Sobre la cuestión nacional

Es por todos conocido que el fenómeno nacional catalán -y previsiblemente otros- se encuentra en el epicentro de la denominada eufemísticamente “cuestión territorial” del Reino de España. En estos últimos años los independentistas han crecido a ritmo de epidemia, tal es así, que, incluso, tras la últimas elecciones autonómicas asumen la mayoría en el Parlamento de Cataluña y con ello las riendas del Gobierno autonómico.

A mi entender, para poder analizar con un mínimo de criterio la cuestión nacional de cualquier nación -incluida la catalana- desde una óptica democrática resulta indispensable separar y responder a dos cuestiones bien diferenciadas: por un lado, ¿se debe permitir el derecho a la autodeterminación política cuando un pueblo así lo demande?; por otro lado, ¿qué posición se debe defender ante un referéndum de autodeterminación política de un pueblo?

Antes de comenzar a responder a ambas cuestiones y argumentar el porqué de las mismas, es preciso definir qué se entiende por autodeterminación de una nación. Tal y como indicaba Lenin: “Por autodeterminación de las naciones se entiende su separación como Estado de las colectividades nacionales extrañas, se entiende la formación del Estado nacional independiente”.

Aclarado esto, la respuesta a la primera cuestión es “Sí” en todo caso y, en mi opinión, Cataluña es un claro ejemplo de la importancia de reconocer tal derecho. Entre los múltiples argumentos que sostienen tal afirmación cabe destacar:

Primero, simplemente por estar a favor de que la solución del problema nacional catalán debe realizarse por la masa de su población, es decir, por sustentar el punto de vista de la democracia. Aquí conviene recordar que la inmensa mayoría de los ciudadanos de Cataluña están a favor de un referéndum de autodeterminación.

A aquellos que defienden la tesis de que lo democrático sería que la solución al problema catalán se decidiera votando todos los españoles, me gustaría preguntarles qué les parecería si ante cualquier problema nacional español que se llevase a referéndum también votaran, por ejemplo, los belgas, pues todos somos parte de la Unión Europea. Una tesis sencillamente ridícula, que no merece la menor atención.

Es más, ya hubo en España un precedente análogo en lo que se refiere al ámbito del voto en un tema que afectaba a todos los españoles -pero a unos más que a otros-, el Referéndum sobre la iniciativa del proceso autonómico de Andalucía celebrado en 1980. En él se votaba la forma de canalizar la iniciativa autonómica de Andalucía, si se realizaba por la vía del art.151 de la CE o por el art.143 y por supuesto, como no podía ser de otra manera, solo fueron llamados a las urnas los andaluces.

Segundo, porque como señalaba Lenin: “El reconocimiento del derecho a la separación reduce el peligro de la disgregación del Estado”. Esta tesis es de una racionalidad aplastante. Al reconocer el derecho a la separación de una nación se incrementan las libertades de la misma, lo cual conlleva a que se estrechan los lazos de unión con el país del que pretende su separación, aspecto que finalmente hace que se aminore el riesgo de la disgregación del Estado. Así, es lógico pensar que mientras mayores sean las libertades reconocidas de los catalanes -y no hay mayor libertad para una nación que la libertad de separación-, tanto más estrechos serán sus vínculos con el resto de España y menor será el peligro de disgregación del Estado tal y como lo conocemos.

Resulta hasta perezoso tener que aclararles a los que nos acusan de poner en riesgo la unidad del Reino de España, por estar a favor del derecho a la autodeterminación, de que es justamente al revés, reconociendo ese derecho fortalecemos tal unidad. Ese planteamiento es igual que decir que los que somos partidarios del derecho al divorcio, estamos fomentando la disgregación de la familia. Otro sinsentido ante el que no merece la pena detenerse.

La respuesta al segundo interrogante ya no es absoluta, requiere de un análisis específico y pormenorizado del caso de estudio. En el asunto de Cataluña si se analiza el momento histórico en el que nos encontramos, el marco en el que se propone y los factores socio económicos que se entrelazan, en mi opinión, la posición a defender sería el “No” a la separación o, dicho de otra manera, la posición a defender sería la de la unidad libre de los catalanes con el resto de españoles. Tal decisión la fundamento en dos argumentos principales:

En primer término, porque entiendo que es desde esa unidad y esa fusión la única o, cuanto menos, la mejor manera de salvaguardar la democracia, proteger y recuperar el estado social y de derecho, luchar contra la corrupción, defender los intereses de las clases populares frente al capital y garantizar el derecho a una vida digna para todos los españoles y para todos los catalanes.

En segundo lugar, porque en todo momento histórico como el que vivimos caracterizado por un sistema capitalista consolidado, las clases sociales se dividen en dos grandes bloques -sin perjuicio de la existencia de capas intermedias- que expresan dos políticas ante el problema nacional: “Nacionalismo burgués” o “Unidad Plurinacional Democrática” y, desde mi punto de vista, entre estas dos consignas antagónicas e inconciliables, en el caso catalán nos encontramos en la primera.

A mi parecer, detrás de este fenómeno nacional se encuentra fundamentalmente la burguesía catalana y sus voceros políticos que están haciendo sus reaccionarios y sucios trapicheos en nombre de la cultura nacional catalana. Opino que su apoyo a la independencia se sustenta en su afán por tapar la corrupción insertada en el sistema socio económico catalán, como lo está la médula espinal en el cuerpo humano. En sus sueños está una Cataluña independiente que se asemeje a un campo abierto fértil donde poder hacer sus tejemanejes con total impunidad.

En conclusión, a mi juicio, solo hay una solución al problema nacional catalán y esa solución pasa por realizar el referéndum o, lo que es lo mismo, por defender “la democracia consecuente que proclame, formule y lleve a la práctica este derecho sin el cual no existe el camino hacia un pleno y voluntario acercamiento y fusión de las naciones” como advertía Lenin.

Es por todos conocido que el fenómeno nacional catalán -y previsiblemente otros- se encuentra en el epicentro de la denominada eufemísticamente “cuestión territorial” del Reino de España. En estos últimos años los independentistas han crecido a ritmo de epidemia, tal es así, que, incluso, tras la últimas elecciones autonómicas asumen la mayoría en el Parlamento de Cataluña y con ello las riendas del Gobierno autonómico.

A mi entender, para poder analizar con un mínimo de criterio la cuestión nacional de cualquier nación -incluida la catalana- desde una óptica democrática resulta indispensable separar y responder a dos cuestiones bien diferenciadas: por un lado, ¿se debe permitir el derecho a la autodeterminación política cuando un pueblo así lo demande?; por otro lado, ¿qué posición se debe defender ante un referéndum de autodeterminación política de un pueblo?