada por el bando de los que pretenden perpetuar su poder a costa del medio ambiente y la democratización de la energía.

Dentro de esta confrontación, la situación de Canarias es especialmente negativa. A pesar de disponer de las mejores condiciones para generar energía más barata y más limpia nos encontramos a la cola del país en producción de renovables. Las energías limpias en este archipiélago están significativamente gafadas por los demonios de los intereses espurios de los lobbies energéticos: la corrupción, los concursos mal gestionados o tramitados fraudulentamente, los retrasos en las inversiones necesarias para poder verter a la red la energía producida, la paralización de la central hidro-eólica de Chira-Soria, la apuesta demencial por las regasificadoras para intentar cubrir el déficit de las gasistas en la península, las afecciones aeroportuarias sin visos de solución, el ninguneo a la bonificación generalizada de los precios a la generación de las renovables en Canarias, mucho más baratas que las convencionales, la inseguridad jurídica, los peajes al autoconsumo y la mala gestión de los mapas eólicos insulares, son algunas de las razones de este despropósito.