La carta de Pedro Sánchez al Rey de Marruecos ha desencadenado ríos de tinta, reacciones airadas, pronunciamientos institucionales de todo tipo…, provenientes en muchos casos de personas y colectivos identificados con la causa de la libre determinación del pueblo saharaui. En otros, simplemente como instrumento –uno más- para desgastar al Gobierno.
Muchos discursos, hasta en el ámbito de las Cortes Generales, se refieren genéricamente a las resoluciones de la ONU y las despachan en una sola línea, sin pararse lo más mínimo a analizar su contenido y los cambios que se han producido con el paso de los años. Más acá, en Canarias, la respuesta más indignada ha provenido desde los ámbitos de Nueva Canarias y de Unidas Podemos, muchos de cuyos dirigentes y militantes han mantenido desde siempre un compromiso honesto e intenso con la causa saharaui y unas relaciones muy estrechas con el Frente Polisario.
Este es un contencioso de larga data que arrancó, no debemos olvidarlo, en plena Guerra Fría, la época en la que las dos grandes potencias se enfrentaban en todo tipo de conflictos en el tablero del mundo en su pugna por la hegemonía.
Porque ese escenario y los alineamientos que adoptaron Marruecos y el Frente Polisario han condicionado desde entonces el devenir del territorio y de la población saharaui. Fue muy explícito H. Kissinger, secretario de Estado norteamericano, cuando expresó “nuestros intereses estarían mejor servidos por una división marroquí-mauritana del Sáhara que por su independencia bajo influencia argelina”.
Desde entonces, la posición estratégica de Marruecos para el bando occidental no ha hecho sino revalorizarse. El establecimiento de relaciones diplomáticas con Israel ha sido el último capítulo, con las contrapartidas de la Administración Trump que conocemos y ha fortalecido la presencia israelí en la economía marroquí y otras relaciones de cooperación entre ambos Estados que llegan hasta el campo de la tecnología militar, por lo que se va sabiendo.
En el ámbito de Naciones Unidas (N.U.) el asunto no ha estado congelado, sino que ha ido evolucionando al socaire de las circunstancias de la política internacional. En mi opinión, es a mediados de la década 2000/2010 cuando el Consejo de Seguridad empieza a aprobar resoluciones descartando la imposición de una solución política a las partes en conflicto (“principio de acción”, Capítulo VII de la Carta de N.U.) y exhortando a Marruecos y el Frente Polisario, únicas partes del contencioso desde que Argelia reiteró que no era parte del conflicto (Carta de Bouteflika al secretario General de NU, de 20 de febrero de 2006), a negociar sin condiciones previas “para lograr una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable, en que se estipulara la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental”, “habida cuenta del rechazo firme del Consejo de Seguridad a una solución no basada en en consenso”.
El consenso ha sido (y lo subraya la carta de Pedro Sánchez) la “válvula de seguridad” o “freno de emergencia” que convierte a las partes en “los únicos jueces” del contencioso (Kofi Annan, Informe 817/2006).
Y fue desde entonces cuando el propio Consejo de Seguridad valoró positivamente los esfuerzos de Marruecos, que ya proponía la autonomía del Sahara como salida ante una situación de bloqueo que, según afirmó Kofi Annan en el mismo Informe, acabaría
acostumbrando “inevitablemente” a la comunidad internacional al control marroquí sobre el territorio pendiente de descolonizar.
Fue el mismo año en el que la UE firmó, y lo subraya el propio Annan para corroborar sus apreciaciones, un acuerdo de pesca en el ámbito de las aguas territoriales frente a Marruecos, “sin excluir las aguas del Sáhara Occidental”.
El Gobierno debe orientar su política exterior a la defensa y promoción de los intereses de España, en el marco del Derecho Internacional y de los valores constitucionales que sustentan nuestro sistema de convivencia y, junto a los países comunitarios, en el de los principios que fundamentan la creación, consolidación y desarrollo de la UE (art. 3.5 y 21 del Tratado de la UE).
Es útil mencionar que, desde que España notificó a Naciones Unidas el 26 de febrero de 1976, su retirada del Sáhara y su renuncia a asumir cualquier obligación internacional sobre la administración del Territorio, no hay ninguna resolución que le dé a España trato de potencia administradora, ni le requiera el cumplimiento de las obligaciones que impone a esas potencias el artículo 73 de la Carta.
Marruecos, como cualquier otro Estado, utilizará las mismas bazas tácticas y el mismo relato nacionalista que han usado los Estados -especialmente en su fase de consolidación a lo largo y ancho de la Historia. Podemos llamarlo “chantaje” o como queramos, especialmente cuando abre y cierra la espita de la emigración; pero así sigue funcionando una realidad internacional que responde a la ley de la selva, a la hobbesiana bellum omnium contra omnes, a pesar del dificultoso progreso del Derecho Internacional.
¿Puede, especialmente desde Canarias, exigírsele al Gobierno de España que proteja nuestros intereses frente a conflictos reales o virtuales con Marruecos y demandarle al mismo tiempo que no abra una más intensa línea de diálogo y negociación con nuestro vecino? ¿Qué asuntos, y con qué límites, deben estar en la Agenda? ¿Sólo los que diga España? Y si no se intenta avanzar en el diálogo y la negociación, con los correspondientes avances y retrocesos, con un país que podrá merecernos más o menos confiabilidad a la hora de firmar y cumplir los acuerdos ¿Qué otra vía cabe para neutralizar las estrategias marroquíes? ¿La militar? ¿La misma que han propuesto algunos, desde la “invasión” migratoria de 2006 hasta la de 2020, desde Coalición Canaria a Vox, reclamando la acción de la Armada Española para frenar pateras y cayucos?
Entre las voces indignadas que se han escuchado estos días, hay muchas que reniegan de cualquier trato con una monarquía feudal o con un Estado autoritario.
Quede claro que la democracia pluralista es un ideal irrenunciable. La mejor aportación de la cultura occidental al proceso civilizatorio: libertades públicas, derechos políticos, pluralismo político e informativo, elecciones libres y periódicas y, muy especialmente, tribunales independientes. Pero la puesta en práctica de sistemas de convivencia y de gobierno basados en esos principios requiere unas condiciones previas de desarrollo económico, social y cultural, sin cuya presencia la democracia se convierte en una cáscara vacía o en un sistema impracticable. O lo que es peor, en un remedo de democracia que disfraza un sistema autoritario.
No podemos renunciar a la defensa y promoción de los derechos humanos en los cuatro puntos cardinales, ni a poner el foco de la denuncia en cualquier violación de derechos de las personas y de los pueblos que son expresión de la dignidad del ser humano y, por tanto, deben servir contrapunto y resistencia frente a los desmanes de la “razón de Estado”.
Pero tampoco convertirnos –y menos desde un país de trayectoria tan turbulenta como España- en los jueces implacables y ajenos a cualquier contextualización histórica. O dicho de otra manera: ¿con qué países y en qué momento de su recorrido histórico hay que comparar al actual Marruecos? ¿Con la España de hoy, con la de hace apenas medio siglo, con el Reino de Castilla en tiempos de Fernando El Católico, el que inspiró El Príncipe de Machiavelli? ¿Con la República de Argelia? ¿Con los regímenes políticos de los países africanos surgidos del proceso descolonizador en el último tercio del Siglo XX?
Respecto a esta cuestión, y a la vista de las valoraciones del flamante nuevo líder del PP, no puedo no reproducir el texto de la Declaración Conjunta Hispano Marroquí, emitida al finalizar la XI Reunión de Alto Nivel, celebrada por invitación de don Mariano Rajoy, Madrid 5 de junio de 2015: “España ha reiterado su enorme aprecio por la dinámica de reforma, de apertura y progreso que ha emprendido Marruecos bajo la égidas de S.M. Mohamed VI. España también alaba el modelo democrático marroquí, singular en la región, que se articula en torno a la tolerancia, la apertura y la libertad”. Con Feijóo o con Casado, el mismo PP de siempre.
En todo caso, es la propia Carta de Naciones Unidas la que alienta desde su frontispicio a “desarrollar la cooperación pacífica entre las naciones, sean cuales fueren sus regímenes constitucionales y sociales”.
Santiago Pérez, senador en representación de Canarias (PSC-PSOE), abril de 2022.