Renta básica para familias sin ingresos

Una de las consecuencias más visibles e inaceptables de la crisis económica y de la injusta respuesta político-institucional a la misma es el dramático incremento de la pobreza entre amplias capas de la población, lo que ha generado una desigualdad social escandalosa, asociada al profundo deterioro de las políticas de cohesión social y de protección de las personas más débiles. Es preciso intervenir de forma urgente en este ámbito. Por ello proponemos, entre otras medidas, establecer una renta básica para las familias sin ingresos.

La pobreza afecta, sobre todo, a las personas que se han quedado sin empleo y, entre ellas, de manera aún más profunda, a las que han dejado de percibir prestaciones (más de la mitad de los parados se encuentran ya en esas circunstancias), situación que seguirá incrementándose.

La crisis y las recetas neoliberales frente a la misma también han hecho crecer el porcentaje de trabajadores pobres, por encima del 12% (tres puntos por encima de la media comunitaria), circunstancia en la que España sólo es superada por Grecia y Rumania, en el marco de la Unión Europea. Personas cuyos ingresos salariales no les garantizan abordar su alimentación, el pago de la vivienda o el abono de los recibos de la luz y el agua. Pobres con nómina.

Algunos datos confirman la gravedad de la situación en el Archipiélago. El porcentaje de hogares con carencias materiales severas alcanza ya el 8,5%, 2,3 puntos por encima de la media española (6,2%). La tasa de pobreza es del 35,5%, una de las más altas de España. Todo ello en el marco de una sociedad que ha deteriorado sus servicios públicos, claves en la compensación de las desigualdades.

Padecemos, asimismo, elevados índices de pobreza infantil. Lamentable circunstancia que ha obligado a tomar medidas paliativas, como la apertura de los comedores escolares en verano, que hemos apoyado aunque no resuelven por completo el problema.

Desahucios

La comunidad canaria sigue ocupando, además, lugares de cabeza en desahucios de vivienda habitual, tanto en el caso de las hipotecas como en el de los alquileres. La ley canaria, recientemente paralizada por el Tribunal Constitucional a instancias del Gobierno central, no frenó estas trágicas situaciones de familias que pierden su hogar.

Canarias tiene competencias plenas en materia de vivienda, Sin embargo durante siete años no hizo nada en este asunto. Presentamos, sin éxito, distintas propuestas en el Parlamento y el Ejecutivo CC-PSOE reaccionó tarde y mal, con una ley que no frena los desahucios y que, como advertimos, sería recurrida por el Gobierno del PP y paralizada por el Tribunal Constitucional.

Propusimos, en su debate parlamentario, salidas más efectivas y menos recurribles que la expropiación. Entre otras, un programa de mediación entre las partes afectadas por los lanzamientos hipotecarios y por impago del alquiler. Así como el establecimiento de un fondo de ayuda de emergencia hipotecaria y al alquiler.

Entendemos que se precisa, asimismo, un ambicioso plan de vivienda, en alquiler y en propiedad, de promoción pública. Y el pago de las ayudas establecidas en el plan de Hipoteca Joven de Canarias.

A lo largo de la legislatura, NC ha realizado un esfuerzo relevante por escuchar a los sectores comprometidos en la lucha contra la pobreza (ONG, asociaciones e instituciones), que se ha traducido en un significativo número de iniciativas y propuestas en todos los planos institucionales en que tenemos presencia.

Hemos destacado la necesidad de incrementar sustancialmente el esfuerzo presupuestario para dar respuesta al deterioro socioeconómico y la fractura social que afecta a un tercio de la población canaria. Una sociedad justa y democrática no puede dejar desamparada a una parte de su población.

Plan canario contra la pobreza

Nueva Canarias ha propuesto también la formulación de un plan canario contra la pobreza. Fuimos los primeros en llevar la propuesta al Parlamento de Canarias, pero nuestra iniciativa fue rechazada. Meses después fue retomada, aunque de forma timorata y claramente insuficiente para la dimensión del problema, por los grupos que apoyan al Gobierno.

Considero que un verdadero y efectivo plan contra la pobreza debe incidir, prioritariamente, sobre los más de 47.000 hogares canarios que no perciben ningún ingreso, mediante la aprobación de una renta básica para estas familias, con políticas coordinadas y recursos del Estado, del sistema de Seguridad Social y de Canarias.

Resulta imprescindible actuar con urgencia sobre la población más desfavorecida y excluida a través de un incremento sustancial de las partidas de emergencia social. La situación que padecen muchos hombres y mujeres de esta tierra exige respuestas eficaces y ágiles, sin que se puedan justificar dilaciones de ningún tipo.

Somos conscientes de que el gran objetivo es apostar por una economía productiva, diversificada y sostenible, que genere riqueza y empleo. Pero eso no debe hacernos olvidar que hay que actuar para dignificar la vida de quienes hoy peor lo pasan. La gravedad de la situación nos lleva a exigir un verdadero plan canario por el empleo y contra la pobreza, con participación de la Unión Europea y el Gobierno del Estado y el de Canarias, dirigido a sumar el conjunto de recursos y aportaciones disponibles para formular políticas dirigidas a superar las insoportables cifras de desempleo y las elevadas tasas de pobreza.

Una de las consecuencias más visibles e inaceptables de la crisis económica y de la injusta respuesta político-institucional a la misma es el dramático incremento de la pobreza entre amplias capas de la población, lo que ha generado una desigualdad social escandalosa, asociada al profundo deterioro de las políticas de cohesión social y de protección de las personas más débiles. Es preciso intervenir de forma urgente en este ámbito. Por ello proponemos, entre otras medidas, establecer una renta básica para las familias sin ingresos.

La pobreza afecta, sobre todo, a las personas que se han quedado sin empleo y, entre ellas, de manera aún más profunda, a las que han dejado de percibir prestaciones (más de la mitad de los parados se encuentran ya en esas circunstancias), situación que seguirá incrementándose.