Declaración sobre el copago educativo

Hace pocos días el Ministerio de Educación planteó la conveniencia de abrir un “debate razonable” sobre la introducción del copago educativo en los niveles de la enseñanza no obligatoria. A la vista de lo que ha hecho su Gobierno en materia de copago en Sanidad, considero que no estaría nada mal prevenir antes de que nos cuelen un nuevo virus para complicarnos aún más las cosas. Para ello, sería bueno atajar desde los primeros síntomas esa nueva pretensión y manifestar nuestra firme oposición a la misma.

Por mi parte, nunca rechazaré de entrada un debate que se plantee en términos razonables y sinceros, pero lo que nos están tratando de colocar ahora en nuestro país y para su sistema educativo tiene muy poco de ello. Se trata de la vieja pretensión del conservadurismo radical de corte anglosajón cuyo rancio fondo clasista tiene ya bastantes lustros. Que se lo pregunten al ex Presidente Clinton, que lo vivió en propias carnes en su etapa de Gobernador de Arkansas. La derecha neocons, que se incrustaba en el republicanismo a pasos agigantados, le cuestionó la financiación para el sistema educativo público en su Estado. No lo lograron y ello permitió a Arkansas pasar de ser uno de los peores Estados en materia educativa a convertirse en uno de los mejores referentes de la misma en los Estados Unidos.

Un nuevo intento para socavar la igualdad de oportunidades

La sociedad española concibe la educación como un derecho esencial, cuyo ejercicio efectivo deben garantizar los poderes públicos mediante un adecuado sistema impositivo. Esta concepción, que forma parte del consenso constitucional, no puede ni debe ser puesta en duda aprovechando las dificultades que están pasando las familias como consecuencia de la crisis económica. Un eficaz sistema impositivo debe garantizar la prestación de aquellos servicios públicos que permiten hacer efectivos los derechos básicos de todos los ciudadanos. Desde el momento en que se modifica el sistema impositivo, reduciendo la contribución de las empresas o de las familias con mayores rentas, no sólo se crea una grave injusticia sino que se corre el riesgo de hacer insostenibles los servicios públicos.

El derecho a la educación supone obligaciones para las administraciones públicas que deben atender mediante una financiación adecuada del sistema educativo. Por eso, consideramos injusto que se pretenda modificar el sistema impositivo reduciendo los impuestos para las mayores rentas y, simultáneamente, se obligue a las familias a pagar dos veces por el servicio educativo o se favorezca el negocio particular a costa de los Centros públicos.

¿Qué persigue esta derecha del PP?

Queremos recordar que esta legislatura se inicia con un recorte de 9.000 millones de euros de inversión en el sistema educativo. El gobierno del PP empieza a comprobar que con este recorte el servicio público de la educación no es sostenible y busca otras vías que no le obliguen a rectificar. El PP prefiere que las familias paguen dos veces por el mismo servicio educativo antes que reconocer su error.

La iniciativa del Ministro surge en el marco de un Informe sobre la reforma tributaria que no compartimos y en el cual se pretende que las familias españolas paguen doblemente por unos servicios esenciales que permiten el ejercicio efectivo de derechos esenciales. Este sencillo razonamiento se opone al principio que orienta la reforma fiscal que propone el PP: pagar por los beneficios privados que cada uno recibe de la administración. Este principio, que ya viene orientando, como hemos señalado, las reformas neoliberales en los países anglosajones ha contribuido decisivamente al aumento de la desigualdad. Se fundamenta en el principio de que el hecho de recibir la prestación educativa con fondos públicos supone un beneficio privado para el estudiante y, por lo tanto, debe pagar directamente por ella. Sustituyen así el principio de un derecho fundamental por el de un beneficio privado.

Nuestra conclusión después de las razones expuestas es la siguiente: son el Partido Popular y su ministro los que deben reflexionar sobre la injusticia que supone modificar el sistema impositivo actual para hacer insostenible el sistema educativo y provocar que las familias paguen doblemente por el ejercicio efectivo de un derecho que la educación garantiza a todos.

Por todo ello, el Gobierno de Canarias ha manifestado su rotunda oposición al intento de introducir un nuevo sistema de copago educativo. Rechazáremos su introducción en la educación española y, en cualquier caso, impediremos su implantación en nuestra Comunidad.