El parque cultural Viera y Clavijo. Una patología crónica

Vemos recién publicadas declaraciones rimbombantes y llamativos titulares ensalzando una brillante gestión del patrimonio en general y de este buque insignia de la desidia municipal en particular.

Ahora sucede que, tras la antepenúltima promesa de la rehabilitación inminente de este BIC (Bien de Interés Cultural, declarado Monumento), para empezar a pensar en la redacción y readaptación de un nuevo proyecto (documento que iba a costar 600.000 €… ahora ya solo son 400.000) hay que esperar sine die hasta que sea firme la sentencia que condena al Gobierno de Canarias a pagar 10 millones de euros por incumplimiento del convenio de cesión (año 2004, addenda 2006) del Ayuntamiento para su conservación, mantenimiento y usufructo de sus instalaciones. Compromisos firmados que nunca se ejecutaron.

Así contado parece una bagatela, otra más, de las que asuelan nuestro paisaje urbano. Sin más importancia que la inoperancia habitual de las Instituciones embadurnadas por una burocracia espesa y de la profusión de competencias sobre una misma área; la que favorece la elusión de responsabilidades y “la casa sin barrer” por aquello de “No. Esto no es cosa mía. Le corresponde al otro…”.

Pero el tema es mucho más grave de lo que se pretende transmitir a la opinión pública desde las instancias más comprometidas, a través de los medios más afines. Especialmente si nos hallamos en zona de campaña electoral. Pero quienes estamos implicados en la reivindicación de rescatar este enclave, histórico y cultural, desde la “participación ciudadana” no podemos ni debemos dejarnos engañar por manipulaciones propagandísticas ni discursos tendenciosos.

Hubo en su día un elevado riesgo de implicaciones penales ante el intento doloso de demolición de una parte del BIC, que esta Asociación consiguió evitar mediante la intervención de Fiscalía que, a su vez, se apoyó en la investigación e informe del SEPRONA. En el auto de archivo de la denuncia, puesto que no se había consumado el presunto delito, se advertía a los potenciales infractores, de los artículos del Código Penal que afectan al tratamiento que las Autoridades deben aplicar al Patrimonio, y de las penas de cárcel e inhabilitación según la entidad del destrozo cometido.

Nos encontramos ante una situación que sigue mereciendo un seguimiento y una atención muy específica por parte de Fiscalía, cuya intervención en su día evitó un desastre y dejó la puerta abierta para actuar de nuevo en un futuro si procediera.

El flagrante incumplimiento del convenio de cesión por parte de la Consejería de Cultura de entonces, fue acompañado de un abandono intencionado de los valiosos inmuebles, edificios neogóticos de 1902 (Colegio de La Asunción, Capilla, teatro Pérez Minik…), de la destrucción intencionada de algunas partes y del sellado de puertas y ventanas, contraindicado para la conservación de cualquier inmueble.

Esta reprobable actitud del Gobierno de Canarias contra uno de los elementos señeros del Patrimonio Histórico de Santa Cruz, tiene un nombre y está definido en el mismo Código Penal antes aludido. Se llama “Expolio de Patrimonio por la Administración”.

El Excmo. Sr. Alcalde, a partir de la presión ciudadana, se limitó a presentar un Contencioso Administrativo, como para salir del paso; cuya tardía resolución determina lo de los 10 millones de €; cuando lo que correspondía era la vía penal para exigir, no solo la cuantía del incumplimiento, sino la resolución del convenio incumplido, no sustituirlo por otro ante la evidente falta de fiabilidad, y reclamar los daños y perjuicios inferidos a esta maltratada ciudadanía; cuyos derechos fundamentales se han visto vulnerados y superados, una vez más, por los intereses de partido.

Lo que entonces pudo considerarse un juicio temerario por sospechar que se tratase de una operación especulativa sobre un privilegiado espacio de 33.000 m2 en el centro de la capital, pasados los años y a la vista de que no se ha hecho nada al respecto, de que el tiempo corre en contra de la urgente rehabilitación, de que las intencionadas demoras pueden determinar el punto de hacerla inviable (como sucedió con el Balneario o la cantinela de rescatar El Toscal), ante la complacencia actual de los responsables y la poca prisa que manifiestan ante un caso de perentoria urgencia, los indicios de especulación urbanística siguen tomando forma incuestionable.

Fiscalía tiene un magnífico motivo para prestar otra vez un gran servicio al pueblo. Podría empezar por cómo se gestó la operación económica de cancelación (año 2007) de las obras de rehabilitación que no se ejecutaron (por las que, además, al parecer, hubo que indemnizar a la empresa contratada con cantidades millonarias).

Los ciudadanos gozamos de gran un privilegio: las hemerotecas. Que a su vez, son un peligro para quienes dicen “diego” cuando antes dijeron “digo”.

Nos veremos en las urnas… Esperemos que para entonces no tengamos aquí otro caso Balneario… o El Toscal… o Templo Masónico… o Miraflores… o Palacio de Carta…

La indignación me induce una pregunta venenosa: Esto, en Las Palmas, ¿estaría pasando?

Este artículo ha sido publicado en el Blog www.elrincondelbonzo.blogspot.com

Vemos recién publicadas declaraciones rimbombantes y llamativos titulares ensalzando una brillante gestión del patrimonio en general y de este buque insignia de la desidia municipal en particular.

Ahora sucede que, tras la antepenúltima promesa de la rehabilitación inminente de este BIC (Bien de Interés Cultural, declarado Monumento), para empezar a pensar en la redacción y readaptación de un nuevo proyecto (documento que iba a costar 600.000 €… ahora ya solo son 400.000) hay que esperar sine die hasta que sea firme la sentencia que condena al Gobierno de Canarias a pagar 10 millones de euros por incumplimiento del convenio de cesión (año 2004, addenda 2006) del Ayuntamiento para su conservación, mantenimiento y usufructo de sus instalaciones. Compromisos firmados que nunca se ejecutaron.